El Fiscal General Tarek William Saab, el canciller Jorge Arreaza y el Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, realizaron la presentación conjunta del informe denominado “La Verdad de Venezuela Contra la Infamia del Grupo de Lima”, en el cual se presenta un balance de la situación real de los derechos humanos en el país.
Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal explicó que el texto “ha sido trabajado por activistas de derechos humanos sobre el terreno, no por personas pagadas desde afuera, y las instituciones del Estado que cumplen con el mandato constitucional de trabajar ante el sistema de justicia cualquier acción que atente contra los derechos humanos de los venezolanos y buscar su ejemplar sanción”.
En tal sentido, Saab consideró que “este informe era necesario porque da para otras narrativas con base en la realidad, en acciones judiciales como imputaciones, acusaciones, sentencias definitivamente firmes en contra de violadores de derechos humanos que en Venezuela nunca tendrán aliado alguno. Contra ellos va todo el peso de la ley”.
«Los organismos internacionales que vigilan los derechos humanos en el mundo son de carácater subsidiado y complementario. Es decir, no pueden sustituir de facto a las instituciones de cada nación. Somos nosotros, el Ministerio Público y los organismos competentes los que tenemos la responsabilidad de investigar y sancionar». Tarek W. Saab, Fiscal General
Trabajo institucional
Por tal motivo, reiteró que desde el órgano garante de la legalidad en el país se trabaja de forma conjunta con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU); relación bilateral que fue renovada por un año más entre la citada instancia y el Estado venezolano.
A su vez, consideró que el trabajo hecho por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en el territorio venezolano tiene como objetivo dinamitar e implosionar el trabajo que realizada la Oficina de la Alta Comisiona de las ONU en nuestro país. “Nos parece una total descortesía porque contradice los principios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos”.
Finalmente, destacó que las cifras presentadas por el Ministerio Público en el informe elaborado conjuntamente, hablan por sí solas y son el reflejo de un sistema de justicia que investiga y sanciona con severidad las violaciones a los derechos humanos.
Trabajo interinstitucional
Por su parte, el canciller de la República, Jorge Arreaza, explicó que el trabajo conjunto con la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos demuestra la invalidez del informe de determinación de hechos. “No es un informe de Naciones Unidas porque ninguna instancia ha votado para aprobar dicho texto”, acotó al respecto.
De igual forma, pidió a los medios de comunicación mayor rigurosidad en el tratamiento informativo relacionado con la temática.
Informe sesgado
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, explicó que el informe conjunto que se estaba presentando recoge “propuestas y recomendaciones que presentan todas las instituciones del Estado” en función de garantizar el respeto a las garantías fundamentales por parte del Estado venezolano.
En su opinión, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos presentado la semana pasada “es muy sesgado, utiliza los derechos humanos para destruir a la instituciones internacionales. Es un texto mercenario que no verificó información con las instituciones”, concluyo Ruiz.
Se espera que el informe sea presentado en las próximas horas al Presidente de la República, y en los días siguientes al Secretario General de la ONU, la Unión Europea, embajadores venezolanos en otras naciones y al embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (Venepress)
