Ante los recientes rumores sobre presuntos traslados o liberaciones de personas detenidas por motivos políticos en el centro de reclusión del Helicoide, diversas voces defensoras de los derechos humanos han salido al paso para desmentir versiones no confirmadas y exigir claridad institucional.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, aclaró en sus redes sociales que “no hay ningún traslado o situación distinta en el centro de reclusión de presos políticos que existe en el Helicoide. Todo igual”.
Enfatizó que, si bien en ese recinto coexisten otras entidades como la Policía Nacional Bolivariana (PNB), estas “no tienen que ver con presos políticos” y que, en todo caso, “supuestamente hay alguna mudanza de la PNB”.
En la misma línea, la organización Justicia Encuentro y Perdón (JEP) emitió un comunicado en el que instó a la ciudadanía a “mantener la calma y evitar difundir información no confirmada”. A las autoridades penitenciarias les exigió que “cualquier decisión relacionada con estas personas se adopte de manera transparente y con información veraz y oportuna, cumpliendo con el deber de informar a sus familiares y evitando generar angustia, incertidumbre y sufrimiento innecesario”.
La organización también reiteró su exigencia de liberar a todas las personas detenidas por razones políticas, rechazando cualquier intento de trasladarlas a otros centros de detención que implique “medidas revictimizantes”.
A su vez, subrayó que “la obligación es respetar los derechos humanos para todas las personas detenidas por razones políticas, sin distinción”.
Prisión política en Venezuela supera mil casos
Según los registros de JEP, así como los de otras organizaciones que monitorean la situación carcelaria en Venezuela, el número de personas privadas de libertad por motivos políticos continúa siendo alarmante, “con cifras que superan ampliamente el umbral de mil casos en todo el país”. Esta realidad, advierten, refleja “un panorama complejo con una persistente desinformación que genera confusión, preocupación y temor en amplios sectores de la sociedad”.
La organización reafirmó su compromiso de vigilancia y denuncia ante cualquier violación a los derechos fundamentales de estas personas y sus familias.
Además, hizo un llamado a las autoridades a asumir con responsabilidad su rol institucional, recordando que “estamos frente a la posibilidad de avanzar hacia procesos de transición que conduzcan a una verdadera redemocratización en Venezuela”. En ese sentido, instó a colocar “la protección de la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y la consideración del impacto humano de cada decisión adoptada” como ejes centrales de toda actuación, especialmente en contextos de tensión e incertidumbre.
Este martes, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, expresó su intención de cerrar ciertos centros de reclusión, argumentando preocupaciones sobre su funcionamiento y condiciones. (EN)
