El Ministerio Público confirmó este jueves el inicio de una investigación penal para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, de 52 años de edad, quien permanecía bajo custodia del Estado en el Centro Penitenciario Rodeo I desde enero de 2025.
De acuerdo con un comunicado en redes sociales, la medida, ejecutada a través de la Fiscalía 80 Nacional con competencia en Derechos Humanos, busca determinar las causas de un deceso sobre el cual se guardó hermetismo durante meses, en medio de denuncias de desaparición forzada formuladas por la madre de la víctima, Carmen Navas, de 81 años de edad, y defensores de derechos humanos.
Como parte fundamental de las diligencias para asegurar la transparencia del proceso, el organismo ordenó la exhumación del cadáver bajo los protocolos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Este procedimiento contará con la participación de expertos forenses adscritos a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, indica el comunicado.
En abril de 2026 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de Quero Navas, ante la falta de fe de vida y la negativa de las autoridades penitenciarias de ofrecer información precisa a su madre, Carmen Navas, sobre su paradero.
Aunque informes recientes del Ministerio para el Servicio Penitenciario sugieren que el ciudadano falleció en julio de 2025 por complicaciones de salud en un centro hospitalario, Justicia, Encuentro y Perdón, así como otras organizaciones, denuncian irregularidades.
«Basta de impunidad»: las reacciones
La confirmación de la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado venezolano generó reacciones de dirigentes políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigieron investigar el caso y establecer responsabilidades.
Edmundo González Urrutia denunció que Quero fue detenido el 3 de enero de 2025 y murió el 24 de julio del mismo año en el Hospital Militar Carlos Señaló que las autoridades notificaron a la familia meses después del fallecimiento y que el cuerpo fue sepultado sin informar a la madre, Carmen Teresa Navas.
El partido socialcristiano Copei manifestó: “Exigimos una inmediata investigación sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero, que según la información que emiten hoy, falleció hace más de 9 meses bajo custodia del Estado”.
Primero Justicia indicó que el gobierno venezolano admitió el fallecimiento dos días después de que se negara una amnistía para Quero. La organización sostuvo que el detenido habría muerto “hace 10 meses y 13 días” antes de que se emitiera la notificación oficial.
Destacó que Carmen Navas de Quero recorrió centros de detención buscando información sobre el paradero de su hijo, sin recibir respuestas.
La dirigente política Delsa Solórzano afirmó que el comunicado oficial reconoce que Quero “fue detenido el 3 de enero de 2025, recluido en el Internado Judicial Rodeo I, trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo el 15 de julio de 2025 y fallecido el 24 de julio de 2025”.
Solórzano citó el artículo 43 de la Constitución y recordó que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”, y subrayó que esa protección “no es una formalidad». «Es una obligación constitucional directa”.
Añadió que la responsabilidad estatal “comprende la garantía de su vida, su integridad personal, su salud, el debido proceso y la información oportuna a sus familiares”.
La dirigente sostuvo que “si durante meses la familia no tuvo información cierta sobre su paradero, sí acudió a instituciones sin recibir respuesta efectiva, y si hoy se reconoce oficialmente que había fallecido desde julio de 2025, estamos ante hechos que exigen una investigación seria, independiente y transparente”.
“No basta un comunicado”, expresó Solórzano. Pidió que se entregue a la familia “todos los documentos médicos, penitenciarios, judiciales y administrativos relacionados con su detención, traslado, atención hospitalaria, fallecimiento e inhumación”.
Exigió asimismo que “deben determinarse responsabilidades” y que “debe garantizarse la verdad”.
“La vida de un privado de libertad no puede quedar diluida en el silencio institucional. Víctor Hugo Quero, su madre y su familia merecen verdad, justicia y reparación”, concluyó.
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, contradijo la versión del Ministerio Penitenciario, que argumentó que no se informó a los familiares por falta de datos sobre vínculos filiatorios. Sostuvo que la madre del detenido acudió en diversas ocasiones al centro de reclusión Rodeo I, donde las autoridades negaron que Quero estuviera allí.
El abogado calificó la situación de desaparición ocurrida mientras la persona se encontraba bajo custodia del Estado.
Marcos Velazco, dirigente nacional de Vente Venezuela, exigió el fin de la impunidad y que se asuman las consecuencias legales por el fallecimiento del detenido.
La organización se sumó a la demanda de justicia para la familia de la víctima. “Basta de impunidad”, dijo.
Las denuncias en torno al caso coincidieron en la condena a la falta de transparencia sobre el paradero y las condiciones de salud del preso político. Reiteraron que la madre de Quero Navas acudió a los organismos correspondientes para obtener fe de vida, pero nunca recibió respuesta. (EN)
