El Ministerio Público de Bolivia solicitó 20 años de prisión para el ex presidente Evo Morales por el delito de trata de personas agravado, tras acusarlo de haber mantenido una relación con una menor de edad cuando aún ejercía la presidencia.
La resolución judicial adoptó mayor rigor luego de que Morales y la madre de la presunta víctima se ausentaron de la audiencia en Tarija, lo que motivó al tribunal a declarar a ambos en rebeldía y emitir órdenes de búsqueda y captura.
“No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho Procesal. Ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia”, publicó el ex mandatario ayer en sus redes sociales, ante su ausencia.
Las autoridades judiciales fundamentaron la acusación en hechos ocurridos en 2015, cuando la joven, con 16 años, habría iniciado la relación con Morales, lo que derivó en el nacimiento de una hija.
La Fiscalía presentó pruebas y sostuvo que los padres de la joven entregaron a la menor al jefe de Estado a cambio de favores políticos y beneficios económicos.
“Si un juez o un tribunal permite que un juicio avance sin resolver los incidentes pendientes, corre el riesgo de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho, pudiendo la defensa de un denunciado presentar acciones constitucionales y una denuncia penal por prevaricato contra los administradores de justicia”, agregó el ex presidente.
A pesar de la orden judicial, Morales permaneció en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, donde recibió protección de sus seguidores y evitó la detención durante más de 18 meses. Esto impidió que la Policía cumpliera la orden, mientras Morales rechazó todas las citaciones judiciales y argumentó que el caso respondía a motivaciones políticas impulsadas por sus adversarios.
En octubre del año pasado, el Ministerio Público formalizó la acusación contra el ex mandatario y la Fiscalía de Tarija confirmó que incorporó al expediente más de 170 pruebas en su contra para el juicio oral, incluyendo 39 testimonios de testigos.
La defensa de Morales presentó una declaración de la presunta víctima, quien negó haber sido parte de una red de trata, buscando con ese testimonio la suspensión temporal del juicio. El tribunal mantuvo la orden de detención y confirmó las restricciones sobre los bienes y movimientos migratorios de los acusados.
La causa judicial coincidió con protestas y bloqueos en diferentes regiones del país por críticas al gobierno actual por las políticas económicas. Se registraron conflictos en las principales rutas hacia La Paz, impulsados por sectores opositores y apoyados por seguidores del Movimiento al Socialismo.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, responsabilizó a grupos leales a Morales por los bloqueos y denunció el uso de recursos económicos para movilizar a los manifestantes.
Por su parte, el vicepresidente Edman Lara, enfrentado políticamente con el presidente Paz, exigió acciones inmediatas del gabinete y de la Policía para ejecutar la orden de detención contra el exmandatario. (Con información de EFE)
Evo Morales detrás de los bloqueos y conflictos en el país
El Gobierno de Rodrigo Paz responsabilizó al expresidente Evo Morales (2006-2019) de promover las movilizaciones en su contra, en medio de la escalada de conflictos sociales que atraviesa Bolivia desde hace un par de semanas.
Este lunes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció en conferencia de prensa que las manifestaciones son financiadas desde el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales en el centro del país. “Quieren salir a bloquear sin ninguna propuesta, sin ningún planteamiento; es para que caiga el gobierno (…) viene del Trópico, están moviendo con plata a la gente”, afirmó Oviedo.
Morales no hizo referencia directa a estas acusaciones, pero junto a sus seguidores determinó iniciar este martes una marcha a La Paz desde la localidad andina de Caracollo, distante a 190 kilómetros de la sede de Gobierno, para protestar contra el gobierno al que acusan de pretender “entregar” los recursos naturales y “someter al país a los fondos buitre y las privatizaciones”, según escribió el expresidente en su cuenta de X.
Bolivia atraviesa un periodo de conflictividad social y la acumulación de varios frentes de conflicto por demandas sectoriales, entre ellas las de los indígenas de la región amazónica que realizan una vigilia en La Paz para exigir la abrogación de una ley de conversión de tierras y la de los maestros, que entraron en huelga para pedir incremento salarial e ítems laborales, y realizan bloqueos en diferentes puntos del departamento de Santa Cruz.
A estos reclamos se suma el de los campesinos de La Paz, representados en la Federación Túpac Katari, que organizaron bloqueos “indefinidos” sin más demandas que exigir la renuncia del presidente y lograron el respaldo en su demanda de organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos, que tienen capacidad de movilización y que históricamente han ejercido presión en la toma de decisiones gubernamentales.
El lunes, estas dos organizaciones se comprometieron a no firmar acuerdos con el Gobierno y “estar al lado del pueblo hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz”. De igual manera, expresaron su rechazo a un paquete de diez leyes que el Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa —entre ellas la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minería— orientadas a reactivar la economía y reducir el centralismo estatal.
En este marco de tensión, el lunes hubo movilizaciones en La Paz, El Alto y Cochabamba y se registraron más de 30 puntos de bloqueo en carreteras, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, donde los medios locales reportan pérdidas millonarias y escasez de algunos alimentos de la canasta básica.
El ministro de Obras Públicas y brazo derecho del presidente Paz, Mauricio Zamora, calificó algunas movilizaciones como actos de “conspiración” contra el Gobierno y descartó la renuncia del primer mandatario.
“El Presidente no va a renunciar. ¿Qué quieren, sacarlo por la fuerza? Una medida antidemocrática. Esto es conspiración”, afirmó el lunes ante los medios. “Estamos cansados de que unos pocos quieran bloquearnos y desestabilizar al Gobierno con fines políticos. (…) La solución no es una ley antibloqueo, la solución es que nos unamos la mayoría y no nos dejemos llevar por unos pocos que tienen intereses políticos”, agregó el funcionario. (Infobae)
