Más de 50.000 docentes en Venezuela habrían quedado sin pago tras la suspensión de sus nóminas por parte del Ministerio de Educación, según denunció este miércoles la Federación Venezolana de Maestros (FVM), que calificó la medida como un acto de “acoso” y “persecución” contra el gremio.
La presidenta de la organización, Carmen Teresa Márquez, advirtió durante una entrevista para VPI que la situación impacta especialmente a maestros jubilados en condiciones vulnerables, incluyendo personas con discapacidad o enfermedades graves, quienes ahora no cuentan con ingresos para cubrir gastos esenciales como alimentación o tratamientos médicos.
A su vez, cuestionó la decisión en un contexto donde, afirmó, el sistema educativo enfrenta una fuerte escasez de personal. De acuerdo con sus estimaciones, el país registra un déficit cercano a los 250.000 docentes.
“Han ingresado muchos bachilleres que realmente no están graduados. Existe un déficit por la diáspora, debido a la cantidad de maestros que se han ido del país. Muchos maestros hacen falta, sobre todo en áreas críticas como matemáticas, física y química. Los muchachos salen sin escuchar esos conocimientos y llegan muchas veces con problemas a las universidades”, agregó.
Docentes exigen ajuste salarial acorde al costo de vida
Márquez también puso el foco en el rezago salarial del sector y sostuvo que cualquier ajuste debe responder al costo real de la vida. En ese sentido, señaló que el ingreso docente debería calcularse con base en la canasta básica alimentaria, estimada en 692,32 dólares según cifras del Cendas-FVM correspondientes al 18 de abril.
Frente a este escenario, la FVM evalúa la posibilidad de intensificar las acciones de protesta. Entre las opciones, no descartan convocar un paro nacional y sumarse a la iniciativa impulsada por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), que promueve movilizaciones en distintas casas de estudio públicas.
Y agregó: “Debe ser salario, tenemos cuatro años sin un aumento salarial desde el año 2022. El gobierno ha violentado eso, la Constitución es muy clara en su artículo 91 (…) Nosotros exigimos la pronta discusión de la convención colectiva y debemos cerrar la discusión”. (EN)
