El Buró Federal de Investigaciones en Miami, FBI Miami, afirmó que la condena contra el excongresista David Rivera envía un mensaje “claro y poderoso” sobre la defensa de los procesos democráticos frente a intereses extranjeros.
En un pronunciamiento compartido en redes scoales, el agente especial a cargo, SAC Skiles, subrayó que ni el uso de lenguaje codificado ni la posición de los implicados impiden que las autoridades identifiquen y procesen a quienes actúan encubiertamente en beneficio de otros gobiernos.
Rivera fue hallado culpable por actuar como agente no registrado de Venezuela, en violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, en el marco de un contrato valorado en 50 millones de dólares.
Un esquema de lobby encubierto y lavado de dinero
El veredicto, emitido tras un juicio de siete semanas, también alcanzó a Esther Nuhfer, socia del excongresista de Miami, quien fue declarada culpable de todos los cargos, incluyendo conspiración para cometer lavado de dinero.
Según la acusación, ambos desarrollaron una campaña secreta de cabildeo durante la primera administración de Donald Trump, con el objetivo de influir en la política de Washington hacia Venezuela.
El caso expuso el uso de sistemas de comunicación cifrada y mecanismos financieros destinados a ocultar el origen y destino de los fondos, así como su utilización para fines personales y políticos.
La investigación reveló que Rivera habría sido contactado por Delcy Rodríguez, entonces canciller, para aprovechar sus conexiones dentro del Partido Republicano y tratar de suavizar las sanciones impuestas contra Venezuela.
Como parte de la estrategia, los fiscales sostuvieron que figuras como Marco Rubio y el congresista Pete Sessions fueron utilizados sin conocer el trasfondo de las gestiones, en lo que la acusación describió como una operación encubierta de influencia.
Asimismo, se señaló la participación del empresario Raúl Gorrín como intermediario clave en el esquema.
Detención del excongresista de Miami David Rivera
Tras conocerse el fallo, la jueza Melissa Damian ordenó la detención inmediata de Rivera, al considerar que existe riesgo de fuga debido a su acceso a recursos económicos y la posibilidad de enfrentar una pena prolongada, además de otros cargos pendientes.
Durante el proceso, la fiscalía argumentó que los acusados actuaron motivados por beneficios económicos, sin considerar el origen de los fondos.
El caso, según reportes judiciales, ofrece una mirada al papel de Miami como centro de operaciones para campañas de influencia extranjera, especialmente en asuntos relacionados con América Latina y el entorno político del exilio venezolano.
La acusación formal, presentada en 2022, sostiene que Rivera ocultó deliberadamente sus actividades para preservar su imagen pública, lo que agravó los cargos en su contra.
El comunicado del FBI enfatiza que la agencia continuará investigando a quienes intenten operar en la sombra para beneficiar a gobiernos extranjeros, en detrimento de la confianza pública en el sistema democrático estadounidense. (EN)
