El consultor jurídico del Parlamento, Jesús María Casal, advierte que la inmunidad parlamentaria de 106 diputados está en riesgo por órdenes del tribunal
El consultor jurídico de la AN, Jesús María Casal, afirma que la sentencia 7 del TSJ, en la que se declara inadmisible el abandono de cargo del presidente Maduro, tiene graves implicaciones porque somete a los parlamentarios a un estado de indefensión jurídica, mientras que el diputado Stalin González, jefe de bancada de la Unidad, señala que la resolución en la que se fijan los criterios para ese procedimiento, implica una nueva acción para el desmantelamiento del Parlamento.
“El fallo del TSJ abre una ruta inconstitucional y nociva para la democracia”, advierte Casal, y agrega: “Simplemente señala que la Sala Constitucional, sin garantizar el derecho a la defensa, puede ordenar la detención de personas y deja entrever la violación de la inmunidad parlamentaria, y se instruye a las instituciones del Estado para que inicien procedimientos contra los diputados: Al Ministerio Público le permite abrir procesos penales o a la Contraloría que tome acciones administrativas concernientes al manejo de recursos y el manejo o disposición de bienes de la AN. El riesgo es que se puede suprimir a los diputados y eso afectaría la Cámara completa”.
González señala que el gobierno sigue abonando el terreno para desarticular el Parlamento: «Lo peligroso de la sentencia está al final; el fallo arma el fusil contra los 106 diputados que votamos por el abandono de cargo, violentando el artículo 200 de la Constitución, ya que permite apresar, por una supuesta flagrancia a cualquier diputado, en cualquier momento, sin previa calificación de la Cámara ni autorización de la plenaria”.
Acuerdo. Una vez más frente a debates que comprometen la acción del gobierno y de dirigentes del PSUV, la bancada oficialista no asistió a la plenaria de la AN. En el caso de ayer los temas álgidos eran las violaciones a la inmunidad y atribuciones del Parlamento y los sobornos en la concesión de obras públicas.
Sobre el primer punto, la bancada de la MUD aprobó un acuerdo que reivindica las prerrogativas parlamentarias, rechaza su desconocimiento por parte del Ejecutivo y el TSJ; exige el cese inmediato de las medidas contra la libertad personal y de circulación que pesan sobre Gilber Caro y Renzo Prieto (presos) y sobre Luis Florido (a quien le anularon el pasaporte); ordena intensificar las acciones de denuncia sobre estas agresiones ante la Unión Interparlamentaria Mundial y exhorta al TSJ a que cumplan con su rol de jueces y se aparten de la función partidista.
En el debate, Luis Florido (VP) denunció que sin tener un juicio abierto por ninguna causa, el Saime le suspendió su derecho de salir del país al negársele, por una «restricción migratoria» la gestión de un nuevo pasaporte. «A nosotros no nos regalaron la inmunidad parlamentaria, nos la dio el pueblo con su voto para que defendiéramos sus derechos», dijo.
Henry Ramos (AD), por su parte, se centró en las razones de fondo que, a su juicio, tiene el gobierno para cercenar al Poder Legislativo y a sus diputados: «Al gobierno no le interesa que esta Asamblea cumpla su función porque sale aplazado. Pero ingenuamente los diputados del PSUV no se han dado cuenta de que pronto serán ellos los que van a necesitar la inmunidad».
La plenaria debatió además sobre el pago de sobornos en la concesión de obras de infraestructura por parte del gobierno, a propósito de la admisión de los directivos de Odebrecht, de haber pagado 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos. Sin embargo, los diputados opositores hicieron énfasis en que el caso Odebrecht es apenas «la punta del iceberg de empresas verdes y rojas». Así lo dijo Julio Montoya (PJ) en referencia a empresarios militares y militantes del PSUV que tienen contratos millonarios con el gobierno.
“Héctor Navarro, ex ministro de Chávez, reconoció aquí en la Asamblea que solo a través de Cadivi se perdieron 300 millardos de dólares. Eso equivale a 33% de lo que recibimos por venta de petróleo en 17 años, y ese es solo un comienzo”, dijo Stalin Gonzalez (UNT).
La plenaria también aprobó un acuerdo por el día internacional que conmemora la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Tomás Osers, en representación de la comunidad judía, ejerció un derecho de palabra: agradeció a Venezuela por su hospitalidad en la década de los años cuarenta al haber recibido a tantos judíos “y devolverles la condición de personas”.
El Dato
El presidente Nicolás Maduro ordenó a la Procuraduría de la República a tomar acciones legales contra el diputado Ramos Allup, por haber ofendido presuntamente la memoria de Ezequiel Zamora. “Tenemos que tener conciencia patria. Si no nos duelen los héroes, ¿entonces quién nos duele a nosotros? El jefe del Estado recordó que hace un año fueron sacados del Palacio Federal Legislativo los cuadros con las imágenes del fallecido presidente Hugo Chávez.
