El gobierno de España advirtió el martes que tomará medidas en caso de que los nuevos aranceles de Estados Unidos al petróleo venezolano generen un impacto negativo en los sectores productivos del país.
La advertencia se produjo luego de que Washington anunció la imposición de un arancel secundario de 25% a las naciones que compren crudo o gas de Venezuela, una medida que pone en la mira a países con vínculos energéticos con Caracas, como España.
Según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, en 2023 Venezuela fue el octavo mayor proveedor de petróleo de España, representando 4,7% del total de crudo importado, reseñó EFE.
Si bien esta cifra no es dominante en el mercado energético español, cualquier restricción en el comercio de hidrocarburos podría afectar la operatividad de las refinerías y el abastecimiento en el país.
Repsol y su vínculo con Venezuela
Uno de los actores en esta relación energética es la multinacional española Repsol, que mantiene acuerdos con la estatal Petróleos de Venezuela para la explotación de campos petroleros. En abril de 2023, ambas empresas ampliaron su colaboración en una empresa mixta reactivada en diciembre del mismo año, en la que Repsol posee 40% de participación.
Por estos acuerdos, Repsol ha podido cobrar parte de la deuda pendiente de Pdvsa mediante la recepción de cargamentos de crudo y combustible. No obstante, el nuevo esquema de sanciones estadounidenses podría afectar estas transacciones, limitando la capacidad de la empresa para operar en Venezuela.
España y la Unión Europea analizan posibles respuestas
El gobierno español dejó claro que, si las medidas de Estados Unidos perjudican a sectores productivos del país, se tomará una «respuesta contundente» tanto a nivel nacional como dentro del marco de la Unión Europea.
Bruselas, que ya expresó su preocupación por los efectos de las sanciones extraterritoriales de Washington en empresas europeas, estudia posibles respuestas coordinadas. En el pasado, el bloque europeo adoptó mecanismos para proteger a sus compañías de sanciones de terceros países, y no se descarta que vuelva a hacerlo si los nuevos aranceles afectan a España y otros países europeos con intereses en Venezuela. (EN)
