Empresarios y Sindicalistas rechazan acoso a Mendoza

20 noviembre 2016 | Cedice informa, Economía, Todas las del inicio

20/11/16 Los gremios que agrupan a los empresarios e industriales privados del país condenaron la retención de Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, a quien autoridades del INAC le impidieron salir el jueves desde el aeropuerto de Barquisimeto, estado Lara, hacia Ecuador donde se dirigía a impartir unas charlas.

Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, calificó la medida como un abuso de poder por parte del gobierno. “Lo que sucedió fue lamentable. Un acto de discrecionalidad e irresponsabilidad por parte de las autoridades. Ver un espectáculo tan deplorable nos llena de profunda vergüenza. El empresariado, en general, se siente insultado por el tratamiento que les dan a ciudadanos que lo que hacen es trabajar por este país”, afirmó.

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, destacó que la retención fue una muestra más del resentimiento que siente el Ejecutivo por Mendoza. “Mendoza lo que ha hecho es tratar que su empresa tenga con qué producir en beneficio de todos, tanto de sus trabajadores como de los consumidores. Lo que pasó fue un acto caprichoso que demuestra la intención de las autoridades de imponerse”, expresó Olalquiaga.

Coincidieron en que estas acciones contra el empresario afectan la confianza del sector privado. “Con estos abusos discrecionales no va a haber inversionista que se atreva a traer su dinero”, dijo Martínez.

Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, aseguró que la retención es una muestra más de la intención del gobierno de apoderarse de los bienes de producción. “En lugar de perseguir a Polar, el gobierno que posee 50% de la capacidad de producción de harina de maíz, debería poner a operar sus plantas porque desde los comercios hasta las bolsas de comida contienen harina PAN”, resaltó.

Roger Palacios, dirigente sindical de Alimentos Polar, expresó: “La medida contra Lorenzo Mendoza es ilegal y demuestra la arremetida gubernamental contra los derechos constitucionales de los ciudadanos, al libre tránsito por el territorio nacional y salida del país cumpliendo con las normas de emigración, que fue lo que ocurrió en Barquisimeto”.

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