Un grupo de empresarios afectados por la situación con la empresa FOSPUCA Caroní, miembros de la Asamblea de ciudadanos, convocaron este lunes 14 de julio una rueda de prensa para informar que solicitaron formalmente a la gobernadora electa Yulisbeth García que tome cartas en la problemática que vienen sufriendo desde hace casi tres años, que comprende embargos judiciales, bloqueos injustificados del portal de tributos municipales, tarifas excesivamente elevadas y violaciones diversas a las leyes. Cosa que además vienen planteando ante las autoridades competentes sin haber recibido una respuesta satisfactoria.
En esta oportunidad los voceros de la Asamblea de Ciudadanos, que reúne a un considerable grupo de comerciantes, empresarios y ciudadanos de la zona; estuvo representada como vocero principal por el señor Laureano Padilla, acompañado por la empresaria Rosa Dorta y el también empresario Douglas Benítez. Quienes destacaron que la principal demanda no es una simple revisión de tarifas, sino una revisión exhaustiva de la contratación y la modalidad de cobro del servicio de aseo urbano. Pues para los afectados es una violación a las disposiciones nacionales que el servicio se facture en base a los metros cuadrados del local o empresa, práctica que consideran incorrecta y totalmente contraria a las normas vigentes.
La semana pasada, el día miércoles, entregaron la carta de varios folios explicando detalladamente el caso y sus múltiples incidencias y afectaciones en el despacho de la gobernadora, solicitando su ayuda y el cumplimiento de las palabras que expresó durante la campaña reciente de revisar a fondo el caso de FOSPUCA Caroní.
Incumplimiento de la LOCAPTEN y Acciones Legales
Los miembros de la Asamblea de Ciudadanos lamentaron que la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas y Actividades Relacionadas (LOCAPTEN), promulgada el año pasado y que debería haber aclarado el panorama, sea ignorada por las autoridades. Han señalado que es obligatorio seguir todos los puntos de la LOCAPTEN, pero esto no se está cumpliendo. Vale recordad que ese instrumento jurídico tiene como objetivo garantizar la coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios en Venezuela.
Estableciendo los principios, parámetros, limitaciones, tipos impositivos y alícuotas aplicables, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República.
Ante esta situación, la Asamblea ha solicitado seriedad y respuestas concretas a los planteamientos realizados.
Casos de violación expuestos en la rueda de prensa
Douglas Benítez, representante de la empresa TGV Servicios y uno de los perjudicados, relató su caso, donde fue obligado bajo amenaza judicial a pagar más de 9.000 dólares, hace aproximadamente unos tres meses y, a pesar de ello a esta fecha, sigue bloqueado en el portal de Tributos de la Alcaldía de Caroní, todo este proceso además sin recibir siquiera la factura proforma.
En su caso se vio conminado a pagar 4.500 dólares como inicial y hubo de firmar cuatro letras de 1.200 cada una, pues estaban cobrando un aproximado de 400 dólares mensuales por el servicio de recolección de aseo urbano mensual, que de paso comenta nunca efectuaron. Además tampoco le pasaron la cuenta impresa, sino simplemente le dijeron de boca en la oficina de la empresa que tenía una deuda de tanto miles de dólares y que hacía un acuerdo inmediato o le embargarían la empresa.
Otros empresarios como Laureano Padilla de ACM Company, C.A. también compartieron experiencias similares de pagos y convenios para evitar embargos, con montos que ascienden a miles de dólares. Se estima que hay alrededor de 130 embargos introducidos por FOSPUCA Caroní ante los tribunales , algunos de los cuales se han concretado, aunque en la mayoría de los casos los afectados se han visto forzados a firmar un convenimiento y pagarlo.
Igualmente se destacó el caso del Aserradero Gil, ubicado en la zona industrial de Chirica, propiedad de Rosa Dorta, donde los cobros de la empresa están por el orden de los 1.850 dólares mensuales, de los cuales sólo tienen facturación de los 1.100 que factura por concepto de relleno sanitario la empresa Cerdeco. Cuando al iguaol que el caso del señor Benitez, nunca se ha aparecido por allí un camión de la operadora de aseo a recoger siquiera una bolsa de desechos. Pero cobran completo y proceden judicialmente contra ellos.
Douglas Benítez de DGV Servicios CA está al borde de la quiebra y el cierre por pagar convenio a Fospuca Caroní, aunque nunca siquiera le recogieron el aseo urbano.
Irregularidades en la Facturación y el Relleno Sanitario
Una de las denuncias más graves se centra en el procedimiento de cobro de FOSPUCA Caroní, que, según los empresarios, no factura el servicio de manera regular. La deuda se acumula mensualmente y la factura solo es emitida después de que se realiza el pago, una práctica que consideran que colide con las normativas del SENIAT, especialmente en lo referente al IVA.
Además, se enfatizó la problemática del relleno sanitario, cuyo cobro es calificado de excesivo y elevado, afectando a residenciales y empresarios por igual. Los denunciantes afirman que el relleno sanitario «no existe» y que su gestión es potestad exclusiva de la Gobernación. Que es precisamente uno de los elementos que destacaron en la comunicación entregada al Despacho de la mandataria regional, lo que la habilita directamente para actuar pues sus atribuciones han sido usurpadas en este caso, como pasa con muchas de la Alcaldía de Caroní en este caso.
Desconexión con Otras Negociaciones y Llamado a la Gobernadora
La rueda de prensa fue igualmente un buen espacio para que el grupo de empresarios expresara su descontento por no haber sido invitados a una reciente reunión a puerta cerrada efectuada el jueves pasado – un día después de haber entregado su comunicación al Despacho -; en un hotel local, donde participó una Asociación de Empresarios, representada por Senén Torrealba, el presidente de la empresa FOSPUCA, un candidato a la alcaldía y la gobernadora. Pero donde se cuidaron mucho de invitar a los miembros de la Asamblea de Ciudadanos, por lo que argumentan que sus intereses no están alineados con los de los participantes en dicha reunión, ya que ellos se centran en denunciar las violaciones legales en lugar de simplemente negociar tarifas.
La empresa privada de Aseo Urbano en Caroní actuó judicialmente contra usuarios por no pagar tarifas. (foto cortesía JGM)
Igualmente dejaron claramente sentado que el señor Torrealba no les representa en ninguna circunstancia y que la gran mayoría de los miembros de la Asamblea de Ciudadanos no forman parte de su cámara Biesur. Sostienen que llevan dos años y medio en esta lucha, con actuaciones judiciales concretas y por escrito.
Por ello al final concretaron su petición en un llamado a la Gobernadora Yulisbeth García para que «haga honor a su palabra» y cumpla con lo prometido durante su campaña y posteriormente en redes sociales, donde se comprometió a revisar a fondo y con prontitud la situación del servicio de aseo urbano. Insisten en la necesidad de que se aboque a este problema con un sentido de justicia, pensando claramente en el impacto social y económico que esta situación generada por FOSPUCA Caroní ha ocasionado en el municipio. (CNP 8235)
