El régimen persigue y criminaliza a la disidencia como política de Estado

22 julio 2021 | Política, Sociedad

 

(informe de Cepaz) 

La persecución y criminalización de la disidencia forma parte de una política de Estado encaminada al cierre progresivo del espacio cívico. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró al menos 434 actos de persecución y criminalización ejercidos por el régimen de Nicolás Maduro en el primer semestre del año.

La prensa, las organizaciones de la sociedad civil y los líderes políticos son los más afectados. También se registraron arremetidas contra la población en general.

Este miércoles la organización presentó su monitoreo. “En Venezuela ocurren más de dos casos de persecución o criminalización por día. Es decir que cada 10 horas una persona u organización de la sociedad civil es perseguida o criminalizada”, dice el informe elaborado por las investigadoras Nicole Hernández y Sara Fernández.

“Maduro, en el ejercicio de una política que busca su perpetuación en el poder, ha asumido un control total sobre el aparato estatal. Ha silenciado a todos los actores que a criterio del gobierno son enemigos de su ideología política”, agrega.

Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, recordó que estos informes se vienen realizando desde 2014. “Hemos documentado los patrones en contra de la disidencia y hemos analizado la pérdida de la institucionalidad democrática en el país”, señaló.

Persecución y criminalización

Cepaz señala que entre los patrones de persecución y criminalización identificados destacan la apertura de procedimientos judiciales, las amenazas, estigmatizaciones y hostigamientos, el allanamiento irregular a la propiedad privada, la aquiescencia de actos violentos, las detenciones arbitrarias, la obstaculización al registro de acontecimientos, el cierre de emisoras de radio, el bloqueo de páginas web, los despidos injustificados, el uso de los poderes públicos y particularmente de la Asamblea Nacional para perseguir a los líderes políticos y para la creación de normas restrictivas que reprimen constantemente el espacio cívico, el control y discriminación hacia la población a través de una política de dependencia con el Estado y la creación de un entorno represivo que causa temor en la población para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.

Cepaz advierte que durante 2021 se ha agudizado la censura en Venezuela: “El acceso a la información es cada día más limitado como consecuencia de al menos tres factores: el cierre de los espacios de información y expresión, la criminalización que ha sido ejercida contra la labor periodística y los efectos de la emergencia humanitaria compleja”.

Conclusiones y exigencias

La ONG exige poner fin a la aplicación de patrones de criminalización, persecución, represión y control ejercidos contra organizaciones de la sociedad civil, trabajadores de la prensa, trabajadores de la salud, personas vinculadas con la política y sus familiares, y la población en general.

Pide que se restituya y garantice el ejercicio de los derechos civiles, sociales, políticos y culturales de la población. Así como garantizar un espacio cívico seguro y democrático para el desenvolvimiento de los distintos actores.

Cepaz insta a dar cumplimiento a las recomendaciones y decisiones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. En especial, en las causas relativas a la persecución, criminalización e intolerancia por motivos políticos en Venezuela.(EN)

 

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