Superado el complejo periodo de estabilización y avanzado el de recuperación
económica, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica que no admite
más dilaciones ni atajos retóricos. El foco de la nación y de sus fuerzas vivas debe
converger ahora en un objetivo único y superior: la transición institucional, que
ineludiblemente debe desembocar en un proceso electoral con plenas garantías,
transparencia absoluta y respeto total a la soberanía popular.
En el análisis del escenario nacional, es fundamental comprender que el proceso
político ha sido diseñado bajo una hoja de ruta de tres tiempos claramente
definidos por la comunidad internacional y los actores estratégicos como los
Estados Unidos: estabilización, recuperación y transición. Al observar el panorama
actual, podemos afirmar que el primer peldaño ha sido superado. El periodo de
estabilización, marcado por la ausencia de disturbios y una tensa calma social, ha
dado paso a una etapa de recuperación que, aunque visible en ciertos indicadores
macroeconómicos, se encuentra hoy estancada en un cuello de botella
institucional que impide el progreso real de la familia venezolana.
Estamos en pleno proceso de recuperación, pero es una recuperación incompleta,
frágil y desigual. Si bien es cierto que hemos visto el regreso de algunas empresas
transnacionales, especialmente en áreas estratégicas como la petrolera y la
minera, este movimiento de capitales no ha permeado la economía real del
ciudadano de a pie. La realidad que golpea las calles es innegable: las carencias
económicas persisten y los reclamos salariales de nuestros médicos, profesores y
trabajadores de todos los sectores no encuentran una respuesta sólida. ¿Por qué
ocurre esto? La respuesta es clara: la falta de seguridad jurídica derivada de la
ausencia de un gobierno legítimamente establecido.
Es fundamental entender que si aspiramos a una recuperación económica fuerte,
real y, sobre todo, sostenible en el tiempo, el país requiere con urgencia de esa
seguridad jurídica que solo otorga la legitimidad. Los grandes inversores
internacionales son pragmáticos; entienden que, mientras no exista en Venezuela
un Ejecutivo nacido de la voluntad soberana del pueblo y reconocido por el
mundo, cualquier inversión corre un riesgo sistémico. El capital de gran calado no
fluye con fuerza hacia un país donde las instituciones son precarias o están
cuestionadas. Para que esa seguridad jurídica exista, necesitamos un gobierno
plenamente legitimado por el soberano, superando las carencias y la precariedad
institucional que nos han dejado fórmulas como el interinato.
Ahora bien, para que el voto recupere su valor sagrado como herramienta de
cambio y paz social, todas las organizaciones políticas y sociales debemos
articular una presión coherente, inteligente y firme sobre todos los actores en
pugna. La arquitectura de este proceso debe sostenerse sobre pilares
institucionales renovados, auditables y despartidizados. Es imperativo el
nombramiento de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que
gocen de probada imparcialidad y solvencia moral, alejados de las cuotas
partidistas que históricamente han asfixiado la credibilidad del ente rector. Este
nuevo arbitraje debe liderar una depuración profunda del Registro Electoral
Permanente (REP). No podemos permitirnos ir a las urnas con un padrón viciado;
es urgente desincorporar a los fallecidos e incorporar a los miles de nuevos
votantes, especialmente a los jóvenes que ven hoy en el ejercicio del voto su única
salida democrática.
Especial atención y esfuerzo técnico merece nuestra diáspora. Garantizar el
derecho al sufragio de los venezolanos en el exterior, permitiendo el cambio de
domicilio expedito y el voto efectivo en todos los consulados alrededor del mundo,
es una deuda de justicia elemental con quienes se vieron forzados a partir pero
mantienen intacto su compromiso con el destino del país. Ignorar a esta fuerza
electoral, que suma millones de voluntades, es mutilar la soberanía nacional y
desconocer la realidad de nuestra nación extendida por el globo.
La reconciliación nacional y la construcción de un clima de confianza ciudadana
exigen, de manera innegociable, la liberación inmediata de todos los presos
políticos. No podemos transitar hacia una democracia plena mientras existan
ciudadanos privados de su libertad por sus convicciones o su labor política. La
transición debe ser un espacio de libertad, donde la persecución sea sustituida por
el debate de ideas, y donde cada venezolano sienta que su derecho a disentir está
protegido por el Estado y no castigado por él.
La normalización democrática requiere, además, la reactivación plena y sin
condiciones de todos los partidos políticos, incluyendo la inmediata reversión de
las judicializaciones que han secuestrado siglas, símbolos y sedes. El juego
democrático solo es válido si las reglas son iguales para todos los competidores.
Por ello, la activación de todos los candidatos, sin el peso de inhabilitaciones
administrativas arbitrarias que solo sirven para cercenar la voluntad popular por
vía de oficina, es un requisito sine qua non para cualquier proceso que pretenda
ser reconocido como legítimo y competitivo.
Sin embargo, la reforma no puede ni debe detenerse en el edificio electoral. La
reinstitucionalización integral del Estado venezolano pasa necesariamente por la
sustitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el
nombramiento, bajo estrictos criterios de idoneidad, probidad y mérito, del Fiscal
General, el Contralor General y el Defensor del Pueblo. Solo con poderes públicos
independientes, que no actúen como apéndices sumisos del Ejecutivo de turno,
podremos garantizar que los resultados electorales sean respetados y que la ley
deje de ser utilizada como un arma de persecución política contra quien disiente o
propone una ruta distinta.
Una vez despejado este horizonte institucional y garantizada la verdadera
separación de poderes, un gran acuerdo nacional debe definir el cronograma de
acción definitiva. Mi postura, discutida con amplios sectores que anhelan un
cambio de fondo y de forma, es clara: el país necesita una elección presidencial
conjunta con la Asamblea Nacional. Esta fórmula permitirá relegitimar
simultáneamente al Poder Ejecutivo y al Legislativo, brindando la gobernabilidad
necesaria para enfrentar los inmensos retos económicos y sociales del futuro
inmediato. Frente a este desafío, la soberanía popular señala un camino claro.
María Corina Machado representa el mandato de transformación que la mayoría
de los venezolanos ya ha validado con contundencia, consolidándose como la
opción legítima para liderar la reconstrucción nacional.
Debemos hablarle con claridad a los liderazgos políticos regionales. Sin recuperar
la legitimidad del Poder Ejecutivo nacional y atraer la inversión masiva que
estabilice el país, no habrá gobernación, alcaldía o consejo municipal que tenga
capacidad real de maniobra o recursos para solucionar los problemas de la gente.
Ir por separado o anteponer aspiraciones locales a la gran victoria nacional es
caer en la trampa histórica de "dividir para perder". El chavismo, consciente de su
debilidad, ya está en campaña y apuesta precisamente a esa fragmentación para
tratar de imponerse con la poca estructura que le queda. Si logran dividir la
votación de la alternativa democrática, les estaríamos regalando una oportunidad
que no merecen. Por lo tanto, el compromiso debe ser actuar como un bloque
monolítico que hoy apoya mayoritariamente a María Corina Machado.
Para que este proceso sea irrebatible y no deje espacio a las sombras de la duda
ni a las impugnaciones de oficio, el método debe volver a lo seguro y físicamente
verificable: el voto manual. La transparencia se garantiza con el papel en la mano,
con el conteo ciudadano en la mesa y con una observación internacional robusta,
técnica y calificada que acompañe el proceso en todas sus fases críticas: antes,
durante y después de la jornada. Esta observación no debe ser un simple
acompañamiento protocolar de cortesía, sino una auditoría técnica estricta que
certifique que cada voluntad expresada sea contada con exactitud.
Solo después de consolidar este nuevo orden en el poder nacional, mediante la
voluntad popular libremente expresada, podremos avanzar con paso firme hacia
las elecciones municipales y regionales. La transición no es una transacción de
cúpulas o de élites, es una necesidad vital para la supervivencia misma de la
República. Es hora de que la política deje de ser el obstáculo que frena el
progreso y se convierta finalmente en el puente hacia la Venezuela productiva,
justa y democrática que todos, sin distinción de colores, merecemos construir. El
compromiso es ahora, porque el tiempo de la gente es hoy y no espera para
mañana.
*Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE
Noelalvarez10@gmail.com
