Es perfectamente legítimo, sano y comprensible que cualquier dirigente tenga
aspiraciones políticas y desee poner su nombre a disposición para liderar
alcaldías, gobernaciones o concejalías. El liderazgo se nutre de la vocación de
servicio, del trabajo comunitario y del deseo genuino de representar a las regiones
en la construcción de soluciones para la gente. Esas aspiraciones son la fuerza
motriz de la democracia y forman parte del derecho constitucional a elegir y ser
elegido cuando los escenarios están garantizados.
Sin embargo, el contexto que hoy atraviesa Venezuela dista enormemente de una
normalidad democrática. Nos encontramos sumergidos en un limbo jurídico y en
una crisis institucional sin precedentes, donde el centro del problema radica en la
severa ilegitimidad que afecta directamente a la Presidencia de la República.
Pretender ignorar esta realidad para desatar una voraz candidaturitis a destiempo
equivale a pelearse por una botella vacía mientras la propia casa permanece en
ruinas.
Resulta insólito ver a dirigentes desenfundando espadas para disputarse espacios
regionales que ni siquiera están en la agenda real ni en los planes inmediatos del
país. Quienes hoy juegan posición adelantada en las regiones ignoran, de forma
irresponsable, que no puede haber gobernabilidad ni autonomía local sólida
mientras el vértice del poder público carezca de la validación soberana del pueblo.
Las ambiciones individuales, por legítimas que sean en tiempos de paz, se
convierten en una grave imprudencia en tiempos de crisis.
Tras los acontecimientos del 3E, la conducción del Estado enfrenta una doble
condición de ilegitimidad. Por un lado, una gestión que desconoció la voluntad
popular expresada masivamente en las urnas el 28 de julio de 2024 y, por el otro,
un mandato interino no electo por el voto directo de los ciudadanos. Pretender
saltarse este vacío de origen para concentrarse en contiendas regionales es un
grave error táctico que solo contribuye a anestesiar la conciencia cívica y a
legitimar la normalización de la crisis.
Esta distracción resulta aún más grave cuando la geopolítica marca un rumbo
distinto. El reciente anuncio sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas y
consulares entre Estados Unidos y las autoridades provisionales venezolanas
reafirma la vigencia de una hoja de ruta internacional enfocada en tres fases
claras: estabilización, recuperación económica y transición democrática. Mover la
mirada hacia disputas locales mientras la comunidad internacional presiona por la
resolución del conflicto central es un contrasentido histórico y estratégico.
Ante esta realidad, la exigencia unitaria y categórica debe ser, exigir la
presentación inmediata de un cronograma electoral claro, transparente y con fecha
cierta. No podemos continuar en un terreno de incertidumbres ni de plazos
indefinidos mientras transcurren los meses sin respuestas concretas. El país
requiere certezas institucionales y un camino bien delimitado que conduzca a la
población hacia la restitución de la soberanía popular mediante el voto libre, justo
y verificado por la comunidad nacional e internacional.
Ese cronograma electoral debe establecer como fase primordial e ineludible la
celebración de elecciones presidenciales verdaderamente libres. Es allí donde
debe concentrarse el esfuerzo cívico, la fuerza de la sociedad organizada y la
presión de todos los factores democráticos. Pretender diluir la atención ciudadana
en comicios secundarios solo beneficia a quienes apuestan a la fragmentación de
la alternativa democrática y a la permanencia de un esquema que frena el cambio.
Las fuerzas internacionales y los mediadores han reiterado que el cambio
democrático debe darse en el corto plazo; sin embargo, no podemos permitir que
ese corto plazo se convierta en una espera interminable de meses sin concreción.
La lucha por la fecha cierta de la elección presidencial debe ser la bandera
prioritaria que unifique a todos los liderazgos. Sin una Presidencia legítima y
reconocida, cualquier espacio regional que se intente conquistar carecerá del
marco institucional necesario para gobernar.
Es hora de actuar con madurez política, disciplina y un elevado sentido de altura
histórica. Las rencillas internas, la codicia por parcelas de poder y la competencia
desmedida deben dar paso a una cohesión inquebrantable alrededor de la
reconstrucción nacional. Quienes aspiran a conquistar espacios en el futuro deben
entender que la democracia jamás se construye desde el enfrentamiento entre
hermanos, sino sobre la fuerza de una causa común que ponga el rescate de
Venezuela por encima de cualquier ambición personal.
Solo cuando logremos restituir el orden constitucional y la legitimidad en el Poder
Ejecutivo Nacional habrá espacio para disputar las representaciones regionales y
municipales. Hasta que ese momento llegue, la consigna debe ser la unidad de
objetivos, la firmeza y la concentración de todos los recursos humanos y políticos
en la exigencia del cronograma para las elecciones presidenciales. Quien insista
en desviar el rumbo jugando posición adelantada, estará dándole la espalda a una
nación que clama por coherencia.
*Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE
noelalvarez10@gmail.com
