De todos los poderes públicos indudablemente el más importante por su condición de ser el que ejerce las funciones de gobierno, es el Poder Ejecutivo, representado a nivel nacional por el Presidente de la República, a nivel regional por el Gobernador del estado y, a nivel local, por el Alcalde del municipio.
Para los representantes de los grandes sectores de la economía y la sociedad, más interesados en las políticas públicas nacionales, tanto las que tienen que ver con todo el conjunto de la nación como las relativas a los sectores específicos de ella, la atención prioritaria se centra en el desempeño del Presidente de la República y de sus ministros, debido al impacto que sus decisiones tienen o tendrán sobre sus respectivos sectores e intereses particulares.
En tanto que para el grueso de la población, especialmente la ubicada en los diversos estados y municipios de toda la geografía nacional, mas interesada en la solución de los problemas cotidianos que afectan su calidad de vida en materia de seguridad física, transporte público, servicios de agua, electricidad, vialidad, atención medico – hospitalaria, disposición de basura y aguas negras, alimentación, trámites burocráticos, funcionamiento de escuelas y liceos, etc; el desempeño de sus gobernadores y alcaldes concentra su mayor atención. De allí que en el orden de prioridades para un ciudadano común de cualquier parte del interior del país, mas importante es la designación del gobernador y del alcalde de su jurisdicción que el nombramiento de un ministro.
Todo esto viene a colación con motivo de la conformación de la nueva estructura de gobierno que con carácter provisional deberá producirse en el país, una vez que cese la usurpación de la tiranía genocida y narco terrorista que oprime a Venezuela. Este cambio completo en todos los niveles de gobierno tiene que operar, por cuanto la ilegitimidad y la usurpación no solo se produjo en el gobierno nacional, sino que también sucedió en los estados y municipios. En consecuencia corresponderá al nuevo Presidente de la República, además de la designación de su gabinete ministerial, de conformidad con el instrumento jurídico que al efecto se dicte, proceder al nombramiento de las autoridades provisionales en estados y municipios, hasta tanto se realicen las respectivas elecciones que legitimarán a los nuevos mandatarios.
Para este proceso, de conformar esa estructura provisional del poder ejecutivo estadal y local, volveremos a las prácticas administrativas que rigieron hasta el año 1989, cuando por primera vez se eligieron gobernantes regionales y municipales. Es decir, corresponderá al Presidente de la República tomar esas decisiones, las cuales, como toda decisión, deberán responder a sabias valoraciones éticas y no solo políticas, porque por encima de cualquier consideración, debe prevalecer la búsqueda del bien común, sobre todo porque nuestro país vendría de superar innumerables traumas producto de sufrir el trágico desgobierno de 27 años, encontrándose en una situación extremadamente delicada que requerirá el concurso de sus mejores ciudadanos, independientemente de su filiación política. Será el inicio de la reconstrucción de la patria y el renacimiento de la democracia en un escenario de gran inestabilidad política con la amenaza de grupos delictivos y desadaptados, los cuales fueron promovidos, creados y apoyados por el régimen saliente, cuyas actuaciones pondrían en peligro la necesaria gobernanza. Ello implica la convocatoria y consideración de los ciudadanos más calificados en términos de aptitud, honestidad, trayectoria pública, méritos profesionales y ciudadanos, además de lealtad al nuevo modelo político, económico, social y cultural, que el país escogió con la selección de María Corina Machado en la elección primaria de la alternativa democrática y que, luego ratificó, con la designación de Edmundo González Urrutia como el Presidente de Venezuela.
La escogencia de esos Gobernadores y Alcaldes provisionales, será la primera señal concreta y positiva del cambio que se propuso al país, por cuanto ella indicará el espíritu unitario político y los criterios operacionales que animarán a los nuevos mandatarios nacionales: excelencia, desprendimiento, generosidad, amplitud, visión compartida, inclusión, eficacia, eficiencia, justicia, humildad y bondad.
Si esa primera prueba no es satisfactoria, se afectará de manera sensible el prestigio del nuevo liderazgo.
Ese espíritu y esos criterios tampoco pueden dar pie a la creación de una falsa concertación en aras de supuestos intereses superiores, pero que en la práctica se convierte en condenables mecanismos para el chantaje y la cesión de principios, con la finalidad de complacer a tradicionales grupos de presión e intereses que nada tienen que ver con el bien general de la sociedad.
Frente a estas circunstancias y realidades, se impone la actuación moderada y equilibrada pero firme, en defensa de los valores morales y principios democráticos- liberales que orientarán la naciente gestión pública en beneficio de la sociedad nacional.
No al estatismo, no al centralismo, no al partidismo, no a la ignorancia y la corrupción; si a la iniciativa privada, si al federalismo y la municipalización, si al poder ciudadano, si al mérito y la honestidad.
Venezuela cambio para bien.
Duaca, 28 de noviembre de 2025
