Luego de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, proceso no reconocido por la oposición y buena parte de la comunidad internacional, se inició un proceso de acciones que para alcanzar una transición de poder en Venezuela. La oposición unificada y con mayoría en la Asamblea Nacional tomó la delantera al calificar a Nicolás Maduro como “usurpador del cargo”, para posteriormente juramentar al Presidente del parlamento en el cargo como “encargado” de un gobierno de transición hasta alcanzar las elecciones libres.
Tras las acciones del poder legislativo venezolano, reconocido como el único legitimo por la comunidad internacional, comenzaron los apoyos internacionales a Juan Guaidó y del mundo occidental, estados y gobiernos dieron su reconociendo al jefe de la AN como Presidente (E) de Venezuela y desconocieron en ese cargo a Nicolás Maduro.
Desde ahí se han venido escalando acciones, desde lo interno y externo, el parlamento y su líder han legislado para limitar la maniobra de Maduro, se reconstruyó la movilización y presión desde la calle, se han aprobado leyes y decretos de amnistía para los funcionarios civiles y militares que abandonen al “régimen” y/o restituyan la constitucionalidad; incluso se han adaptados mecanismos de diálogo y negociación.
Desde el exterior, medio centenar de naciones han implementado bloqueos de recursos y sanciones a funcionarios, se ha escalo la crisis a entes supranacionales como el Grupo de Lima, la Unión Europea (UE), las Naciones Unidas (ONU), la Corte Penal Internacional (CPI) o la Organización de Estados Americanos (OEA). En esta ultima se ha convocado el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (Tiar).
Con la aprobación del Tiar por parte de sus miembros se aprobó un documento con nuevas acciones y sanciones administrativas al madurismo. Para algunos factores, dichas medidas siguen siendo blandas teniendo en cuenta que el tratado prevé incluso la intervención militar.
Previo a la aprobación del mecanismo, en el seno de la OEA, algunos países firmantes tenían dudas sobre la aplicación y la negativa ante la posibilidad de usar la violencia.
El siguiente paso
Fuentes cercanas a Venepress que pidieron no ser mencionadas, aseguran que en las altas esferas del poder en los Estados Unidos se podría estar buscando nuevas estrategias para aplicar una mayor presión a Maduro y su grupo hasta lograr el objetivo de deponer al “dictador” y finalmente cerrar el capítulo de Venezuela que se ha demorado más de lo previsto y ha consumido más energía de la deseada por el equipo de Donald Trump.
Desde el Departamento de Estado y La Casa Blanca estarían buscando apoyos entre sus aliados en esta cruzada para la activación del artículo 8 (el de la discordia) en el Tiar, que incluye “el empleo de la fuerza armada”.
Inicialmente la intención no seria la intervención, para el pesar de un sector interno que la pide a ‘gritos’. El artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca reza:
ARTÍCULO 8.°
Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada.
La clave
Y si bien, aún no se juega la baraja de la intervención militar, este artículo hace mención a otras medidas que son las que propondrían los americanos a sus socios.
“La interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas”
La administración Trump sabe que Maduro está en la búsqueda de fórmulas para saltar la sanciones e incluso es consiente de que ha logrado sortear alguna. La formula que se podrían estar planteando los asesores del gobierno estadounidense para frenar esto pasaría por la implementación de un bloque marítimo con naves militares de coalición que se logre construir, la limitación de servicios de telecomunicaciones dependientes de proveedores americanos y/o el uso del espacio radioeléctrico venezolano para introducir señales de radio y televisión que rompan la “hegemonía comunicacional del régimen dictatorial” con mensajes en contra los funcionarios de Maduro.
Algunas de estas estrategias se han probado ya en el pasado contra regímenes comunistas como el cubano que cantúa en la lista roja junto a Nicaragua y Venezuela.
EE.UU alertó la “creciente presencia” del ELN en Venezuela
El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU) alertó de la “creciente presencia” en Venezuela de la guerrilla colombiana Ejercito de Liberación Nacional (ELN), a la vez que acusó a Caracas de ofrecer un “ambiente” de las FARC y “seguidores” de la organización chií libanesa Hizbula.
“Las fronteras del país ofrecen un ambiente permisivo con grupos terroristas conocidos (…) Individuos vinculados a disidentes de las FARC y el ELN, así como seguidores o simpatizantes de Hizbula, estaban presentes en el país”, señaló el informe anual sobre el terrorismo en el mundo del Departamento de Estado.
Asimismo, advirtió de “la creciente presencia y control territorial” del ELN en Venezuela, al indicar reportes creíbles de sus actividades en los estados venezolanos de Amazonas, Apure, Bolivar, Guárico, Táchira y Zulia.
El informe subrayó que «los lazos financieros entre disidentes de las FARC, el ELN y otros grupos paramilitares facilitaron la redes de corrupción pública por parte funcionarios y miembros del Ejército venezolano», entre los que mencionó «el tráfico ilegal de narcóticos y oro».(Venepress)
