En un giro que endurece las políticas migratorias tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos anunció la inclusión de Venezuela y Cuba en su lista de países sujetos a fianzas para la obtención de sus visas.
La medida entrará en vigencia el próximo 21 de enero. Asimismo, exige que los ciudadanos que opten a visas B1 (negocios) o B2 (turismo) depositen montos de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares como garantía de su retorno.
El monto exacto de la fianza será determinado por el oficial consular durante la entrevista y no garantiza la aprobación del visado.
Bajo estas nuevas directrices, el Departamento de Estado ha establecido condiciones estrictas para el uso de estos documentos:
Puertos de entrada exclusivos: quienes paguen la fianza solo podrán ingresar y salir de Estados Unidos a través de tres aeropuertos: Washington Dulles, John F. Kennedy (Nueva York) y Logan (Boston).
Riesgo de pérdida: el incumplimiento de los puntos de salida o el pago anticipado sin instrucción consular resultarán en la pérdida del dinero y la posible denegación de futuras entradas.
Con esta ampliación, la lista de naciones afectadas asciende a 38, integrando a países como Argelia, Nepal, Zimbabue y Uganda.
EE UU y su trasfondo geopolítico
El Departamento de Estado no ha vinculado oficialmente esta decisión con la reciente operación militar en Caracas. No obstante, la medida ocurre apenas días después de que Nicolás Maduro fuera trasladado a una prisión en Nueva York.
Fuentes especializadas sugieren que la inclusión de Venezuela responde a una estrategia de control migratorio ante la inestabilidad generada por la caída del chavismo.
Respecto a Cuba, el presidente Donald Trump señaló recientemente que la isla se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema tras la interrupción del suministro venezolano.
«Cuba siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela. Ahora está a punto de caer», afirmó el mandatario, sugiriendo que las restricciones de viaje forman parte de una presión combinada sobre ambos gobiernos.
Esta política representa un obstáculo económico insalvable para la mayoría de los ciudadanos venezolanos, cuyo poder adquisitivo ha sido pulverizado por años de crisis.
La exigencia de una fianza en dólares (moneda de difícil acceso bajo el actual control de cambio y el estado de conmoción) bloquea de facto la vía legal de viaje para la clase media y sectores profesionales. (EFE)
