La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes que 187 personas han sido víctimas en Venezuela de ejecuciones extrajudiciales “en el ejercicio del derecho a la manifestación”.
“Se tienen 187 venezolanos ejecutados extrajudicialmente mientras ejercían su derecho a manifestación, lo que representa el 56,3 % del total de víctimas en este contexto desde 2014 y hasta noviembre de 2020”, recoge un informe de la organización.
El resto de víctimas documentadas son 129 personas que murieron “en el contexto”, que incluye a “personas fallecidas en medio de manifestaciones que aun cuando no participaban en las mismas, perdieron su vida de forma violenta”.
Acerca de las ejecuciones extrajudiciales, 2017 fue el peor año, pues documentaron 103 casos.
Por detrás se sitúa 2019, con 54 casos, seguido por 2020 y 2018, con 5 víctimas por cada año. En 2015 detectaron un caso y ninguno en 2016.
Ejecuciones extrajudiciales: Oscar Pérez
Por otra parte, 2017 también fue el peor año en el caso de los “muertos en contexto de manifestaciones”, ya que localizaron 59 casos.
En 2014, hubo 26 fallecidos; en 2019, documentaron 25. En 2018, la ONG contabiliza 13 muertos, cuatro en 2015, uno en 2016 y otro en 2020.
“Además, se tienen 16 casos que pertenecen a las víctimas del patrón de persecución política suficientemente documentado y denunciado, esto es, personas asesinadas por funcionarios del Estado en ejecución de un patrón de persecución contra quienes se oponen al régimen de Maduro”, añade Justicia, Encuentro y Perdón.
Entre ellos está Óscar Pérez, expolicía que encabezó una pequeña rebelión en 2018, así como las “muertes de presos políticos en custodia del Estado” como el político Fernando Albán y el militar Rafael Acosta Arévalo.
“Con base a los datos anteriores, se puede constatar cómo el gobierno de Maduro creó toda una política estatal para atacar a la población que disiente de sus erráticas políticas públicas y eleva sus voces en exigibilidad de sus derechos civiles y políticos y los denominados Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”, subraya la ONG.
Todo ello lo hizo, siempre según las conclusiones de Justicia, Encuentro y Perdón, “a través de un patrón de ataque y persecución, mediante el uso desproporcionado de la fuerza”.
“El patrón de represión se perfeccionó desde un andamiaje legal -inconstitucional- y planes cívico militares expresamente anunciados y cuya más contundente ejecución inició desde el 2014, elevado en crueldad en 2017, año en que se registraron las mayores movilizaciones en contra del gobierno”, explican. EFE
