El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) rechazó este miércoles lo que calificó como el uso de «propaganda» por parte del Ejecutivo de transición.
La organización exigió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, respeto por el dolor de las familias y el cese de anuncios de cifras que, según denuncian, no resisten un análisis matemático frente a los propios datos oficiales publicados.
La controversia estalló tras las declaraciones de Rodríguez, quien situó en 406 el número de excarcelados desde el inicio de la crisis.
Sin embargo, el Clipp advierte que la sumatoria de los datos dispersos del Ministerio para el Servicio Penitenciario (99 en Navidad, 88 en Año Nuevo y 116 este lunes) apenas alcanza los 303 casos, evidenciando una brecha de más de 100 personas sin identidad ni paradero conocido.
Por su parte, la ONG Foro Penal ha sido aún más cautelosa en su verificación: solo han podido confirmar la excarcelación de 72 personas desde el pasado jueves.
Según lo publicado en EFE, esta disparidad confirma la denuncia de las víctimas: el Estado anuncia liberaciones en masa, pero se niega a publicar un listado con nombres, fechas, centros de reclusión y el estatus jurídico de cada caso.
Presos políticos y justicia frente a «causas espurias»
Para las organizaciones de derechos humanos, las excarcelaciones a cuentagotas no son justicia, sino una maniobra política tras el ataque de EE UU del 3 de enero.
El Clipp recordó que todavía hay más de mil personas detenidas arbitrariamente bajo torturas y tratos crueles. La exigencia es clara: la anulación total de las causas por ser «manifiestamente espurias» y la libertad plena e incondicional, no solo medidas sustitutivas de libertad que mantienen a los ciudadanos bajo control judicial.
En la misma línea, la organización Provea denunció que la lentitud en los procesos no es accidental. Las «dilaciones indebidas» y los «abusos autoritarios» continúan bloqueando las puertas de las celdas, convirtiendo lo que debería ser un acto de justicia en un calvario administrativo para los familiares.
Mientras el Palacio de Miraflores intenta proyectar una imagen de reforma, en las prisiones venezolanas el sistema sigue operando bajo las mismas lógicas de control que las ONG llevan años documentando. (EN)
