Tras un año y dos meses de lo que calificó como una privación judicial injusta, el abogado penalista Bladimir Martínez confirmó la excarcelación de cuatro ciudadanos por motivos estrictamente políticos y ubicándose al margen del procedimiento judicial acertado. Sin embargo, el jurista advirtió que el proceso sigue viciado por la falta de claridad en las condiciones de libertad y denunció que sus representados fueron víctimas de un «fraude procesal» motivado por razones políticas. El abogado representó en esta etapa a Rommel Zavala, Carlos Martínez, Jesús Martínez y José Cipriano Díaz
Una libertad a medias y ambigua
A pesar de la salida del centro de reclusión, el equipo legal manifestó su preocupación ante la «ambigüedad» de las boletas de excarcelación. Según Martínez, el documento cita los ordinales tercero y cuarto del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, pero no especifica la periodicidad de las presentaciones ante el tribunal ni detalla el alcance de la prohibición de salida de la localidad.
«La boleta es ambigua, no precisa ni aclara taxativamente bajo qué régimen van a estar limitados», señaló el abogado. Ante esta incertidumbre, la defensa anunció que se trasladará a la ciudad de Caracas para acceder al expediente físico y exigir a las autoridades judiciales una definición clara de las restricciones impuestas.
Agradece a presidenta interina libertad
El abogado Martínez, aprovechó el encuentro con los medios para agradecer a la presidenta interina, Delcy Rodríguez por la liberación de estos cuatro prisioneros políticos del estado Bolívar. Destacando igualmente la necesidad de que el resto de presos políticos sean puestos en libertad, por cuanto no han cometido otro hecho distinto a disentir políticamente del gobierno actual, como lo consagran las libertades ciudadanas que consagra la Constitución Bolivariana, lo que significa que no cometieron delito alguno.
Origen del conflicto: Detenciones por motivos políticos
Durante el encuentro con los medios, Martínez fue enfático al señalar que desde el inicio del proceso existieron irregularidades graves. Afirmó que sus defendidos no fueron capturados en la comisión de ningún hecho punible, ni se presentaron evidencias de interés criminalístico que justificaran su detención.
«Fueron privados de libertad por situaciones que van más allá de lo que fuese un delito; fueron situaciones políticas las que los llevaron a permanecer todo este tiempo allí», denunció el jurista.
Asimismo, hizo un llamado a que se restablezcan plenamente los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, argumentando que, aunque están fuera de las celdas, aún no gozan de una «libertad plena» que les permita retornar a su vida cotidiana y ejercer su derecho a la opinión sin restricciones.
Acciones futuras y reparación del daño
Al ser consultado sobre posibles acciones legales contra el Estado por el tiempo de reclusión, Martínez aseguró que la defensa actuará estrictamente bajo el Estado de Derecho. Descartó cualquier intención de revanchismo o violencia, pero confirmó que buscarán las vías legales para resarcir el daño social causado a los cuatro ciudadanos.
Finalmente, el abogado expresó su esperanza de que en las próximas horas se produzcan nuevas liberaciones, mencionando específicamente el caso de la ciudadana Ahida Brady y otro colega abogado, que aún permanecen bajo custodia. «Consideramos que deben hacerse extensivas, cuanto antes, las libertades sin restricciones», concluyó. (Redacción)
