“En el devenir de la historia política de la humanidad, el concepto de democracia
ha ido evolucionando, originariamente desde el pensamiento griego, según la
teoría clásica o tradición aristotélica de las tres formas de gobierno”, escribe el
catedrático mexicano Luis Antonio Corona Nakamura en el prólogo de su libro
Democracia y elecciones, quien, junto a un grupo de colaboradores, en ese mismo
libro, nos recuerda que Aristóteles consideró a la democracia, una forma
decadente de la politeia, una forma de gobierno corrupta y degenerada que lleva a
la institución de un gobierno despótico de las clases inferiores (al interés o ventaja
de los pobres) o de muchos que gobiernan en nombre de la multitud, pero que no
prestan atención a lo que le conviene a esa multitud.
Años después, Jean Jacques Rousseau, definió a la democracia como el gobierno
directo del pueblo, un sistema en el que los ciudadanos pueden manifestar su
voluntad para lograr obtener un acuerdo común, es decir, un contrato social: “toda
ley que el pueblo no ratifica, es nula y no es ley. La soberanía no puede ser
representada por la misma razón que no puede ser enajenada” dijo Rousseau.
Así, el problema de la democracia, sus características y su prestigio o falta de
prestigio, como forma de gobierno, es tan antiguo como la propia reflexión de las
cosas de la política y ha sido replanteado y reformulado en todas las épocas, de
ahí que la discusión actual sobre el valor, concepto y vivencia de la democracia,
sea común y hasta imprescindible en la cotidianidad de los Estados modernos.
Dice el grupo de Corona Nakamura que, democracia, en un concepto moderno y
liberal, basado en la idea político filosófica de la soberanía del pueblo, esto es, la
reducción de todo el poder político a su representante originario que no es otro
que el pueblo, el cual ejerce en conjunto el poder estatal, mediante procedimientos
jurídicos y políticos que posibilitan su participación en la formación de la voluntad
política mediante las elecciones libres, periódicas y secretas de sus
representantes.
La autoridad del pueblo debe ser la base de la autoridad del poder público, que se
expresa mediante las elecciones auténticas, libres y periódicas, mediante sufragio
universal, igual, directo y secreto. Este es un ejercicio (el de votar) que reviste una
característica de dualidad: por un lado, constituye un derecho, y por otro, una
obligación, que ejerce el ciudadano para integrar los órganos del Estado de
elección popular.
Tanto el carácter universal del sufragio (que consiste en no establecer
excepciones al ejercicio del voto por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política, posición económica, nivel cultural o cualquier condición social);
como la libertad, que se traduce en que, el voto debe ser emitido con ausencia de
condiciones que implique presión para el elector, ambos son requisitos
indispensables para hablar del respeto a la autenticidad de las elecciones,
asegurando que los comicios sean procesos ciertos y verdaderos, garantizando
así la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Las condiciones esbozadas en los párrafos anteriores, deben ser satisfechas en
su totalidad para que se registre una auténtica democracia, cuya
conceptualización y esencia han generado múltiples debates entre filósofos,
sociólogos, juristas y politólogos de diferentes épocas a través de la historia
humana, y que, en la actualidad, todavía provoca reflexiones en las que el
ciudadano se pregunta ¿Qué tanto impacta verdaderamente mi decisión en las
cuestiones políticas de mi entorno? Esta pregunta pareciera quedar respondida
cuando se comparan las ejecutorias de los gobiernos en ejercicio, respecto a lo
que reflejan sus respectivos programas de gobierno y más aún, las enormes
contradicciones con las promesas electorales que formularon.
*Coordinador Nacional del movimiento Político GENTE
Noelalvarez10@gmail.com
