Por Celestino Aponte
Post dictadura, la primera prioridad de los venezolanos será dotarnos de una democracia consistente y duradera, de raigambre popular y capaz de dar respuestas efectivas y oportunas al reclamo social inmediato y a las exigencias tanto de un desarrollo humano cuyo epicentro sea la máxima felicidad posible, como de un desarrollo económico-estratégicos centrado en el confort y el Bien-Estar de todos los venezolanos, respectivamente. Propósito cuyo cumplimiento será un proceso nada lineal que va a requerir, en primera instancia, una discusión en profundidad acerca de la democracia que queremos, su perfil, su organización y funcionamiento. Formular, además, el conjunto de reformas institucionales a desarrollar en los ámbitos territoriales de la República, los estados y los municipios.
Sobre la democracia en general, solo adelantamos en estas reflexiones que no es solamente una forma de gobierno surgida de la voluntad popular a través del sufragio sino que es un Estado de justicia. Es el establecimiento de un modelo de desarrollo político que consagre y garantice derechos humanos, civiles, políticos, sociales, culturales, biológicos, económicos y ambientales. Un modo se ser y comportarse socialmente en el cual el Estado garantice la libertad personal y colectiva. La igualdad de las personas ante la ley, “el debido proceso” y libertades fundamentales para la dignidad de las personas y grupos sociales (libertad de expresión y libertad de prensa entre otras). Supone un comportamiento individual y colectivo responsable, con obligaciones y deberes insoslayables. Una discusión en profundidad sobre este asunto lo daremos en otra oportunidad. Por los momentos nos interesa exponer acerca de las reformas institucionales en el ámbito local, orientadas a fortalecer la democracia.
El Municipio, en tanto que unidad política primaria del Estado, en un país que se define como federal y descentralizado, será el pilar fundamental del edificio democrático a construir. La ciudad en Venezuela es la fuente creadora de la mayor parte del PIB no petrolero y concentra la mayoría aplastante de la población. El Poder Público Municipal y sus órganos fundamentales, es la instancia de poder más cercano a la población y está obligado, por ende, a brindar respuestas a las demandas populares. De allí la importancia que tiene para la edificación de una democracia estable y políticamente eficaz.
Ubicados, entonces, en el contexto teórico enunciado y en la justa valoración del ámbito local, nos adentramos en unas consideraciones acerca de la realidad socio-política del municipio; conscientes que posiblemente estamos pecando de una generalización, dando por sentado que la información que nos proporciona la experiencia empírica en el estado Bolívar es válida para todo el país. Sin dudas que hay excepciones y un abanico de matices interregionales e inter localidades.
Al grano. La emergencia humanitaria compleja en Venezuela y la llegada aterradora de la Plandemia China (COVID-19), no sólo ha dejado al descubierto la precariedad del sistema de salud pública, sino también al régimen usurpador, dictatorial y embustero de Nicolás Maduro, y a un Poder Público Municipal inerte, con una vergonzosa incapacidad para encarar la crisis.
Justo es decir que desde mucho antes de la aparición de la crisis actual, observamos y registramos un marcado déficit de civilidad que vacía a los órganos del Poder Público Municipal de calor popular. A un Poder Municipal rutinario, burocrático y esquelético que sin apoyo popular marcha –si es que anda- sin propósitos claros y definidos. Cargando con un déficit democrático cuyos signos son la frágil representatividad de sus instituciones y la escasísima (casi nula) participación ciudadana en la gestión pública.
En efecto, si observamos, retrospectivamente, la diferencia cuantitativa de participación entre las elecciones presidenciales y las elecciones municipales, hay que admitir que en la ciudadanía venezolana priva una gran indiferencia por la política local. Es notable el ausentismo ciudadano en los mecanismos y procedimientos institucionalizados para canalizar la participación ciudadana: Asambleas de Ciudadanos, Cabildos Abiertos y Referéndums locales, evidenciando apatía y desinterés por el tratamiento de los problemas locales.
La presencia extendida de ese sub valor que se manifiesta en expresiones generalizadas como: “no vivo de la política, vivo de mi trabajo”, “la política es sucia”, “le hice la política por conveniencia”, que es un morbo colectivo, tal vez no imputable al poder público y a sus representantes sino a la ciudadanía misma. En todo caso, muestra la escasa valoración que se tiene por las instituciones políticas en general y, especialmente, por las instituciones municipales y sus voceros. Cuando prestamos atención a la frenética activación individual e individualista por resolver “mi problema” y el problema de “mi familia” ya sea la falta de agua potable, de energía eléctrica, de gas doméstico o de empleo sin involucrarse en la solución de los problemas colectivos, al margen del bien común, hay que concluir que efectivamente tenemos un serio déficit de civilidad y una débil formación en valores. Paradójicamente, esta conducta refleja, al menos aparentemente, un alto sentido de responsabilidad para consigo mismo y para con la familia. ¿Egoísmo? No estoy seguro.
En su conjunto, estas actitudes y comportamientos muestran indolencia por la cosa pública, dejadez por el bien común y en definitiva esta práctica colectiva simboliza una cultura política pobre de los venezolanos. Esta indolencia, apatía, indiferencia y pobre cultura política esteriliza a los procedimientos, instituciones y normas conquistadas para la participación ciudadana; las convierte en verdaderas entelequias. Desde las Asambleas de Ciudadanos hasta los referéndum; las instituciones creadas o conquistadas para este propósito (Juntas Parroquiales y el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas) se convirtieron en aparatos inútiles. Afrontar con éxito este asunto impone definir políticas y reformas institucionales lo suficientemente potentes y de largo aliento. Más adelante retomamos el punto.
El desarrollo democrático en el ámbito municipal ha sido frenado deliberadamente por la dictadura que jefatura Nicolás Maduro. Con la creación de la Ley Orgánica de las Comunas, abierta y claramente inconstitucional, se constituye un espacio político territorial autónomo del Poder Público Municipal, adscrito y tutelado por el Ejecutivo Nacional, denominado Comuna, que “Es un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular “ tal como lo establece el artículo 5 de la mencionada ley.
Es decir, que a la par del Poder Público Municipal hay un Poder Popular soberano. Dicho Poder tiene sus propias instancias u órganos para el ejercicio de sus funciones: Banco de la Comuna, Consejo de Economía Comunal, Consejo de Contraloría Comunal, Junta Parroquial Comunal, Consejo de Planificación Comunal, Parlamento comunal, Consejo Ejecutivo y Comités de Gestión. Ninguno de esos órganos es elegido en votación universal, directa y secreta por la comunidad; están integrados por voceros de los Consejos Comunales.
Las Comunas, en definitiva, conformadas por agregados de voceros de los Consejos Comunales registrados en un espacio territorial, están sujetas y sometidas a la conducción del Ministerio responsable que “dictará los lineamientos estratégicos y normas técnicas para el desarrollo y consolidación de las comunas, en una relación de acompañamiento en el cumplimiento de sus fines y propósitos, y facilitando su articulación y sus relaciones con los otros órganos y entes del Poder Público” tal como lo dispone el artículo 63 de la mencionada ley de fecha 13 de diciembre de 2.010. De este modo se anula, en los hechos, a la Junta Parroquial elegida en votación universal, directa y secreta, regida por el CNE y, además, con rango constitucional.
La Ley de los Consejos Comunales se inscribe en la misma dirección y orientación de la Ley Orgánica de las Comunas; son fachadas de supuestas instancias de participación ciudadana; en el fondo, instrumentos del centralismo contrarios a las normas constitucionales que consagra la descentralización.
La Constitución Nacional de 1999, en su artículo 182, y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, en el artículo 111, dan origen al Consejo Local de Planificación Pública como instancia de participación ciudadana y facultado para la función planificadora. La Ley dispone que los órganos del Poder Público Municipal sean la Alcaldía (ejecutivo), el Concejo Municipal (legislativo), Contraloría Municipal y Consejo Local de Planificación Pública (planificación). Pero la Ley de los Consejos de Planificación de Políticas Públicas establece que los mismos estarán integrados por el Alcalde, los concejales, un representante por cada Junta Parroquial Comunal, por un vocero de cada Consejo de Planificación Comunal, dos consejeros representantes de los movimientos de pescadores, campesinos y deportistas y un representante de las comunidades indígenas. Como se aprecia, el CLPP está bajo el control de las Comunas y el “Poder Popular.” Es decir, controlado por el centralismo, propio del régimen dictatorial.
Los gremios profesionales, las universidades, las iglesias, los medios de comunicación social y las ONG (s) quedan marginados. Así la participación ciudadana queda, en los hechos, anulada y la ciudadanía descolocada del juego democrático. La democracia se desvirtúa, y el Poder Público Municipal queda convertido en un cascarón vacío y huérfano de apoyo popular.
Lo antes expuesto obliga a los sectores democráticos, partidos políticos y sociedad civil, a delinear un cuerpo de reformas institucionales y normativas para enderezar el entuerto. Entre otras, para abrir el debate, será necesario derogar al conjunto de leyes que conforman el Poder Popular: Ley Orgánica de las Comunas y Ley de los Consejos Comunales. Proceder a una inmediata reforma a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y a la Ley de los Consejos Locales de Planificación. Los señores diputados de la Asamblea Nacional tienen la palabra.
Reformular la composición de los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas para que lo constituyan representantes del liderazgo comunitario (vecinal), sindical, gremios profesionales, productores agrícolas, gremios empresariales, iglesias y voceros del sector cultura (arte y literatura) y desde luego el sector político expresado en el Alcalde y los concejales. Dotar a esta amplia y plural instancia de un órgano técnico altamente capacitado y formado en planificación estratégica y diseño de proyectos políticos, socio-culturales, económicos y ambientales. Por cierto, en el año 2001 presentamos a la Alcaldía del Municipio Heres del Estado Bolívar un proyecto, el primero en el país, para operacionalizar el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) en la dirección aquí expuesta. Proyecto diseñado por el politólogo Antonio Montes y formalmente implantado por el Alcalde Lenín Figueroa a solicitud nuestra, para la época Director General de esa institución. Desconozco el destino final del mismo.
Elevar la representatividad y eficacia de los Concejos Municipales es una necesidad perentoria. En la era del Conocimiento y la globalización es inconcebible que los cuerpos edilicios sean el reducto de los activistas partidistas. Propongo ampliar su integración con representantes del sector universidad, gremios docentes, gremios profesionales, sindicales, Juntas Parroquiales y sectores productivos (gremios empresariales) con derecho a voz y rotativos anualmente. Esta reforma no sólo elevaría la representatividad del cuerpo edilicio sino que potenciaría la capacidad deliberativa y legislativa del mismo, atascada en estrechas visones localistas. No se vulnera el origen democrático y electoral del Concejo con esta reforma, sino por lo contrario se amplía la participación ciudadana, se eleva la calidad política del mismo.
Propongo la creación, a nivel de cada municipio, de la Escuela de Ciudadanos. Tarea: formar en valores personales, familiares y ciudadanos; Centro de discusión de teorías y filosofías política y de políticas públicas.
Para finalizar, dejo unas interrogantes sin adelantar respuestas: ¿Tienen pertinencia estas proposiciones? ¿Tienen viabilidad? ¿Su elaboración responde a necesidades reales existentes o son elucubraciones ociosas, ilusorias y egocéntricas? ¿Al sector político venezolano, de raigambre pragmático y tan atareado como está en la justa lucha contra la dictadura, le interesa esta discusión? ¿Cuánta importancia le da?
