Existe dentro y fuera de Venezuela un amplio cuestionamiento respecto a la legitimidad de la presidencia de la República así como de la Asamblea Nacional surgida de los comicios del pasado 6 de diciembre. Al mismo tiempo, el liderazgo opositor ha venido debilitándose, no sólo en el seno de la oposición misma, sino que también en el ámbito de los paises y de las organizaciones externas que consecuentemente han mantenido su rechazo a quienes ejercen actualmente el poder. La legitimidad del gobierno es cuestionada, interna y externamente, tanto por su origen, como por su desempeño; pero también el amplio reconocimiento interno y de la comunidad internacional del liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, ha comenzado a perder consistencia al vencerse su periodo de vigencia, según lo establecido por la Constitución.
La incertidumbre y el enfrentamiento que conlleva esta situación, comprometen la gobernabilidad, la paz y el bienestar general de la nación, al mismo tiempo que generan desorientación, desconfianza y rechazo en el ámbito internacional. El país vive un conflicto permanente, una grave crisis económica, política y social, y un creciente aislamiento.
En este contexto, organizaciones y países de la comunidad internacional, así como una parte de la dirigencia opositora, han destacado la necesidad del diálogo entre las partes en la búsqueda de un acuerdo para una solución constitucional, pacífica y electoral. De hecho, se han promovido y realizado varios intentos, pero sin otro resultado que no sea el descrédito del mecanismo y la intensificación de propuestas radicales. Se insiste sin embargo en el objetivo de lograr condiciones para la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y transparentes y con supervisión de la comunidad internacional”, pero no se perciben los elementos que pudieran sustentar su viabilidad. Por otra parte, importantes sectores de oposición, mantienen la exigencia de que se cumpla la secuencia “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones presidenciales”, sin que tampoco se haya definido una vía efectiva para hacerla realidad. Mientras tanto la crisis sin precedentes que sufre el pais, continúa y se hace día a día más profunda. La búsqueda de una opción que haga posible evitar la prolongación de la crisis y su derivación en acciones de violencia conducentes al sometimiento o a la destrucción de una de las partes en conflicto, es por tanto necesaria y urgente.
Pareciera entonces que ha llegado el momento de que el pueblo exija a ambas partes que le sea reconocida la condición participativa y protagónica que le otorga la Constitución y que tantas veces aquellas han ratificado en declaraciones, entregándole la oportunidad de expresarse directamente mediante una consulta, también prevista en la Constitución, sobre quién debe ejercer su representación al nivel nacional, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo. En ese marco, un acuerdo de las partes, con supervisión de la comunidad internacional, debería ser la prioridad del liderazgo.
Un acuerdo entre la dirigencia en el poder y todos los sectores representativos de la oposición, sería el procedimiento razonable, efectivo, justo, ético y esencialmente democrático para superar la crisis, un acuerdo para entregar al pueblo soberano, mediante un mecanismo plebiscitario, la decisión respecto a la legitimidad de quienes dicen representarlo. Es además el pueblo quien puede ofrecer garantía de cumplimiento y sostenibilidad en el tiempo y el pleno respaldo de la comunidad internacional.
Existen importantes elementos que justifican la realización del proceso del referendo, entre otros: (i) se estaría reconociendo al pueblo su condición protagónica; (ii) se abriría una extraordinaria oportunidad para el logro de la paz social, para el levantamiento de sanciones internacionales y para una rápida mejora de las críticas condiciones que sufre la población; (iii) se fortalecería la gobernabilidad y (iv) el país mejoraría su imagen ante la comunidad internacional y obtendría amplio respaldo para su recuperación económica.
Por otra parte, desde un punto de vista operativo, el referendo representa el procedimiento más simple y menos condicionado de todos los procesos de votación. No requiere de numerosas disposiciones normativas y es mucho más fácil y rápido de ejecutar y de supervisar que cualquiera otro. Además su organización y su financiamiento son mucho menos exigentes.
