El secretario de la OEA y Amnistía Internacional piden que la Corte Penal Internacional actúe en Venezuela. El exgobernador Williams Dávila engrosa la lista de opositores apresados mientras que EEUU advierte sobre violaciones de derechos humanos.
La lista de detenidos por razones políticas que existía antes de la elección presidencial en Venezuela experimenta un incremento radical desde la controvertida votación de hace dos semanas, donde se dio por ganador al presidente Nicolás Maduro.
Según defensores de derechos humanos, el país sudamericano jamás había vivido un repunte de represión en tan corto tiempo.
En ese contexto, Amnistía Internacional se sumó este viernes al pedido de la OEA de que el fiscal de la Corte Penal Internacional actúe ante la situación en el país.
“Es hora de la justicia”, dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA, adelantando que pedirá a la Corte Penal Internacional que determine responsabilidades y órdenes de captura contra Maduro y otros responsables oficiales por lo que consideró graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
“Exigimos a las autoridades liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos de forma inmediata e incondicional”, demandó por su parte Amnistía Internacional. Este viernes, como Almagro, llamó al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a actuar en Venezuela.
El propio presidente venezolano reportó esta semana más de 2.200 arrestados por las manifestaciones de calle y expresiones públicas contra el resultado electoral oficial, entre denuncias de fraude por parte de la oposición, que dice tener pruebas de su victoria.
Según Maduro, el 80 % de esos detenidos desde el 28 de julio son “terroristas” y “criminales” que promueven odio y violencia para desestabilizar al poder ejecutivo y al país, buscando un “golpe”.
Gobiernos y organizaciones multilaterales, como Colombia, Brasil, México y las Naciones Unidas, han llamado al poder electoral venezolano a publicar el desglose de la votación del julio y someterlo a una auditoría independiente.
El oficialismo ha recurrido a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que dilucide el proceso y el dilema de esas actas.
