El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llamó este domingo a comparecer el miércoles 20 de noviembre – ante la sede del organismo en la avenida Urdaneta de Caracas -, a Óscar Murillo, reconocido periodista venezolano y actual Coordinador General de Provea, debido a una supuesta investigación llevada a cabo por la delegación municipal del CICPC de San Cristóbal, estado Táchira por la supuesta “comisión de un delito contemplado en la LEY CONTRA EL ODIO, POR LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y LA TOLERANCIA” que, como hemos denunciado en reiteradas ocasiones, ha servido para procesar e imputar a cientos de detenidos y escalar el crimen de persecución por razones políticas en nuestro país.
Aunque la boleta de “citación” no aclara el origen y fundamento de la supuesta investigación que realiza el CICPC, ni la cualidad procesal bajo la cual deberá comparecer el también profesor universitario Óscar Murillo, esta situación se produce en medio de una vertiginosa escalada de abusos registrada con posterioridad a los comicios del pasado 28 de julio y de nuevos actos de hostigamiento y amenazas encabezadas por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Sr. Diosdado Cabello, contra personas y organizaciones que solicitaron una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del Sr. Edwin Santos en el estado Apure.
«Van a ser citados por el CICPC»
El 30 de octubre de 2024, el Sr. Diosdado Cabello, nuevamente cuestionó la labor de Provea en su programa televisivo Con el mazo dando. Allí se pronunció sobre la denuncia del presunto asesinato del líder opositor Edwin Santos.
Recordamos que, de acuerdo a distintos testimonios, el dirigente social desapareció el 23 de octubre. Este hecho fue expuesto públicamente por sus familiares a través de un video elaborado por su esposa Loliveth Álvarez y el sacerdote jesuita, Gerardo Rosales.
Luego, la familia de Edwin Santos confirmó su muerte el 25 de octubre, noticia que tuvo una gran repercusión a nivel internacional.
Estos hechos fueron documentados y divulgados por Provea y al trascender la noticia exigimos una investigación al Estado. No obstante, Douglas Rico -director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) – sostuvo a través de un comunicado que el señor Santos había fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito.
Desde ese momento, las autoridades han impulsado actos de hostigamiento contra quienes exigen una investigación sobre el fallecimiento del señor Santos.
“Van a ser citados al CICPC los que dijeron que hay testigos (del asesinato), van a tener que llevar a los testigos para que no se cree que aquí perseguimos, yo sé de varias organizaciones y ONG, los vamos a llamar a todos y tienen que presentar sus testigos, unos dicen que fue el Sebin, la Dgcim, la Policía Nacional, pónganse de acuerdo (…) si Provea dijo que tiene testigos, Provea tiene que buscar los testigos, no se tiene que esconder que son una ONG, ustedes cruzaron la raya, el 28 de julio pasaron la raya, aquí se acabó la mamadera de gallo”, dijo el 30 de octubre el Sr. Cabello, amenazando a los miembros de nuestro equipo que, recordamos, es beneficiario de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las constantes amenazas proferidas por altos funcionarios del Estado y voceros oficialistas, entre ellos, el actual ministro Cabello.
Entre el 2020 y el 2024, la CIDH determinó que los integrantes de Provea se encuentran en una situación de riesgo en el marco de sus labores como defensores de derechos humanos en el contexto actual por el que atraviesa Venezuela, “considerando la visibilidad de la institución y sus coordinadores, los frecuentes señalamientos estigmatizantes realizados por altas autoridades estatales en medios de comunicación, la vigilancia y seguimientos por parte de agentes estatales”.
En abril de 2024 la CIDH decidió ampliar su rango de protección a todos los miembros de Provea, a quienes considera en riesgo debido a su labor de protección a los derechos humanos en Venezuela.
“La situación de los integrantes de PROVEA se viene agravando a lo largo del tiempo, extendiendo la situación de riesgo de la coordinación de la institución a todos sus miembros”. En ese sentido, se solicitó la ampliación de las presentes medidas cautelares a favor de 16 personas de nuestro equipo, incluyendo a Óscar Murillo, Coordinador General de Provea.
La CIDH resaltó que “la existencia y difusión de expresiones estigmatizantes y peyorativas por parte de autoridades estatales en contra de personas defensoras de derechos humanos contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que puede acarrear una afectación a la vida e integridad personal de las personas defensoras, aumentando su vulnerabilidad”. (Prensa Provea)
