El sistema de Bus de Tránsito Rápido (BTR) Batalla de San Félix rompió la vialidad de Ciudad Guayana. La parada CVG de Alta Vista, ubicada a la altura del Palacio de Justicia, alberga hasta un carro quemado, escondido en la maleza: un reflejo del abandono de una estructura edificada siguiendo un plan improvisado y no adecuado para la ciudad.
El diputado al Consejo Legislativo del Estado Bolívar (Cleb), César Ramírez, quien se ha opuesto desde el comienzo a la construcción del BTR, se pronunció desde esta parada para hacer pública la respuesta de la Contraloría General de la República (CGR), al reclamo introducido por Ramírez el pasado 20 de junio de 2016.
En la denuncia, Ramírez solicitó investigar a la Gobernación del estado Bolívar y su titular, Francisco Rangel Gómez, así como el entonces titular del Ministerio de Transporte, Haiman El Troudi, por el “despilfarro de 600 millones de bolívares, que son del patrimonio público” invertidos en la obra que, luego de inaugurada, ha sido incluso demolida por su disfuncionalidad, como los brocales que removieron de toda la avenida Guayana, sentido San Félix – Puerto Ordaz.
La CGR respondió a Ramírez, quien recibió el oficio 01-10-671, con fecha 21 de julio, en donde indican: “Una vez valorado el contenido, se determinó que escapa al ámbito de las competencias que constitucional y legalmente tiene atribuidas este Máximo Organismo Contralor, razón por la cual fue remitida al Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas”.
Con ello, el organismo contraviene el artículo 289 de la Constitución de la República, que en su numeral 3 atribuye a la CGR la responsabilidad de “Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley”, y la subsiguiente investigación por parte del Ministerio Público, en caso de determinar infracciones.
Ramírez calificó la respuesta recibida “como que a ti te roben el carro y vayas al Cicpc y ahí te digan ‘no, no es nuestra competencia, vaya y entiéndase con el ladrón’, o sea, el Ministerio de Transporte se va a revisar a sí mismo”, cuestionó Ramírez.
