El gobierno de Nicolás Maduro oficializó una nueva providencia, difundida este lunes en medios locales, que regula el servicio de entregas a domicilio y crea un importe de 1% sobre todas las encomiendas que se concreten a través de aplicaciones digitales, una modalidad de comercio que lleva unos cinco años de crecimiento en el país.
La normativa, publicada en Gaceta Oficial con fecha del 5 de febrero, crea un registro obligatorio, manejado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), en el que las empresas deberán pagar un costo de 300 dólares para obtener una licencia que les permita hacer entregas a domicilio.
Asimismo, la providencia establece un pago anual de 240 dólares por el mantenimiento del permiso y un sistema de sanciones, que incluye una multa de 6.000 dólares a los operadores que reincidan en el incumplimiento de los lineamientos, en vigor desde la fecha de publicación de la gaceta.
Las empresas «deben reflejar a los usuarios, en la factura electrónica o física, el cobro del importe del Franqueo Postal Obligatorio, correspondiente al uno por ciento (1 %), el cual será retenido y enterado por el operador postal privado a favor de Ipostel», dice el escrito.
Asimismo, la institución adelantó que impulsará el desarrollo tecnológico de una herramienta digital, con énfasis en aplicación móvil, «para que sirva de plataforma única de la prestación del servicio de entregas a domicilio a nivel nacional».
Aunque el escrito no estima en cuánto tiempo estará lista esta aplicación, ordena a todos los operadores ajustarse a los lineamientos que dicte Ipostel «en la adecuación, utilización, mantenimiento y seguridad de la plataforma única de entrega a domicilio».
Hasta ahora, las autoridades no han explicado si las empresas que ya explotan el servicio de encomiendas en el espectro digital podrán continuar operando, como lo hacen ahora mismo.
Ipostel regulará los servicios de delivery de negocios digitales
Ipostel anunció la regulación del servicio de delivery prestado por empresas digitales y de redes sociales. Según Gaceta Oficial número 42.813, las compañías deberán obtener una habilitación postal para operar legalmente.
Una vez cumplidas las formalidades para la habilitación postal, deberá suscribirse un contrato de concesión que tendrá duración de un año, que podrá renovarse por el mismo período.
«Este contrato sirve como autorización o licencia para actuar como operadores postales privados prestadores de servicio de entregas a domicilio mediante plataformas digitales, redes sociales, postales o comerciales», indicó la entidad.
Sin embargo, la concesión se revocará si no se cumplen con los términos y condiciones estipulados en el contrato.
La normativa se aplicará a personas naturales y jurídicas que operen servicios postales privados o proporcionen servicios de entrega a domicilio mediante repartidores.
El propósito principal de esta medida, señaló Ipostel, es garantizar la entrega oportuna y transparente de productos a los clientes.
Las empresas estarán obligadas a cubrir el pago de tasas y contribuciones, que incluyen tarifas de trámites, otorgamiento y renovación de la concesión, así como los montos especificados en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firma Electrónica.
También se establece que las compañías deben reflejar en la factura electrónica o física el cobro del Importe del Franqueo Postal Obligatorio, equivalente a 1%, que será transferido al Instituto Postal Telegráfico de Venezuela dentro de los primeros cinco días continuos al vencimiento de cada mes.
«No cualquier repartidor podrá hacer entregas»
Cecilia Rivero, gerente general de servicios de mensajería, confirmó este lunes en una entrevista con Circuito Onda que Ipostel establecerá un registro nacional para los repartidores y empresas de delivery. Esta medida busca regular y proteger los datos y derechos de los usuarios en el ámbito del servicio de entrega.
«Se puede entender que no cualquier repartidor podrá hacer entregas y no cualquier empresa podrá realizar Delivery. Ipostel va a abrir un registro nacional y las empresas tendrán que franquear y se va a tener que pagar unos impuestos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, esto para proteger los datos y derechos del usuario», explicó Rivero.
Enfatizó la importancia de regular el sector de delivery para garantizar un servicio de calidad y seguro para todos los usuarios. «Los restaurantes para hacer Delivery tendrían que tener la habilitación postal, así como la tiene MRW Venezuela otorgada por Ipostel; de lo contrario no podrían operar», dijo.(EN)
