A título personal, como ciudadano, y sumandose a las declaraciones emitidas esta semana por comerciantes e industriales de Caroní, agrupados en la Asamblea de Ciudadanos, el Ing. Simón Yegres sumándose a estas declaraciones ha alzado su voz para exigir «más seriedad y menos espectáculo» en el abordaje de la problemática del servicio de aseo urbano. La preocupación radica en la situación actual de ilegalidades, abusos y tarifas exorbitantes que han afectado a la población y al sector productivo durante casi tres años.
La Utilidad Pública del Servicio de Aseo Urbano Ignorada
Yegres comenzó destacando que la Constitución Nacional, en su artículo 178, y la Ley Orgánica de Gestión Integral de la Basura, en su artículo 3, establecen claramente que el servicio público de aseo urbano es de «utilidad pública y de interés social». Esta definición, lejos de ser una simple declaración, implica obligaciones y tratamientos específicos, dejando claro que el servicio no debe ser objeto de negocio ni manejado por intereses mercantiles.
Los voceros de la Asamblea de Ciudadanos denuncian que este principio fundamental no está siendo considerado en las discusiones actuales en la ciudad, donde aparentemente prevalece una visión del servicio como una oportunidad de negocio.
Tarifas Exorbitantes y un Proceso Viciado
La denuncia principal se centra en las tarifas exorbitantes aplicadas por la concesionaria. Estudios realizados por profesionales de la ingeniería revelan que, para el sector residencial, las tarifas son 15 veces más altas de lo que deberían ser, y para el sector comercial, 5 veces más.
Además de las tarifas excesivas, la Asamblea de Ciudadanos señala una serie de irregularidades en el proceso:
– El proceso de contratación fue «amañado».
– La ordenanza del aseo urbano es «viciada».
– El decreto tarifario es «ilegal desde el momento de su promulgación» e incluso «quedó derogado» con la aparición de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de Potestades Tributarias de Estados y Municipios (LOCAPTEN). Esto significa que actualmente «no hay decreto, no hay tarifas, no hay nada».
– El contrato firmado es «incompleto y, por lo tanto, irrito o nulo.
– El relleno sanitario es «inexistente». Pues sostiene que lo que existe en Guayana es un simple botadero de basura que no cumple ninguno de los procesos o normas de un relleno sanitario.
Simón Yegres hizo el pronunciamiento como ciudadano.
Dos Años y Nueve Meses de Ilegalidades y Abusos
La situación de ilegalidad no es nueva. Desde hace dos años y nueve meses, la ciudad ha sido testigo de «ilegalidades, abuso, bloqueo, multas, cierres, denuncias, demandas, embargos», entre otras situaciones «crudas y difíciles».
Se han acompañado 128 tramitaciones de embargos hasta el mes de julio, y recientemente se han introducido 7 nuevas solicitudes de embargo en un solo mes. La Asamblea de Ciudadanos recalca la incongruencia de que se estén realizando reuniones para discutir el problema mientras los embargos continúan.
Acciones Legales en Curso: Amparos y Nulidades
La Asamblea de Ciudadanos, ha emprendido acciones legales significativas para abordar la situación, demostrando la profundidad de su compromiso:
Recurso de Amparo: Se encuentra activo en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde hace dos años y medio, sin respuesta hasta la fecha.
Nulidad de la Ordenanza de Aseo Urbano: Otro recurso introducido, respaldado por más de 800 firmas.
Averiguación Administrativa y Penal: Dirigida a quienes han ocasionado esta situación en la Alcaldía de Caroní.
Críticas a la «Pesca en Río Revuelto» de Actores Políticos y Gremiales
Simón Yegres acompañado por un grupo de ciudadanos, denuncia lo que consideran una «pesca en río revuelto» por parte de diversos actores políticos y gremiales. Se cuestiona la preocupación «aparente» de personajes con responsabilidades institucionales, gremiales y políticas, quienes, según los voceros, «no han cumplido con sus responsabilidades» en el pasado y ahora se presentan como «grandes salvadores».
Se señala directamente a la Gobernación del estado Bolívar, cuya responsabilidad legal y práctica recae en la operación y administración del relleno sanitario (disposición final de la basura). A pesar de que la empresa Fospuca Caroní y la municipalidd lo califica como tal, el relleno sanitario «no existe» en la práctica, y se critica que se pretenda cobrar por un servicio inexistente.
Asimismo, Yegres interpela a las Cámaras Comerciales y a excandidatos a la gobernación que ahora expresan preocupación, preguntándoles dónde estuvieron cuando los comerciantes eran embargados y si se solidarizaron con los afectados. Se les acusa de «obviar las ilegalidades, los abusos y los sobreprecios», simplificando una situación compleja.
Los candidatos actuales a cargos municipales, a pesar de sus promesas de revisar y acomodar la situación, también son cuestionados por no haber acudido a las instancias pertinentes (Defensoría del Pueblo, Fiscalía, tribunales) durante los casi tres años de ilegalidades, especialmente aquellos con responsabilidades políticas e institucionales como concejales.
Incluso la concesionaria es criticada por ofrecer «créditos bancarios» a quienes ha contribuido a agravar su situación económica con los altos precios, lo que se considera un «horror» y una «usurpación de funciones» legislativas, ya que una empresa operadora no tiene atribuciones para modificar tasas o tarifas.
La «Mesa Técnica»: Una Distracción para un Problema Político-Económico
Los ciudadanos sostienen que la propuesta actual de una «revisión y mesa técnica» es insuficiente y desvía la atención del verdadero problema. Argumentan que una mesa técnica solo sería necesaria para discutir cálculos y conceptos de la estructura tarifaria, pero no para abordar las evidentes ilegalidades y abusos.
Se plantean preguntas contundentes que no requieren de una «mesa técnica» para ser respondidas, sino de voluntad política y acatamiento de la ley:
¿Requiere una mesa técnica ver que el relleno sanitario no existe?
¿Se necesita una mesa técnica para leer que la LOCAPTEN y la Ley Integral de la Basura establecen que las tarifas deben cobrarse por masa o volumen y no por área o metro cuadrado?
¿Se requiere una mesa técnica para acatar la decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que dictaminó que las proformas no tienen validez legal ni fiscal, cuando todos los embargos se basan en ellas?
¿Es necesaria una mesa técnica para comprender que una concesionaria no tiene atribuciones para modificar tasas o tarifas, ya que eso es legislar y usurpar funciones de un ente legislativo?
Los voceros afirman que el problema no es legal ni técnico, sino económico-político, donde los intereses económicos se han unido con los políticos.
Soluciones Propuestas: Valentía y Disposición para un Cambio Genuino
La Asamblea de Ciudadanos propone soluciones claras y contundentes, que requieren, ante todo, «claridad en la dimensión y profundidad de este problema, y sobre todo disposición y valentía para resolverlo». Consideran que estas cualidades están «ausentes» en la discusión actual.
Las soluciones planteadas incluyen:
-La creación de una nueva ordenanza de aseo urbano realmente adecuada a la realidad de Ciudad Guayana.
-Una nueva contratación y un contrato dentro de la legalidad.
-La construcción efectiva de un verdadero relleno sanitario.
-Tarifas y modalidades de cobro con criterio de servicio público.
Mientras se logran estas soluciones a largo plazo, la ciudadanía Guayanesa exige dos acciones inmediatas: la suspensión de los embargos y la suspensión de los cobros ilegales, ya que el relleno sanitario no existe, las tarifas no tienen decreto y son exorbitantes.
Simón Yegres y los ciudadanos que le acompañan reiteran su compromiso con la seriedad y la búsqueda de soluciones reales para la problemática del aseo urbano, instando a las autoridades a dejar de lado el «espectáculo» y afrontar con valentía este desafío que afecta a toda la ciudad.
Averiguaciones sobre funcionarios deben realizarse
Sostiene el ingeniero que ya como ciudadanos dieron un paso al frente al solicitar las mencionadas averiguaciones administrativas y la determinación de responsabilidades penales a que haya lugar en el caso de los funcionarios públicos y de entes como Corpoelec que participó en el proceso de cobranzas indebidas. Se refieren en concreto al alcalde de Caroní, a los concejales tanto de oposición como favorables al gobierno, al síndico procurador, al contralor municipal y la Directora de Haciencia entre otros. (Redacción)
