La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes que solicitó un permiso para realizar una visita a Venezuela durante el último trimestre del presenta año para constatar la situación de derechos humanos dentro del país.
La CIDH explicó en un comunicado que la visita también tiene la finalidad de revisar “las condiciones de las personas privadas de libertad en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I”, mejor conocido como El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En el texto, el órgano señaló que las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela carecen de independencia.
Agregó que operan como “instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario”.
“Por ello, la Comisión reafirma su indeclinable compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos y con el pueblo venezolano en su esfuerzo por recuperar la democracia y el Estado de derecho”, señaló la CIDH.
La solicitud de la CIDH se da luego de que el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, denunciara el traslado sin previo aviso de presos políticos desde El Helicoide a centros penitenciarios comunes, como la cárcel de Yare II, en el estado Miranda.
La formación política indicó que los familiares están desesperados, pues desconocen el paradero de sus parientes.
El Foro Penal y el Instituto Casla también han denunciado traslados irregulares en las últimas semanas y advierten que estos se efectúan sin notificar a familiares ni abogados, lo cual vulnera derechos fundamentales.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, alertó que esa práctica agrava la situación de indefensión de los presos políticos.
En Venezuela hay 823 personas detenidas por razones políticas, 100 de las cuales son mujeres, de acuerdo con la ONG Foro Penal. A pesar de esto, Nicolás Maduro y el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya presos políticos, algo que rechazan ONG y dirigentes opositores.
CIDH alerta sobre regulaciones estatales para generar temor y autocensura
La CIDH también alertó este martes sobre regulaciones estatales que podrían limitar la labor de las ONG y afectar el fortalecimiento democrático en la región.
La CIDH señaló que, aunque los Estados pueden establecer regulaciones sobre registro, supervisión y control de las organizaciones, estas normas no deben convertirse en instrumentos para intimidar o silenciar a quienes defienden los derechos humanos.
“Los requisitos legales no deben ser arbitrarios ni desproporcionados”, advirtió.
Entre las prácticas que preocupan a la CIDH se incluyen el uso abusivo del sistema judicial con fines intimidatorios, la vigilancia mediante tecnologías, los discursos estigmatizantes y las campañas de difamación que etiquetan a las ONG como “enemigas del Estado” o “traidoras de la patria”.
Estas acciones, según la comisión, pueden crear un clima de temor y fomentar la autocensura en las organizaciones.
Recordó que la asociación ciudadana es un elemento fundamental de la democracia, reconocido en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Y que los Estados tienen la obligación de mantener un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos. (EN)
