La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado en las protestas postelectorales
espontáneas en Venezuela —desde el 29 de julio— patrones de represión registrados durante las
manifestaciones antigubernamentales de 2014 y 2017. Así lo informó este miércoles Roberta
Clarke, presidenta de este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos.
Clarke, en la sesión extraordinaria de la OEA sobre Venezuela, destacó que se han denunciado
graves violaciones de los derechos humanos en las protestas provocadas tras el presunto fraude
electoral, y en las que han participado ciudadanos de distintos sectores del país, en particular
personas que viven en situación de pobreza.
«Estas represiones reflejan patrones ya observados por la Comisión en las protestas del 2014 y
2017. Vemos el uso arbitrario de la fuerza, que ha causado pérdida de vidas humanas y heridos;
detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas; persecución judicial y hostigamiento hacia
personas percibidas como opositores o voluntarios electorales, y censura y restricciones a las
libertades de expresión, asociación y reunión», señaló.
La presidenta de la CIDH también puntualizó hechos claves ocurridos en el período preelectoral:
El régimen intensificó las prácticas coercitivas para obstaculizar la participación política
mediante un patrón de coacción dirigido a desmovilizar a la oposición y sus posibles partidarios.
Impidió la inscripción de algunas candidaturas de oposición, impuso barreras al voto de
ciudadanos en el extranjero y denegó la entrada al país de la mayoría de las misiones de
observación.
Intensificó la persecución política, el acoso y las detenciones arbitrarias de líderes opositores,
activistas, periodistas. En este contexto, Nicolás Maduro habló de un baño de sangre.
En Venezuela la justicia no es independiente: Clarke
A un mes de las elecciones presidenciales, que se desarrollaron casi con normalidad, el Consejo
Nacional Electoral no ha publicado las actas ni ha suministrado la información necesaria para
responder a las denuncias de fraude electoral.
Por el contrario, insiste en declarar ganador a Nicolás Maduro y además se supeditó a la decisión
del Tribunal Supremo de Justicia.
«La oposición política recogió cerca de 80% de las actas a nivel nacional, manteniendo su
autenticidad para contar con los sellos, las firmas y los códigos de seguridad correspondientes. De
acuerdo con la oposición, estas actas muestran que Edmundo González ganó las elecciones y, para
facilitar la verificación independiente de los resultados, la oposición publicó copias de estas actas
en los sitios web que han sido objeto de ataques informáticos», destacó Clarke.
Recordó asimismo que la CIDH ha advertido reiteradamente sobre la ausencia de un Poder Judicial
independiente en Venezuela y la cooptación del Tribunal Supremo de Justicia por el régimen de
Nicolás Maduro.
Señaló el abuso de la fuerza pública entre el 28 y 30 de julio contra las manifestaciones e indicó
que esto causó la muerte de al menos 23 personas, muchas de ellas eran jóvenes.
«Una persona murió por balazo en la parte de atrás de la cabeza. La información preliminar señala
que 10 de las muertes son atribuibles a fuerzas del Estado, 8 a fuerzas militares, 2 a la policía y 6 a
los colectivos que actúan con el consentimiento y la tolerancia del Estado», expuso.
¿Qué ha documentado la CIDH sobre las detenciones forzadas en Venezuela?
Roberta Clarke señaló que la CIDH ha recibido información sobre un patrón de violaciones a la
libertad personal desde el 22 de julio hasta la fecha. Organizaciones de la sociedad civil, citó, han
registrado al menos 1.674 personas detenidas, entre ellas 138 adolescentes.
«La privación arbitraria de la libertad se registra de forma selectiva a través de una estrategia de
tensión y criminalización contra aquellos que cuestionan los resultados electorales anunciados por
el Consejo Nacional Electoral», manifestó.
«La llamada operación tun tun se ha centrado especialmente en los voluntarios electorales y en
quienes son percibidos como opositores al régimen, incluidos periodistas, líderes de la oposición,
defensores de derechos humanos y estudiantes», añadió.
Dijo asimismo que las personas detenidas en este contexto enfrentan delitos que, además de
«tener penas excesivamente altas», atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión. Estas
acusaciones, menciona la experta, incluyen delitos de incitación al odio.
Escalada de la represión y ataques contra los periodistas
La presidenta de la CIDH advirtió la escalada de la represión y los ataques sistemáticos contra los
periodistas en Venezuela, incluyendo la detención arbitraria y la acusación de incitación al odio y
terrorismo. «También se han cancelado pasaportes, se han cerrado medios de comunicación, ha
habido confiscación de equipos y deportación de personas de prensa», agregó.
El órgano independiente de la OEA también ha registrado el bloqueo de sitios web, sitios sociales,
plataformas de mensajería instantáneas, así como el uso de aplicaciones que «incitan a los
ciudadanos a delatarse unos a otros», como la aplicación VenApp que, pensada para la gestión de
servicios públicos, fue reconfigurada con el objetivo de denunciar a opositores. (EN)
