Un número de 73 extrabajadores de la empresa Venezolana de Cemento que despidieron injustamente hace un año, siguen padeciendo y exigiendo que dicha cementera les pagué la diferencia de sus prestaciones.
Alcides Figueroa, uno de los afectados indicó que para ese momento fueron echados 120 hombres, de los que actualmente quedan 73 que cumplen un año exigiendo a representantes de la Venezolana de Cemento que les cancele la diferencia de sus prestaciones.
A ellos, además de ser despedidos injustamente, les pagaron sus beneficios por debajo de lo que establece la ley. Por lo que solicitan que les devuelvan la diferencia porque ya algunos presentan problemas de salud y todos tienen necesidades en sus hogares.
Figueroa, explica que exigen lo que por derecho les corresponde; pus luego de un año que se concretó su despido injustificado la empresa lo que ha hecho es dilatar y entorpecer los reclamos a través de los Tribunales del Trabajo.
El Tribunal Noveno decidió recibir las demandas de los despedidos, sin embargo, cada caso debe estar conformado por tres afectados. Dice que en el grupo de los despedidos hay personas con 40 años de servicio y les escamotearon sus prestaciones, situación que el Estado tiene que revisar.
Figueroa, en nombre de todos pide al presidente de la República, Nicolás Maduro, al Fiscal General Tarek William Saab y al Ministro del Trabajo, Alexis Corredor que intervengan en el caso.
Advirtió que ellos, no son enemigos del Gobierno, mucho menos de la empresa, “únicamente pedimos que se nos retribuya la diferencia de nuestras prestaciones sociales que es patrimonio de nuestra familia”.
También recordaron que los 120 hombres despedidos fueron pioneros de la cementera y que en cada estructura de cemento que existe en el país, hay una parte de estas personas liquidadas injustamente.
Considera que representantes de la cementera venezolana asesorados por sus abogados y en complicidad con otros altos cargos, dilatan el proceso para que los beneficiarios no reciban el resto de sus prestaciones de acuerdo a amenazas que recibieron de parte de una comisión de la cementera que se trasladó desde Caracas a Ciudad Guayana y se reunió con ellos en una oportunidad. (Agencias)
