En un contexto de máxima tensión geopolítica, el panorama en Venezuela se tornó más agresivo tras las recientes directrices emitidas por el gobierno venezolano. Mientras la justicia de Estados Unidos intensifica la búsqueda de sus principales líderes, el Palacio de Miraflores respondió activando un plan de captura inmediata contra cualquier disidencia interna.
En un reciente encuentro político-militar, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, marcó una nueva hoja de ruta para los organismos de seguridad, ordenando a las unidades de élite lideradas por el coronel Granko Arteaga identificar y detener a quienes el oficialismo denomina «conspiradores de la patria».
“Combate a todas las bandas criminales, a narcotraficantes, conspiradores, terrorismo nacional e internacional, por aquí no pasarán”, dijo Cabello a Arteaga.
A pesar de su control sobre el aparato de seguridad interna, la situación legal de Cabello fuera de las fronteras venezolanas es crítica. El Departamento de Estado de EE UU mantiene vigente una recompensa de 25 millones de dólares por información que facilite su arresto.
Las acusaciones que pesan sobre él en un tribunal federal de Nueva York incluyen narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, liderazgo del Cártel de los Soles, una estructura que Washington vincula directamente con altos mandos militares y con el propio Nicolás Maduro.
Además, el ministro se encuentra bajo el radar de la OFAC, lo que mantiene sus activos en jurisdicción estadounidense totalmente bloqueados.
Simbolismos y ecos del pasado
Ante el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, Cabello optó por una narrativa de confrontación asimétrica. En sus apariciones públicas más recientes, instó a la población a prepararse para una «lucha armada», utilizando un machete como símbolo de resistencia.
Este gesto encendió las alarmas de diversos analistas internacionales, quienes ven una preocupante similitud con las acciones de Manuel Antonio Noriega en Panamá, poco antes de la intervención militar de 1989.
La presión contra el gobierno de Maduro no se limita a lo judicial. Con la presencia de 11 buques de guerra cerca de las costas venezolanas, la administración estadounidense busca desmantelar las rutas de narcotráfico atribuidas a lo que designaron como una Organización Terrorista Extranjera. (EN)
