El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó el lunes el silencio de la Corte Penal Internacional (CPI) frente a lo que calificó como “masacres” cometidas por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental durante operaciones antidrogas, en las que, según denunció, han muerto más de 80 personas.
Durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV, Cabello aseguró que la CPI “no ha abierto la boca” para fijar posición sobre estos operativos, en los que “acusaron de delitos” a personas sin pruebas.
“Yo no voy a defender a ningún narcotraficante, pero no es lo que establece la norma para combatir el narcotráfico”, afirmó, al tiempo que acusó al tribunal internacional de ser “una herramienta del imperialismo” para perseguir pueblos, gobiernos y países.
Cabello critica el rol de la CPI
El dirigente cuestionó directamente la labor de la corte con sede en La Haya, asegurando que “el silencio que guarda en el caso de masacres en distintas partes del mundo es grosero”.
Cabello reiteró que la CPI es utilizada, según su visión, por Estados Unidos para sus intereses geopolíticos.
Las declaraciones ocurren en medio del deterioro de las relaciones entre Venezuela y el tribunal, cuya Fiscalía anunció recientemente el cierre de su oficina en Caracas debido a lo que consideró una falta de “progreso real” en los mecanismos de complementariedad con el Estado venezolano. La CPI mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017.
En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro acusó al organismo de promover un “colonialismo jurídico” y, en paralelo, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, comenzó a preparar un proyecto de ley para denunciar el Estatuto de Roma y retirar formalmente al país de la corte.
Venezuela denuncia presencia militar de EE UU en el Caribe
Cabello vinculó sus críticas a los recientes pronunciamientos del gobierno venezolano sobre el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, que ha sido catalogado por Caracas como una amenaza orientada a favorecer un cambio de régimen.
El 2 de diciembre, el embajador venezolano ante la CPI, Héctor Constant Rosales, advirtió ante los Estados Partes que la estabilidad regional se encuentra amenazada por un despliegue militar estadounidense sin precedentes, el cual, dijo, “pone en riesgo a una región amante de la paz”.
En su intervención, el diplomático exigió al tribunal “mirar de frente la dimensión del horror, la impunidad y la complicidad” que rodean los operativos estadounidenses, e instó a que estos hechos sean evaluados con la misma rigurosidad que los procesos abiertos contra Venezuela. (EN)
