Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, afirmó que la ley contra las ONG que aprobó el chavismo en
la Asamblea Nacional socava la democracia en Venezuela y aísla aún más a Nicolás
Maduro de la comunidad internacional.
La norma, llamada Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento a las
ONG y organizaciones sociales, contempla la disolución judicial de las agrupaciones que
«violen» las disposiciones establecidas.
«La nueva ley de Maduro y sus representantes para controlar a las ONG venezolanas es un
ataque directo contra la sociedad civil y la libertad de asociación», manifestó el alto
funcionario del gobierno estadounidense.
Además, afirmó: «Socava la democracia e impide la participación ciudadana en los
espacios cívicos. Esta acción solo aislará aún más a Maduro de la comunidad mundial».
¿Qué dice la nueva ley de Venezuela sobre las ONG?
La nueva legislación en Venezuela impone restricciones significativas a las organizaciones
no gubernamentales. Según la normativa, las ONG no podrán recibir ni otorgar fondos a
partidos políticos, ni promover ideologías que inciten al «fascismo, la intolerancia o el
odio».
La ley también detalla las causas para la disolución de estas entidades, que incluyen el
incumplimiento de las restricciones impuestas, decisión que debe ser emitida por un
tribunal, así como el impago de multas después de haber agotado los recursos judiciales
disponibles.
Especifica además que los tribunales civiles de primera instancia serán responsables de
decidir sobre la disolución de las ONG y que se garantizará el derecho a la defensa y el
debido proceso.
Además, las ONG deberán informar sobre cualquier financiamiento o donación que
reciban para asegurar la legalidad de los fondos. Esto incluye declarar las donaciones con
la identificación completa de los donantes, especificando si son nacionales o extranjeros, y
si las donaciones son ocasionales o permanentes.
El seguimiento y control del cumplimiento de estos requisitos será responsabilidad del
Ejecutivo, que implementará mecanismos de evaluación y supervisión para asegurar que
se cumplan los deberes y prohibiciones establecidos en la ley.(EN)
