Tras tres años de una lucha persistente que se libró en tribunales, instituciones y calles, la Asamblea de Ciudadanos de Caroní celebró este viernes 12 de diciembre lo que consideran un triunfo de la voluntad civil: la rescisión del contrato de la empresa recolectora Fospuca. Lo que comenzó como un reclamo por tarifas impagables y métodos de cobro asfixiantes, ha culminado en un cambio de rumbo político y administrativo en el municipio.
Un Triunfo de la Perseverancia
El ingeniero Simón Yegres, vocero principal de la Asamblea de Ciudadanos, recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y profunda satisfacción. «Saludamos la decisión de los entes gubernamentales de rescindir estos contratos, algo que nosotros veníamos exigiendo debido a las ilegalidades, abusos y cobros indebidos», señaló Yegres.
Para la Asamblea, este desenlace no es una concesión gratuita del poder político, sino el resultado directo de tres años de resistencia. Yegres reivindica a los comerciantes y ciudadanos que recorrieron la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y los Tribunales, enfrentando incluso agresiones físicas y el miedo constante. «Salir de esa pesadilla en la que se convirtió el sistema tarifario y los métodos de embargo es un logro de los ciudadanos que lucharon», afirmó con contundencia.
El Saldo de la Resistencia: 155 Intentos de Embargo
El reporte de la Asamblea es preciso: durante este periodo se registraron 155 trámites de embargo. Yegres destacó con nombre propio a las víctimas que se convirtieron en símbolos de esta lucha: «Desde ‘Repuestos Star Motors’, que fue la primera víctima, hasta ‘Fundición Marca’, la última. A ellos les agradecemos extraordinariamente la entereza que tuvieron».
Asimismo, el ingeniero fue crítico con la gestión saliente, señalando la corresponsabilidad de las autoridades anteriores. «El alcalde saliente, Tito Oviedo, su grupo de concejales principales y suplentes, el exgobernador Ángel Marcano y los diputados del Consejo Legislativo del estado Bolívar, quienes no cumplieron con su rol. Por comisión u omisión, son responsables de esta tragedia creada en el municipio».
Vigilancia Activa y Futuro del Servicio
A pesar de la celebración, la Asamblea advierte que no bajará la guardia. Aún quedan interrogantes sobre el resarcimiento de daños para quienes sufrieron embargos y la ilegalidad de las multas aplicadas mediante el cierre del portal fiscal. Yegres aseguró que seguirán acompañando a cada afectadon que decida hacer valer su reclamo a través de la vía judicial; destacó además que la lucha ahora se traslada a la creación de una nueva normativa legal, una reforma que construya la Ordenanza de Aseo Urbano que merece Guayana, apegada a la Ley y consultada realmente con la ciudadanía, gremios e instituciones.
«Lo que viene es una nueva ordenanza en materia de aseo urbano. Exigimos una consulta amplia, como dicta la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que garantice la participación real de gremios y ciudadanos. Nunca más se deben otorgar poderes de autoridad municipal a empresas privadas», sentenció el ingeniero. Además, instó a la ciudadanía a tener paciencia en los primeros meses de la transición, mostrando una actitud colaboradora para retomar el servicio de aseo sin los vicios del pasado.
El Amparo Materializado
Desde la perspectiva jurídica, el Dr. Félix Isturiz, representante del Colegio de Abogados y asesor de la Asamblea, describió el momento del anuncio como la materialización de la justicia. Al enterarse de la reapertura del portal fiscal, Isturiz sintió que el trabajo legal finalmente daba frutos.
«El amparo se materializó. Lo que solicitábamos era el cese a la violación clara de derechos, específicamente el impedimento al acceso al portal que bloqueaba a los ciudadanos para estar al día», explicó el Dr. Isturiz. Para el abogado, este desenlace es un mensaje de esperanza para la sociedad civil: «Es posible seguir creyendo en los ciudadanos, en la lucha y en que los mecanismos de la Constitución son posibles de materializar cuando hay una voluntad firme contra la violación de derechos».
Con la consigna «Aseo sí, estafa no», la Asamblea de Ciudadanos cierra un capítulo oscuro en Guayana, abriendo paso a la expectativa de un sistema de recolección moderno, justo y, sobre todo, respetuoso con la dignidad de sus habitantes. Muy diferente posición a la felicitación gubernamental de los gremios empresariales en las ruedas de prensa del día de ayer, donde incluso hasta se planteó una suerte de borrón y cuenta nueva bajo la premisa de “no hacer leña del árbol caído”, lo que para algunos representa dar pie a la impunidad y no responsabilizar a quienes actuaron al margen de la Ley y las decisiones del TSJ. (Redacción- CNP 8235)
