En las calles de Ciudad Guayana, el aire no solo se siente pesado por el polvo de las industrias, sino por una indignación que se niega a disiparse. El retiro de la empresa privada Fospuca de la recolección de basura, que en principio pareció una victoria popular, ha resultado ser, en palabras del Ingeniero Simón Yegres, representante del comité coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Caroní, una «suerte de ardid» o un espejismo legal.
Bajo la premisa de que «la estafa continúa», la Asamblea ha fijado una posición técnica y firme: el cambio de manos de una gestión privada a una pública no ha aliviado el bolsillo del guayanés, sino que ha mutado en una nueva forma de coacción institucional.
El «Ardit» de la Remisión: Pagar para ser «Perdonado»
El Ing. Yegres es enfático al desglosar los instrumentos legales recientes de la Alcaldía. Aunque se promociona una «ordenanza de remisión» de multas e intereses, advierte que esta funciona como una trampa. Para que un comerciante pueda disfrutar del beneficio de no pagar multas, la municipalidad le exige:
Pagar el mes de diciembre de 2025 bajo las tarifas de Fospuca, las cuales la Asamblea califica de «monstruosamente exorbitantes» e ilegales.
Cancelar toda la deuda acumulada (desde 2022 a 2025) en un solo pago inmediato, sin posibilidad de fraccionamiento.
Mantenerse al día por los próximos seis meses, bajo amenaza de perder el beneficio si falla un solo pago.
«Te obligan a pagar un mes de diciembre con tarifas que superan lo que debería ser un año entero de servicio real,» denuncia Yegres.
El Ing. Simón Yegres fue enfático «Se fue Fospuca, pero la estafa sigue». – Foto cortesía Félix Requena
El Misterio del Relleno Sanitario: Un Cobro por lo Inexistente
Por si esto fuera poco, si la recolección es competencia municipal, la disposición final de los desechos (el relleno que según dicen no existe) recae sobre la Gobernación. Aquí es donde la crónica se torna oscura. Según la Asamblea, la Gobernadora se mantiene en un silencio sepulcral sobre el relleno de El Cañaveral. A pesar que todos los días publica en redes sociales un montón de videos e informaciones, pero sobre este punto nunca ha dicho nada.
La Asamblea de Ciudadanos sostiene que el relleno sanitario, como estructura técnica, no existe. Pero además, como al descuido, se sigue cobrando una tasa de relleno sin sustento en ninguna providencia administrativa ni estudio de costos, simplemente basado en lo que estableció como le dió la gana la empresa ya ida Fospuca.
Aparte de todo lo anterior hay un aspecto que queda en el limbo de la Dimensión Desconocida, pues mientras la Alcaldía habla de remisiones de deuda de 2024 hacia atrás, el año 2025 queda como una «deuda viva» que permite a Fospuca seguir intentando embargos y litigios contra los comerciantes. Como de hecho lo han venido haciendo, incluso introduciendo este mismo mes 6 nuevas solicitudes de embargo por esa deuda que todo el mundo califica como írrita, o sea ilegal desde todo punto de vista.
La Matemática de la Justicia: ¿Cuánto deberíamos pagar?
El Ing. Yegres presentó un estudio técnico elaborado por un equipo de ingenieros que contrasta las aspiraciones de lucro privado con la realidad de un servicio público y basado por cierto en las propias cifras de recaudación de las que habló Fospuca cuando llegó a la zona, que por cierto nunca fueron establecidas legalmente pues ni en el contrato con la Alcaldía aparece el monto de dichas tarifas. Según los datos que en su momento presentaron los miembros del Colegio de Ingenieros las tarifas deberían haber quedado así:
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Sector |
Tarifa «Estafa» (Promedio) |
Tarifa Real Técnica (Con 30% utilidad) |
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Residencial |
$11.56 |
$0.76 |
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Comercial/Empresarial |
$155.12 |
$28.97 |
La lógica de la Asamblea es demoledora: si ahora el servicio es público (prestado directamente por el Estado), los costos deberían bajar aún más, ya que la Alcaldía no paga alquileres de local o maquinaria a terceros, no paga impuestos al SENIAT y su fin no es el lucro, sino el bienestar social.
«Estafa es estafa. Si me cobrabas mil y ahora me cobras 500 cuando el costo real son 10, me sigues estafando,» sentencia el ingeniero.
El Camino de la Lucha: Demandas y Asambleas
Mientras todo este panorama se complica día con día, la ciudad sigue sucia. Yegres reconoce que dado el cambio se esperaba que el servicio presentara fallas y problemas hasta que se logre una planificación adecuada, proceso que puede llevar unas semanas, sin embargo la nueva gestión municipal presenta «muchas fallas y deficiencias» en la frecuencia de recolección, algo que califican como improvisación gerencial.
La asamblea de Ciudadanos de Caroní destacó la situación del aseo – Foto Cortesía Félix Requena
Pero el fondo no es solo la basura en las esquinas, sino la legalidad del sistema lo que crea un enorme vacío de fondo y deja abierta la puerta a cualquier cantidad de irregularidades por la falta de una ordenanza discutida abiertamente, conversada con la ciudad y vista de la necesaria perspectiva de la utilidad pública.
El Contraataque Ciudadano: Demandas y la «Ruta de la Legalidad»
El Ingeniero Simón Yegres es tajante: la Asamblea de Ciudadanos de Caroní no se quedará en la denuncia mediática. Ante la falta de transparencia y la persistencia de cobros que consideran ilegales, han diseñado una estrategia de dos fases que busca devolver el conflicto al terreno del derecho y la justicia técnica.
Ante la falta de claridad hasta en las declaraciones, más allá del boom y fanfarria de la salida de Fospuca, la Asamblea de Ciudadanos, según destacó el ingeniero Yegres está pensando ya en una ruta de acciones para evitar que la situación pueda convertirse en algo parecido a la pesadilla desplegada por Fospuca durante 3 años, pues pareciera que se camina directamente hacia ello. Para ello han pensado en varios escenarios.
1. Emplazamiento a las Autoridades
La Asamblea enviará comunicaciones formales con exigencias específicas para los dos niveles de gobierno:
A la Gobernación: Se le exige que rompa el silencio sobre el Relleno Sanitario de El Cañaveral. La comunicación puntualizará la inexistencia técnica de dicha infraestructura, la falta de una base imponible real y la ilegalidad de seguir cobrando por un servicio que no cumple con las normas ambientales.
A la Alcaldía: El foco estará en la «Supuesta Nueva Ordenanza» de la que se habla en el comunicado que han distribuido por todas partes y que a la fecha de hoy 21 de enero no da visos ni de iniciarse siquiera el planteamiento en la Cámara Municipal. Yegres advierte que no aceptarán «simulacros de consulta» de dos días. Exigen que se respete la LOCAPTEN, que se abandone definitivamente el criterio de metros cuadrados y que se realice un estudio de costos serio, no basado en el «capricho» de cuánto está dispuesto a pagar el comerciante para no ser embargado.
2. La Vía Judicial: Demanda por Estafa Continuada
Quizás el anuncio más contundente es la preparación de una demanda tribunalicia. La Asamblea ya trabaja en el expediente contra lo que califican como una «estafa continuada» respecto al relleno sanitario y servicio de aseo. Además, ejercerán acciones administrativas contra los procedimientos judiciales y fiscales que han permitido embargos durante estos tres años de conflicto.
«Si te estaban estafando con mil dólares y ahora te cobran 500, no es un beneficio: sigue siendo estafa. Un gobernante serio no dice ‘págame la mitad para que no chilles’, un gobernante serio aplica estudios profesionales y respeta la reserva legal», sentenció Yegres.
Yegres mostrando el comunicado ambiguo de la alcaldía de Caroní – Foto Cortesía Félix Requena.
Un servicio público, no un botín
Para la Asamblea, la transformación del servicio de una gestión privada a una pública —como reza el comunicado oficial de la Alcaldía— obliga por ley a reducir drásticamente las tarifas. Al no existir fines de lucro, los montos deberían ser una fracción mínima de lo que se cobraba anteriormente.
La ciudad, mientras tanto, observa con escepticismo. Las calles aún muestran las costuras de una transición improvisada y deficiente. La posición de los ciudadanos es clara: celebran la salida del actor privado, pero no aceptarán que el actor público herede sus vicios. La crónica de Caroní no ha terminado, ha pasado de las calles a los expedientes, y la Asamblea de Ciudadanos promete no retroceder hasta que la tarifa refleje la realidad y no el apetito fiscal del municipio. Mientras las autoridades hablan de «rescatar la administración», los ciudadanos, con facturas en mano y leyes bajo el brazo, aseguran que no permitirán que el «carácter público» del servicio sea solo una etiqueta para perpetuar un cobro que consideran un robo a plena luz del día. (CNP 8235)
