A un año de la detención en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo, el gobierno de Javier Milei denunció que se trata de “un caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”. La pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, aseguró a EFE que “su único delito fue ser argentino”.
Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por agentes de seguridad venezolanos tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia. Según las autoridades argentinas y la familia, su viaje tenía como objetivo visitar a su pareja y a su hijo.
En un comunicado conjunto de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Seguridad, el gobierno argentino calificó la detención como “arbitraria e injustificada”.
Nahuel Gallo no tiene garantías en Venezuela
Subrayó que Gallo permanece sin garantías judiciales ni acceso a sus familiares. “La permanencia del gendarme en esta situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una violación del derecho internacional”, señalaron.
El régimen venezolano, por su parte, sostuvo que Gallo era uno de los 125 “mercenarios” extranjeros detenidos por supuestos planes contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y acusó al gobierno de Milei de estar implicado en ese presunto complot.
“Nahuel quiso ir a visitar a su familia y su único crimen fue ser argentino”, dijo Gómez a EFE, quien también pidió que “toda la sociedad argentina” y los dirigentes que aún no se han pronunciado se unan para exigir su liberación inmediata y el regreso del padre a su hijo.
Gómez dejó Venezuela en mayo junto a su hijo de 3 años de edad, en un traslado coordinado por el Ministerio de Seguridad.
Argentina ha presentado el caso de Gallo ante distintos organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, solicitando medidas cautelares urgentes y denunciando a los responsables.
Elisa Trotta, activista venezolana radicada en Argentina, enfatizó a EFE: “Nahuel no está preso, Nahuel está en desaparición forzada. Hace 365 días que no ha tenido asistencia consular, no cuenta con abogados ni ha podido comunicarse con su familia”.
A un año de la detención, Gómez continúa exigiendo la liberación de Gallo y de los más de 1.000 presos políticos que, según ella, mantiene como rehenes el régimen de Maduro. Trotta añadió que confía en que Gallo regresará a su hogar: “Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y esto no puede quedar impune”. (EN)
