La Asamblea Nacional de 2020 presentó este martes un proyecto de ley para derogar el Estatuto de Roma y así formalizar la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta medida se anuncia un día después de que el tribunal de La Haya anunció el cierre de su oficina en Caracas, argumentando la «falta de progreso real» en la cooperación con las autoridades venezolanas.
El diputado chavista Roy Daza justificó la iniciativa durante una sesión ordinaria, acusando a la Corte de actuar con sesgo.
«Hay una posición sesgada por parte de la Corte Penal Internacional y por eso estamos proponiendo ante esta Asamblea la derogatoria de este instrumento», indicó Daza.
El parlamentario afirmó que la Fiscalía de la CPI se ha «instrumentalizado» por los «poderes fácticos y con los poderes económicos, políticos y culturales del imperialismo», desviándose de los fines para los que fue creada.
El presidente de la Asamblea Nacional , Jorge Rodríguez, respaldó la postura, aunque sus declaraciones se centraron también en el «profundo desprecio» que, a su juicio, sienten el Parlamento y el pueblo venezolano por la inacción de la CPI ante el «genocidio» en Gaza.
La decisión de la CPI de cerrar su oficina en Caracas
La propuesta de derogación surge inmediatamente después de que el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, anunció el lunes que cerrarán la oficina instalada en 2024 en Caracas.
Niang explicó que a pesar del «compromiso sostenido», el tribunal concluyó que el «progreso real sigue siendo un reto» en la aplicación del principio de complementariedad (que exige al país investigar seriamente los crímenes internos).
No obstante, la Fiscalía subrayó que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017 «permanece activa» y continuará siendo dirigida por un equipo desde La Haya.
Respuesta del gobierno de Maduro
El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó al cierre de la oficina acusando a la Fiscalía de la CPI de desatender sus deberes y de justificar un «colonialismo jurídico» contra el país.
En un comunicado, la Cancillería sostuvo que «es muy obvio» que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad, tachando el proceso de la Corte como «instrumentalizado con fines geopolíticos». (EN)
