Durante la celebración del foro Visión y Futuro de Guayana, organizado por el dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, en Puerto Ordaz, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, enumeró algunas de las acciones que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido contra los trabajadores, advirtiendo que medidas como el Arco Minero afectan la sustentabilidad del desarrollo industrial en Bolívar y el país.
De Grazia inició su intervención comentando que en una ocasión le tocó visitar la sede de la Organización de Estados Americanos, en Washington, donde habló con el entonces secretario general del organismo, José Miguel Insulza, quien le reclamó calificar de “régimen” al Gobierno de Chávez.
“Insulza inmediatamente me paró y me dijo: ‘Yo creo diputado que ese es un término muy fuerte’. Hoy Luis Almagro no duda en calificar a este gobierno de régimen. De modo que sí hemos avanzado, tocando todas y cada una de esas puertas a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso se debe en gran medida a un esfuerzo colectivo que hemos hecho todos los venezolanos, dentro y fuera de la MUD, dentro y fuera del país”.
Corrupción
El diputado De Grazia explicó una de las formas en que la corrupción ha afectado a los trabajadores, pues el dinero que pudo destinarse al mantenimiento o adecuación tecnológica de las Empresas Básicas para hacerlas más productivas e incrementar su capacidad de generación de empleos, terminó siendo dilapidado en detrimento de la calidad de vida de todos los venezolanos.
Como ejemplo puso el caso de los 23.747 millones de dólares sacados irregularmente de Cadivi con empresas de maletín, hecho denunciado por el exministro de Chávez, Jorge Giordani.
“Lo hicieron con importaciones falsas diciendo que traían comida, que traían lavadoras y no trajeron nada. Y dijo Giordani en ese momento que eran contenedores llenos de basura, vacíos o con cosas distintas a las que debían importar. Nosotros pedimos cuáles eran las empresas que habían estafado a la nación, y todavía estamos esperando esa respuesta”, indicó.
“Con 23.747 millones de dólares se pueden construir 19 siderúrgicas como Sidor. En todo el país. Se pudo haber construido una siderúrgica en cada estado, pero hoy no tenemos esa cantidad de dinero ni siquiera en reserva. Eso no es ladronismo, eso no es corrupción. Es un saqueo, un tsunami que le pasó a Venezuela y nos tiene condenados a esto que estamos viviendo”, graficó De Grazia.
Gobierno antiobrero
A propósito de los despidos y amenazas contra trabajadores del sector público por firmar la solicitud de referéndum revocatorio, De Grazia calificó como una locura las declaraciones del ex diputado y ahora ministro Ricardo Molina, quien señaló como “indignante” la presencia en la nómina del Estado de personas que no pertenezcan a la revolución.
“¿Ustedes saben qué hacía Arias Cárdenas después de haber dado el golpe de estado, cuando lo pusieron en libertad? Rafael Caldera lo puso a dirigir el PAMI (Programa de Alimentación Materno Infantil) a nivel nacional, un cargo de alta jerarquía. ¿Y ustedes saben quién era el jefe de distribución del PAMI a nivel nacional? Un personaje llamado Diosdado Cabello. ¿Y ustedes saben quién era el jefe del pasaje preferencial estudiantil en Fontur? Jorge Rodríguez”, recordó el parlamentario.
Además calificó como un “decreto de neoesclavitud” el que confiere al Estado venezolano la potestad de disponer de cualquier trabajador en el sector público y privado para destinarlo, esté de acuerdo o no, a laborar en agricultura.De Grazia cuestionó la atribución confiscada por el Consejo Nacional Electoral de decidir cuál sindicato es legal y cuál no, violentando normas de la Organización Internacional del Trabajo.
Frente de lucha
Sobre el Arco Minero del Orinoco, decreto presidencial que implica la entrega de casi 112 mil kilómetros de tierra a trasnacionales para la explotación minera a cielo abierto, un territorio que representa el 42% del estado Bolívar y 12% del país, Américo de Grazia explicó que también es una amenaza no sólo a los intereses de los trabajadores sino de todos los guayaneses y venezolanos.
“No sólo es ecológicamente criminal sino también étnicamente criminal porque acaba con las etnias indígenas, genocida porque han instrumentado la muerte a lo largo y ancho del territorio, y por si fuera poco vulnera nuestra soberanía. El decreto del Arco Minero es una traición a la patria”, sentenció.
El parlamentario y dirigente de La Causa R llamó a consolidar un frente contra el ecocidio, etnocidio y genocidio que significa el Arco Minero, pues a su juicio pone en riesgo la sustentabilidad del futuro industrial, turístico y ambiental de la región. (Prensa La Causa R)
