Luis Hidalgo Parisca
Coordinador de Organización de la Plataforma Agroalimentaria Nacional.
Para el proceso de reconstrucción de la agricultura y propiciar un desarrollo rural armónico y sustentable, es necesario establecer una alianza estratégica entre el Poder Municipal y el sector agroalimentario nacional, que factibilice ese desarrollo, beneficioso para ambos factores económicos y políticos.
En el marco del Plan País denominado Venezuela Tierra de Gracia, que la líder democrática María Corina Machado ha presentado a la nación venezolana, es perfectamente posible concretar esa alianza entre agricultores y municipalistas para hacer realidad la municipalización agrícola y la plena potenciación de una buena gobernanza local, como parte fundamental del proceso de federalización contemplado en esa propuesta de plan de gobierno ofrecida a los venezolanos. Entre los grandes objetivos del Plan para el sector agroalimentario, se contempla aumentar la producción y la productividad agrícola, ser el principal soporte de la seguridad alimentaria, contribuir al abatimiento de los niveles de inflación en los alimentos, promover exportaciones agrícolas con mayor valor agregado, estimular y fortalecer la existencia de una sólida clase media rural y mejorar la calidad de vida en el campo.
De los 335 municipios del país, se estima que en un poco mas de 200 de esas áreas geográficas, sus poblaciones en una alta proporción, dependen o están muy vinculadas económica, social y culturalmente, a las actividades del sector agroalimentario y forestal: la producción agrícola, ganadera, avícola, caprina, ovina, pesquera, maderera, agroindustrial, agrocomercial y de agroservicios. Para esas municipalidades, la agricultura tiene un peso económico, social y político de primer orden, que no se puede desestimar, especialmente si se quiere alcanzar, como es el objetivo del sistema federal de gobierno, la mayor autonomía financiera y política con respecto al poder central.
Por otra parte, los componentes sociales del mundo agroalimentario, cada vez tienen más conciencia acerca de la importancia y conveniencia de que las decisiones operativas de las políticas públicas sectoriales, se tomen en el nivel institucional más cercano al ámbito donde desarrollan sus actividades, el cual no es otro que el Poder Público Municipal.
La descentralización del poder nacional, la desestatización de la economía y la eliminación del partidismo en el funcionamiento del gobierno y de la sociedad civil, constituyen tres de los principales soportes de la nueva institucionalidad que deba regir en el país a partir del año 2025.
Con base a estas premisas, consideramos que las propuestas de gobierno complementarias al Plan Tierra de Gracia, que tanto la Plataforma Agroalimentaria Nacional, como otros factores gremiales, académicos y políticos, han formulado para el desarrollo agrícola y alimentario del país, son las más apropiadas, puesto que ellas están enmarcadas dentro de los criterios de redimensionamiento económico y social que definen y orientan al referido Plan.
En este sentido compartimos los criterios y opiniones expresadas por solventes académicos y asesores técnicos empresariales, que han señalado que para garantizar el éxito de un programa eficaz de desarrollo agroalimentario, es indispensable la existencia de un ambiente macroeconómico e institucional que posibilite un crecimiento económico sostenido con baja inflación, que a la vez también garantice equidad en el acceso de los ciudadanos a los factores generadores de riqueza.
De igual manera también compartimos varias condiciones esenciales para contribuir al éxito del Plan Venezuela TDG agroalimentario, entre las que destacamos:
• Que las políticas públicas sectoriales deban estar orientadas a establecer y consolidar los sistemas y cadenas agroalimentarias
• Que la elaboración y desarrollo definitivo de la estrategia de desarrollo agroalimentario, debe ser producto de una concertación del Estado con los diversos componentes económicos, técnicos y sociales del sistema agroalimentario nacional.
• Que la estrategia debe apuntar al desarrollo prioritario de los rubros alimenticios dominantes en materia de provisión de energía y proteínas, tales como maíz blanco, arroz, caña de azúcar, hortalizas, oleaginosas, granos leguminosos, carne bovina, leche, carne de pollo y huevos.
• Que dicha estrategia debe fortalecer las exportaciones de rubros en los que el país tiene ventajas comparativas y competitivas, tales como: café, cacao, pesca y productos de la acuicultura, yuca, frutas tropicales, frijoles chinos, ajonjolí y aguacate.
• Que se debe garantizar la seguridad alimentaria de los sectores en situación de desventaja social y económica, especialmente niños, mujeres embarazadas y ancianos, a través de programas alimentarios y subsidios.
• También creemos que debe descartarse el falaz argumento, según el cual, las restricciones en materia de acceso económico a los alimentos por parte de los consumidores, se deba a los altos precios que reciben los productores, cuando en realidad esa restricción obedece al bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población.
En cuanto se refiere a las medidas y acciones concretas de gobierno que consideramos deben emprenderse con celeridad, reiteramos las propuestas de políticas públicas que ya hemos planteado a través de la Plataforma Agroalimentaria Nacional:
Solicitar formalmente y facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria internacional para atender la emergencia alimentaria.
Reinstitucionalizar el sector público sectorial mediante la consolidación en un solo ente ministerial, todas la competencias en materia agrícola y alimentaria.
Restablecer la seguridad jurídica mediante la restitución del respeto a los derechos de propiedad.
Facilitar la importación inmediata por el sector privado, de las semillas y demás insumos de calidad comprobada, así como las maquinarias y equipos necesarios para la producción agropecuaria.
Articular con la banca nacional y la bolsa agrícola, programas de financiamiento rápido a la agricultura, que incluyan la utilización de innovaciones financieras.
Actualización del sistema de comercialización agrícola mediante la utilización de mecanismos e instrumentos tecnológicos de información y comunicación electrónica.
Diseñar un efectivo y ágil programa para la privatización de las tierras públicas ocupadas por los productores, de modos que estos obtengan la propiedad plena sobre los terrenos que trabajan.
Elaborar un procedimiento activo y transparente para proceder a la devolución a sus propietarios originales o reprivatizar las fincas, agroindustrias y agrocomercios, ocupadas o expropiadas arbitrariamente por el gobierno.
Recuperar la infraestructura rural de apoyo a la producción, tales como vías de acceso, drenajes, sistemas de riego, electrificación y comunicaciones telefónicas.
Establecer un plan de seguridad física para proteger a los productores, a los trabajadores y a los bienes de capital, de modo que retorne cuanto antes la paz y la seguridad al campo.
Atender y resolver los focos de conflictos agrarios que persisten en algunas zonas del país.
Redefinir el marco normativo e institucional relacionado con la actividad agroalimentaria para su adecuación al nuevo ambiente económico, especialmente lo concerniente a las leyes de tierra, de pesca y de seguridad alimentaria, a fin de proceder a sus derogatorias o modificaciones, según sea el caso.
Finalmente, no olvidemos que históricamente los agricultores han sido los más grandes propulsores del federalismo, porque es este sistema de gobierno el que mejores garantías ofrece para una real democratización de la riqueza y del poder
