“No puedo ocultar que ha sido trance singular de mi vida este de hoy, en que en calidad de Jefe de Estado libremente electo por el pueblo, he estampado mi firma en un documento que los nietos de nuestros nietos leerán como una segunda acta de independencia de Venezuela”
Rómulo Betancourt
Presidente de la República
Campo de Carabobo
5 de marzo de 1960
“..quiero decir que el derecho de los campesinos venezolanos a la tierra nació en este sitio. Es decir, que no viene ello como don del cielo o de las castas privilegiadas, como regalo de ningún gobierno, de ningún partido o combinación de partidos. El pueblo campesino conquistó aquí, en los campos de batallas de la independencia, su derecho a que la tierra por él libertada fuera suya”
Jóvito Villalba
Líder del partido
Unión Republicana Democrática
Campo de Carabobo
5 de marzo de 1960
“..la ley representa una gran convergencia. Es un ejemplo de cómo pueden y deben armonizarse puntos de vistas opuestos si se atiende con preferencia al interés nacional. Tiempo de tregua es este; no para poner tensos los arcos y afilar las flechas esperando la señal de combate, sino para construir la base real sin cuyo afianzamiento sería tonta y quimérica la querella por los intereses parciales”
Rafael Caldera
Líder del partido COPEI
Campo de Carabobo
5 de marzo de 1960
El 5 de marzo de 1960, después de 139 años de la Batalla de Carabobo, se reunió en ese mismo campo inmortal, una abigarrada multitud de miles de campesinos, descendientes y herederos de aquellos bravos guerreros que derramaron su sangre o entregando sus vidas, para alcanzar la libertad de la patria. La naciente democracia venezolana quiso así enmendar tantos años de incumplimiento de promesas y engaños a los trabajadores de la tierra, dando cumplimiento al Decreto de Repartición de Bienes Nacionales, dictado por el Libertador del 10 de octubre de 1817, con el cual se pretendió recompensar a todos los soldados de la patria, para que una vez culminada la lucha independentista, tuviesen un pedazo de tierra donde trabajar.
Ese Decreto constituye la célula inicial del pensamiento agrarista y del proceso de la reforma agraria venezolana. Sin embargo, sabemos que la iniciativa del Libertador no tuvo un destino feliz, lo que habría de ser una constante de inconsecuencias con el pueblo en el devenir histórico de la nación, ya que el 5 de agosto de 1830, las nuevas autoridades nacionales anularon el referido Decreto promulgado por el Padre de la Patria.
El liderazgo político de la incipiente era democrática, consciente de las terribles amenazas que se cernían sobre el nuevo régimen de libertades que se iniciaba en el país, atenazado por las dos versiones dictatoriales que reinaban en el Caribe. Por una parte, la brutal dictadura de derecha imperante en la República Dominicana dirigida por Rafael Leónidas Trujillo y, por la otra, la recién estrenada tiranía comunista que desde Cuba alentaba Fidel Castro, tomó la decisión de darle prioridad a la aprobación de la ley agraria, incluso por encima de la nueva Constitución cuya sanción fue pospuesta para el año 1961.
Fue así como se le dio el mayor impulso a la discusión y aprobación de la ley, cuya comisión redactora había sido creada el 26 de septiembre de 1958, mediante Decreto de la Junta de Gobierno presidida por el Contralmirante Wolfang Larrazábal Ugueto, siendo su Ministro de Agricultura el Ing. Agron. Héctor Hernández Carabaño. La integración del equipo redactor y los debates suscitados en su seno, constituyeron el más elevado modelo de concertación política y de responsabilidad ciudadana, desarrollado en un ambiente de pleno respeto y tolerancia política y social. Allí se dieron cita las expresiones más acabadas de las corrientes de pensamiento político – ideológico del país. Al lado del teórico marxista Salvador de la Plaza y del dirigente agrario comunista Alonso Ojeda Oleacchea, estaba el Obispo de Caracas Monseñor Rafael Arias Blanco. Frente al empresariado agroindustrial representado por el Dr. Eduardo Mendoza Goiticoa se encontraba el aguerrido líder agrario Ramón Quijada, Presidente de la Federación Campesina de Venezuela. Contrastando las tesis agraristas socialdemócratas expuestas con brillantes por el Perito Agrónomo Ildegar Pérez Segnini, se contraponían, con no menos brillo, los postulados del pensamiento socialcristiano dictados por el eminente agrarista Víctor Giménez Landínez. En fin, allí estaba representado todo el país nacional: líderes políticos, dirigentes empresariales, agrotécnicos, ganaderos, dirigentes campesinos, abogados agraristas, profesores universitarios, académicos, representantes de la iglesia, banqueros, directivos gremiales.
Esa Ley de Reforma Agraria que surgió de ese extraordinario consenso nacional, de ese auténtico y verdadero ejercicio cívico de democracia participativa y protagónica, donde no se excluyó a nadie, donde no se atropelló a nadie, donde a nadie se le persiguió por su manera de pensar o por su condición social, que perduró inmodificable durante 41 años.
La ley fue concebida con un carácter de integralidad con el fin subyacente de “hacer al campesino propietario, a ese propietario hacerlo agricultor y, a ese agricultor, hacerlo próspero empresario”. Todo aprobado por consenso. Las frases finales del artículo primero de la ley son casi un poema, revelan desde sus inicios los objetivos humanistas y de promoción del hombre del campo que perseguía ese instrumento legal, “…que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad”.
¡¡Qué diferencia!! Que abismal y notoria diferencia con lo que sucedió 41 años después cuando se derogó la Ley de Reforma Agraria y se sustituyó por una Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario, elaborada a escondidas, en forma clandestina, al amparo de sombras palaciegas. Redactada por burócratas desvinculados del mundo real y de las vivencias agrarias, sin hablar con nadie, sin consultarle a nadie, ni siquiera a sus propios copartidarios del sector rural. Los dirigentes agrarios “del proceso”, agrupados en la Federación Campesina, rebautizada como bolivariana, no pusieron ni una letra en el nuevo texto legal. Esta ha sido una ley excluyente, mal preparada y peor redactada, que en vez de avanzar a la consagración de la propiedad privada plena sobre la tierra, tal como lo señala el articulo 115 de la Constitución, estableció, entre otros disparates, un modelo de propiedad eufemísticamente denominada “sui generi”, término con el que se pretendió ocultar su carácter arbitrario y expoliador, elaborada no para la redención de los campesinos, de los desheredados de la tierra, sino para la venganza y el odio social.
A 65 años de aquel magno acontecimiento del 5 de marzo de 1960, todavía no se ha valorado en sus justos términos el trascendental impacto que tuvo la Ley de Reforma Agraria sobre la vida nacional. Aparte de los significativos aumentos en la producción y la productividad agropecuaria, de la modernización de los procesos productivos y del mejoramiento de la calidad de vida rural, que una leyenda negra ha pretendido ocultar, gracias a dicha ley, Venezuela no se vio sometida a los horrores de las guerras intestinas que vivieron y aún todavía persisten en algunas naciones hermanas de la América Latina. Mientras los países de Centro América eran desgarrados por horribles guerras fratricidas debido a los conflictos por la posesión de las tierras agrícolas, en nuestro país disfrutamos de 40 años de paz. Mientras las zonas rurales de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se convirtieron en campos fértiles para la lucha violenta entre campesinos y terratenientes, y donde toda clase de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y sicarios tuvieron su asiento, en Venezuela la guerrilla procastrista no tuvo ninguno, o muy poco, anclaje o apoyo en la población rural. Esa guerrilla y sus ideas antidemocráticas, fue derrotada palmariamente, no solo en el terreno militar, sino, y esto es lo más importante, en el corazón del pueblo campesino venezolano. La reforma agraria, con sus ejecutorias en materia de justicia social, actuó como una verdadera vacuna preventiva a la violencia, que fortaleció las defensas del sistema democrático de gobierno. Ese gran logro de la reforma agraria venezolana, del cual se benefició la nación entera, aún no ha sido reconocido por la sociedad nacional.
El “Día Nacional del Campesino”, fue instituido mediante el Decreto 257 dictado por el Presidente Rafael Caldera en su primer mandato el 5 de marzo de 1970, con motivo de celebrase el décimo aniversario de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria. Constituyó un reconocimiento a la dura labor que en beneficio del país desarrollan los trabajadores del campo venezolano.
Pero la conmemoración actual de este Día no se puede hacer en medio de un ambiente festivo ni de alegría, porque estamos bajo un estado de temor, de incertidumbre y de preocupación por el porvenir inmediato. Negros nubarrones que impiden dar rienda suelta al entusiasmo, al optimismo y al espíritu emprendedor de los agricultores, se han asentado sobre las instituciones oficiales del sector y sobre los campos venezolanos El clima de paz, de respeto, de amistad y armonía, que caracterizó durante muchos años las relaciones entre las instituciones públicas y la sociedad civil del sector rural, ha sido sustituido por un proceder prepotente y desconsiderado de funcionarios que solo actúan movidos por prejuicios político partidista, por acciones violentas al margen de la ley y la civilidad, por el desconocimiento de los derechos de propiedad y por el irrespeto a elementales normas de convivencia civilizada.
Fue, por ejemplo, la altanería y la soberbia oficial, la que permitió que Franklin Brito, un pequeño productor del estado Bolívar, se consumiera de hambre ante la indolencia de los más altos representantes de todas las instituciones públicas. Fue la indiferencia y la burla de los mas altos funcionarios del Estado, su insensibilidad social y humana, y su fanatizada obsesión por querer imponer a rajatablas en el campo venezolano un abominable modelo de sociedad comunista, contrario a los intereses, a los sentimientos y a las creencias de los campesinos, los causantes de esa muerte absurda. El gobierno pretendió quebrar la férrea voluntad de este noble agricultor, haciendo caso omiso a su reclamo por defender su derecho a la propiedad. El gobierno le quitó la tierra, lo descalificó públicamente, le arrebató la vida, pero no pudo con su dignidad. El poder jamás doblegó la integridad moral de Franklin Brito. Él, con su ejemplo y su sacrificio, los venció.
De esta manera, el gobierno quedó desnudo ante la comunidad nacional e internacional como lo que en efecto es: un gobierno arbitrario, despiadado y despótico que no dialoga con nadie, ni busca el bien común general.
Durante la aplicación de la nueva ley, el gobierno pretendió manipular a los pobres del campo, no para que dejaran de serlo, sino para inyectarles sentimientos de odio y de revancha social.
La ocupación de fincas privadas en producción no se hizo dentro del marco de la constitución y las leyes para resolver problemas sociales de campesinos sin tierras, sino que los predios rústicos fueron ocupados de forma arbitraria, sin respetar los derechos de propiedad, sin causa justificada, a la “machimberra”, utilizando fuerzas militares y bandas armadas que actuaron, y siguen actuando, en nombre de una supuesta revolución, que en la práctica no ha sido mas que saqueo y corrupción, en la que los campesinos, supuestos beneficiarios de estos procedimiento, no participan ni tienen nada que ver con lo que allí sucede.
La aplicación de la Ley de Tierras, hecha en la forma antes descrita sin tomar en cuenta a los verdaderos campesinos, y las otras que la complementaron como la Ley de Pesca y la Ley de Seguridad Agroalimentaria, no podían traer nada bueno para el hombre del campo, para la producción agrícola y pesquera y para la colectividad nacional. Las consecuencias de tales desaciertos no se hicieron esperar y el país sufrió, y sufre todavía, las consecuencias más negativas de estas perversas políticas agrarias y alimentarias.
Venezuela ha contemplado estupefacta como se le han arrebatado a sus legítimos propietarios más de 5 millones de hectáreas, la mayoría de las cuales se encontraban en plena producción y las que en estos momentos presentan un cuadro dramático de destrucción y muerte. Como bien las describe el líder campesino Américo Pernalete, esas tierras expropiadas, ahora “lo que producen es lástima”. El país ha observado impotente como en nombre de una supuesta guerra al latifundio se han destruido propiedades y sembradíos, la mayoría de ellas pertenecientes a pequeños y medianos productores. Así como también, que se atente contra sus vida y las de sus familias, que se violen sus derechos humanos, se les desconozcan sus derechos de propiedad y de paso se les someta al escarnio público acusándolos de oligarcas y traidores. Este proceder gubernamental ha desacreditado las luchas campesinas por una vida mejor. Gracias a la arbitrariedad de los funcionarios del Estado, ahora las palabras Reforma Agraria pasaron a convertirse en dos malas palabras.
Quienes postulamos un nuevo modelo de desarrollo agrícola, también compartimos el mandato constitucional que condena el latifundio improductivo, y de igual manera suscribimos lo que la propia CRBV proclama en su artículo 305, cuando categóricamente expresa que: ”… La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la nación”. Por todo ello, no entendemos y no podemos compartir las distorsiones y aberraciones legales y administrativas a que ha conducido la prepotencia de un poder irracional afincado en las más abyectas flaquezas humanas.
También creemos que es en la vigencia plena del Estado de Derecho, en la promulgación y acatamiento de leyes justas, en donde los ciudadanos en condición de desventaja social encontrarán las vías para liberarse de sus angustias. Pero cuando la aplicación de la ley y, peor aún, cuando la ley misma, no responden a la búsqueda del bien común, entramos entonces en el terreno de lo absurdo, de la institucionalización del abuso y la barbarie.
Los agraristas tenemos la obligación moral de defender la agricultura nacional. La Venezuela rural, la Venezuela dedicada a la actividad agrícola, ganadera y pesquera, ha sido objeto en los últimos 25 años de la más brutal agresión. El Instituto Nacional de Tierras se convirtió en un implacable inquisidor de todo lo que huela a propiedad privada, a desarrollo agrícola moderno, a iniciativa personal, a eficiencia productiva, a generación de empleo digno, a autonomía e independencia económica de los productores. Este Instituto no solo persigue y acosa a grandes productores empresariales, sino que también agrede y persigue a medianos y pequeños agricultores, muchos de ellos beneficiarios de la anterior Ley de Reforma Agraria. Es así como pudimos a observar con horror, como se ocupaban con tanquetas militares parcelas de Asentamientos campesinos, tal como sucedió en el Valle del Tucutunemo en el Estado Aragua, o que se proceda a tomar por asalto con bandas armadas, aplicando un plan de “tierra arrasada”, la mayoría de las pequeñas y medianas fincas productoras de Caña de Azúcar en el Estado Yaracuy, sin ni siquiera respetar a los trabajadores de las fincas que también fueron objeto de agresiones físicas y de toda clase de humillaciones y ofensas por defender sus puestos de trabajo.
Otras leyes complementarias a la de Tierras, dictadas en medio de la borrachera de poder que caracteriza a la actual gestión pública, han consagrado de manera insólita odiosas discriminaciones inconstitucionales por razones ideológicas, al establecer en la identificación de las Leyes y en los organismos por ellas creadas, las denominaciones de “Socialistas”, con lo que se institucionalizan discriminaciones en contra de los campesinos, pescadores y productores que no comulgan con ese credo político. De esta manera el Fondo de Crédito Agrícola Socialista (FONDAS), el Instituto Socialista de Pesca (INSOPESCA) y el Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (INCES), aparte de usar identificaciones violatorias de normas constitucionales, se han convertido por obra y gracia del más primitivo sectarismo partidista, en una vergüenza para los sentimientos democráticos e igualitarios de los venezolanos.
Pero no se detienen aquí las contradicciones y manifestaciones de doble moral “revolucionarias”. Uno de los argumentos que con mayor fuerza utilizó el gobierno para derogar la antigua Ley de Pesca y promulgar el nuevo instrumento legal que rige la actividad pesquera en el país, fue la necesidad de proteger el medio ambiente marino de los daños que provocaba la pesca de arrastre, tanto artesanal como industrial. Pero parece que para los gestores de la política gubernamental, para decirlo en lenguaje coloquial, “la salsa que es buena para el pavo no es buena para la pava”, puesto que mientras en el país se eliminaba la pesca de arrastre privada por considerarla nociva para el medio ambiente natural, al mismo tiempo el mismo gobierno, en una manifestación de incoherencia institucional que raya en la hipocresía, procedió a la adquisición de dos inmensos barcos tipo Arrastrero-Factoría-
Estos barcos, bautizados con los nombres de Simón Bolívar y José Martí, fueron comprados a una empresa alemana después de la promulgación de la Ley de Pesca y Acuicultura, arribaron a Puerto Sucre en mayo y octubre de 2010, desde donde zarparon bajo bandera cubana a la orden de la Empresa Mixta Socialista del ALBA (PESCALBA), para incursionar en las aguas del Pacífico Sur en la pesca de jurel. De modo que, de acuerdo a la particular interpretación que de los conceptos éticos y ambientales hicieron las autoridades de Venezuela, la pesca que realizaban los buques arratreros privados venezolanos en nuestro mar territorial era mala, era perjudicial para la fauna y los fondos marítimos y por tanto debía ser prohibida, pero en cambio las operaciones pesqueras que llevaran a cabo los barcos arratreros-factorías del gobierno venezolano en las aguas de otros países, esas si eran buenas, beneficiosas para el medio ambiente natural. ¡Vaya manera cínica de entender la realidad! Esa contradicción puso en evidencia el falso y dual discurso oficial, que solo contribuyó a restarle seriedad y confianza a la posición del país ante otros gobiernos y organismos internacionales. Finalmente hay que destacar que, gracias a la ineficiencia gerencial del gobierno, ambos buques quedaron abandonados en puertos del Pacífico, uno en Perú y el otro en Ecuador.
Otra expresión palmaria de ese doble discurso oficial lo constituyó la actitud del gobierno frente al despojo de 20.000 has de tierras que realizó a los productores del sur del Lago de Maracaibo, con la supuesta finalidad de rescatar dichos terrenos de las manos de terratenientes criollos para entregarlas a campesinos damnificados por las lluvias. Pero resulta que el país luego se enteró a través de medios de comunicación internacionales, que con motivo de la gira del Presidente de Venezuela entre los días 14 y 15 de octubre de 2010 a la Federación Rusa, se suscribieron 20 acuerdos con ese país. Uno de los cuales, el No. 15, fue un acuerdo de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la empresa privada rusa Zao JFC, propiedad del magnate ruso Wladimir Kejman, para “construir una empresa mixta para el cultivo, producción y comercialización del banano en Venezuela sobre una superficie de 20.000 has.”. De acuerdo a informaciones que se obtuvieron de Zao JFC, esta firma mercantil mantenía operaciones en Costa Rica y Ecuador, manejaba negocios de importación de frutas para Rusia por el orden de US $ 7.400 millones. Es decir, se trataba de una gigantesca empresa capitalista extranjera. A los 63 días de la firma del Acuerdo del Plátano, el 17 de diciembre de 2010, se dio inicio a “punta de fusil” al asalto encabezado por el propio Ministro de Agricultura, pistola al cinto, de 47 fincas en el Sur del Lago. La superficie de tierras despojadas por orden presidencial fue para satisfacer las precitadas “20.000 has. para comenzar” que declaró previamente el Presidente, “ubicadas en el sur del lago de Maracaibo” y que confirmó su Ministro de Comercio Richard Canaán. Las anteriores informaciones no fueron desmentidas nunca, con lo cual quedó evidenciado que el objetivo de dichos despojos nada tenía que ver con ayudar a los campesinos damnificados por las inundaciones, ni con la lucha contra el latifundio ni mucho menos con la justicia social agraria. Se trataba simplemente de dar cumplimiento a un negocio con una empresa capitalista rusa, para beneficiar a un capitalista privado ruso, país donde por cierto, al igual que en la China que tanto pondera el gobierno, se practica una de las formas más primitivas y salvajes de capitalismo explotador. Un capitalismo que no respeta los derechos de los trabajadores, que no permite que estos se organicen en sindicatos independientes, que no protege el medio ambiente y que no cumple con ninguna disposición relativa a la responsabilidad social empresarial,
De modo y manera que, de acuerdo con la peculiar óptica oficial, en el mundo existe un capitalismo salvaje malo e inhumano, al que hay que repudiar, combatir y condenar, que es el capitalismo norteamericano y europeo y, por supuesto también, el capitalismo nacional, pero en cambio existe un capitalismo salvaje bueno, al que hay que alabar y recibir con los brazos abiertos y entregarle sin reparo nuestros recursos naturales, ese es el capitalismo ruso, el chino y el iraní. La hipocresía convertida en política de Estado.
Ante tantos desaciertos, contradicciones e improvisaciones, el país no podía salir indemne. Venezuela ha sufrido y sufre la mayor y más prolongada crisis de producción y abastecimiento alimentario. Todos los indicadores de producción y consumo de alimentos dados a conocer por solventes investigadores y especialistas de instituciones académicas, gremios de productores, y organizaciones no gubernamentales, revelan una drástica reducción tanto en la producción nacional de alimentos y materias primas de origen agrícola, como en los niveles de consumo per cápita de la población, lo cual se ha traducido en incrementos de la mal nutrición, con daños irreversibles en la niñez, y de la insuficiente seguridad alimentaria nacional.
UN BALANCE NECESARIO
A 65 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria se impone una profunda reflexión sobre lo que ha sucedido durante todo este período.
Una primera constatación que debemos mencionar, es que durante el período de vigencia de esa ley, se produjo un cambio significativo en la estructura agraria de las zonas mas importantes de producción agrícola del país, vale decir en estados como Aragua, Carabobo, Cojedes, Miranda, Yaracuy, Lara, Portuguesa, Barinas, Sucre y el Zulia, por lo que podemos afirmar que se produjo una reducción en la conflictiva rural en la mayor parte del país agrícola. Todavía persisten sectores en algunos estados con problemas por la propiedad de las tierras, pero están claramente focalizados.
En segundo término hay que señalar, que como consecuencia de la ley agraria aprobada en 1960, se impulsó la estructuración de una clase media rural que ya había comenzado a conformarse tímidamente en la década de los años 50, constituida por beneficiarios directos de la reforma y por la incorporación de otros factores sociales vinculados a la actividad agroproductiva, evidencia del surgimiento de ese sector social medio, lo constituye el incremento sustancial del número de medianas propiedades rurales a nivel nacional.
Estrechamente vinculado a esta situación, también podemos indicar la significativa minimización del latifundismo improductivo en el ámbito nacional. Son pocas ya las grandes extensiones de tierras en manos de un solo propietario que las mantenga ociosas, salvo las que han sido tomadas por el gobierno o este las tenga amenazadas
En tercer lugar, gracias a la reforma agraria se masificó el uso de modernas tecnologías agrícolas como la mecanización de los cultivos, la aplicación de fertilizantes, la utilización de semillas certificadas, el control de plagas y malezas, el riego por aspersión, la nivelación de tierras, etc., que incidieron en el incremento de la producción agropecuaria prácticamente en todos los rubros.
De igual manera hay que destacar la transformación del medio físico rural, por la construcción de una amplia y diversa infraestructura de soporte a la producción y de mejoramiento de la calidad de vida de los productores, plasmada en la existencia de una red de miles de kilómetros de vías agrícolas, de represas, de galpones y centros de acopios, de parcelas deforestadas, de silos y frigoríficos, de pozos profundos y de centenares de poblados y aldeas rurales dotadas de viviendas y de servicios educativos y de salud.
En materia de participación ciudadana, tenemos que mencionar que gracias a la Ley de Reforma Agraria se estableció de forma permanente, la participación directa de las organizaciones gremiales del agro, en las máximas instancias de dirección de los organismos públicos sectoriales. En cada directorio nacional de esas entidades gubernamentales, siempre hubo, por disposición legal, dos representantes de los principales gremios de productores.
UNA CUENTA PENDIENTE
En el contenido de la frase o mantra original que ha debido guiar la permanente ejecución del proceso de reforma agraria, “hacer al campesino propietario, a ese propietario hacerlo agricultor y, a ese agricultor, hacerlo próspero empresario”, estaba implícito la ejecución de un cambio cultural que finalmente no se realizó, allí radicó una grave falla como fue la carencia de un permanente, eficaz y sistematizado programa educativo y de transformación de conciencia, que permitiera lograr el cambio de actitud mental de los beneficiarios de la ley, para su promoción individual y social. Lamentablemente no hubo cambio cultural en la dimensión requerida y el populismo partidista distorsionó en gran medida la ejecución del proceso.
Años de subordinación a conquistadores, encomenderos, caudillos y hacendados en el pasado y, más recientemente a líderes políticos y funcionarios del Estado, no podían engendrar una cultura para el emprendimiento y la emancipación, sino para el servilismo y la dependencia. Se demostró que no son suficientes las obras y bienes materiales, cuando el espíritu y la mentalidad permanecen sojuzgados por pensamientos atávicos que jalonaban hacia la sumisión y el paternalismo. Allí estuvo la mayor falla del proceso agrorreformista.
Ahora se abren nuevos horizontes y expectativas, puesto que estamos ingresando a un ciclo histórico diferente, un ciclo que promueve una cultura sustentada en el valor de la libertad, en la autonomía económica, en la iniciativa individual, en la plena vigencia de los derechos de propiedad, en la eficiencia empresarial, en la libertad de mercados y en la práctica de la ética como norma fundamental de la conducta ciudadana. En este nuevo modelo de organización política, económica y social, no tienen cabida el paternalismo estatal, el centralismo administrativo, el populismo, el partidismo, el militarismo, la corrupción, el desconocimiento del mérito, la violación de derechos y ningún tipo de discriminación basada en la filiación política, la condición social o la creencia religiosa.
Para tales efectos será necesario diseñar y construir una nueva arquitectura legal e institucional para el sector agroalimentario nacional, que sirva de fundamento a la elaboración de políticas de Estado para el desarrollo agrícola y rural sustentable territorialmente diferenciadas.
En la construcción de esa estructura social y económica del futuro, deberá contarse con la participación activa de todos los factores que conforman la sociedad civil rural y los componentes del sistema agroalimentario nacional
Duaca, 6 de marzo de 2025
