El Bono 2020 es una obligación de PDVSA, producto del refinanciamiento de otro bono, el 2017, emitido en la cúspide de la euforia chavista en 2007, con la presunta intención de invertir en el aumento de la capacidad de producción a la delirante suma de 6 millones de barriles diarios.
Esa inversión, por supuesto, nunca sucedió. Los haberes se “invirtieron” en clientelismo político, subsidios descabellados de ese mago de las finanzas llamado Jorge Giordani a una tasa de cambio ficticia, y vaya usted a saber. Llegado el 2017, PDVSA y el gobierno habían logrado dilapidar lo suficiente como para estar en apuros e iniciando una cesación de pago desordenada e irresponsable.
En ese momento, no se le ocurrió nada mejor que refinanciar el 2017 sustituyéndolo por un bono 2020, no sólo con tasas de interés superiores, sino también dando en garantía el 50,1% de las acciones de CITGO. El único activo sustancial en una plaza donde se respeta el Imperio de la Ley, como es Estados Unidos.
Si bien CITGO en sí no tenía vela en ese entierro, el gobierno se aferró a la pignoración de ese activo como tabla de salvación para seguir endeudándose y, de paso, le otorgó a la petrolera rusa Rosneft, el otro 49% de las acciones en garantía por pago adelantado de petróleo.
Durante buena parte del año 2019, la posibilidad de perder CITGO por esa boutade ha estado sobre la mesa. Algunos de los inversionistas poseedores de los bonos 2020 han hecho ofertas de refinanciamiento de la obligación -inclusive a tasas más ventajosas- ante la perspectiva de una salida al impasse venezolano. Por otro lado, otros de los acreedores del bono no han estado ociosos y han acudido a -por lo menos amenazado con acudir- a tribunales, para forzar una quiebra y liquidación de CITGO.
Lo de la liquidación se ve como una amenaza cierta, porque los activos de la empresa: oleoductos, refinerías, etc. pudieran tener un valor mayor en liquidación como empresa en marcha. Los analistas pronosticaban una suerte de Armagedón para el lunes 28 de octubre, día de vencimiento del bono si el Presidente Donald Trump no emitía una orden ejecutiva que protegiera a CITGO de sus acreedores, pero creando un conflicto de poderes con el poder judicial.
Al final, la solución anunciada el jueves 24, en una jugada de filigrana que parte de la OFAC y posterga hasta enero cualquier posibilidad de choque de trenes, lució como una estrategia conjunta ente la OFAC y los tenedores, ya no del 2020, sino en general de la deuda en bonos de PDVSA y la República. Hay quienes piensan que esa solución se gestó a última hora de manera festinada, pero un análisis más profundo de la misma se presta a otra interpretación más sutil.
Si sumamos a ella la decisión de prorrogar los permisos de permanencia a Chevron, Halliburton y Schlumberger, así como las declaraciones del retirado ex presidente de Chevron Américas, Ali Moshiri de un fondo de inversión inicial de $ 500 millones para cuando “estén dadas las condiciones para producir en Venezuela”, entonces, pareciera que los inversionistas, mercados financieros y Gobierno americano les están dando un mensaje a los venezolanos.
Ese mensaje no es otro de que las prórrogas de 90 en 90 días tienen su término, y que le toca a Venezuela y a su mundo político, como conjunto, terminar de ponerse de acuerdo para insertarse de nuevo en las corrientes de inversión y comercio del mundo civilizado.
Si lo hacen, están abiertas numerosas formas de renegociar lo que está pendiente y planificar con miras a un futuro promisor. Si no, serán ellos las víctimas de su propia ceguera y los responsables de mantener al país y a sus ciudadanos en la condición de estado fallido en que se encuentra.
