Venezuela inicia el año 2021 sin perspectivas claras de un cambio de rumbo a corto plazo en materia política e institucional. Luego de unas elecciones legislativas el pasado 6 de diciembre en las cuales las fuerzas opositoras a Maduro se negaron a participar por falta de condiciones mínimas–mismo criterio que aplican EEUU y la Unión Europea, entre otros, para no reconocerlas- , el país se suma ahora en un estado inercial, donde todas las ramas del Poder Público Nacional se encuentran en manos del chavismo-madurismo y carecen de legitimidad de origen. No obstante, Maduro y su grupo se mantienen en pie al contar con el poder coercitivo de las Fuerzas Armadas y el apoyo de Rusia, China, Turquía, Cuba e Irán, entre otros.
El grupo de países que desconoce a Maduro coincide en el objetivo común de los esfuerzos diplomáticos que han desarrollado hasta ahora: sanciones de distinta naturaleza a personas y empresas vinculadas con Maduro para presionar una negociación que conduzca a elecciones libres y transparentes para todos los cargos públicos en Venezuela. Sin embargo, los antecedentes de “mesas de diálogo” señalan que la cúpula gobernante suele utilizar estos mecanismos para “ganar tiempo”, proyectar una imagen de aparente cordialidad y apertura, mientras que inhabilita, persigue o encarcela a opositores; cierra medios de comunicación y destruye una de las otrora economías más prósperas del subcontinente.
En materia económica, no obstante, existe una percepción de apertura. Un fenómeno de hiperinflación que se inició hace 3 años ha destruido totalmente el poder de compra del bolívar, haciendo fracasar los procesos de reconversión monetaria y de lanzamiento de billetes de mayor denominación. A pesar del desmontaje de los controles de cambios y de precios que Chávez implementó en 2003; de la paralización de expropiaciones de empresas privadas; del anuncio de libre circulación de rupias, rublos y yenes hace un par de años, y de las sanciones de EEUU (que incluyen medidas directas de la Reserva Federal estadounidense contra el Banco Central de Venezuela) la realidad se ha impuesto y el dólar circula con libertad por los comercios de todo el país, aun con las dificultades logísticas propias de cierre del principal flujo de divisas (producción y exportación de petróleo y derivados) y de carecer de mecanismos en el sistema bancario y financiero venezolano para el manejo de dicha unidad monetaria. Algunos cálculos estiman que en Venezuela circulan más dólares que su equivalente en moneda nacional y que 2 de cada 3 transacciones en efectivo se realizan en billetes verdes. Por otra parte, una “ley antibloqueo” propuesta y aprobada por la Asamblea “constituyente” -que el chavismo-madurismo creó para hacerle frente la legítima Asamblea Nacional electa en 2015- estipula privatizaciones de empresas y consorcios públicos sin concursos ni licitaciones de ninguna especie, lo cual conduce a suponer que será utilizado para favorecer a empresarios afines a la cúpula, con capitales de dudoso origen o que operan como testaferros de funcionarios públicos.
Sin embargo, se trata sólo de eso, de una percepción. Se necesita un programa amplio, integral y consensuado de reformas para atender temas clave como la caída de la producción nacional bruta acumulada de casi 80% en 7 años, la estampida de empresas extranjeras en múltiples sectores, la recuperación de la industria petrolera y una crisis social en la que 96% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y que ha alimentado el fenómeno de la migración masiva de venezolanos hacia otros países. Ya se ha demostrado que el actual grupo gobernante no aplicará ningún programa parecido. Seguirá enarbolando sus banderas ideológicas de color rojo mientras hace concesiones pragmáticas muy pequeñas en aspectos económicos, lo suficientes para mantener a flote a ciertos grupos y evitar los brutales índices de desabastecimiento de las etapas de los controles, pero que no representan riesgos para su estabilidad y permanencia en el poder.
