La ONG Espacio Público informó este martes que Venezuela registró 144 violaciones a la libertad de expresión durante los primeros seis meses de 2025. La organización alertó sobre una «nueva arremetida» consolidada el mes pasado contra economistas y analistas financieros, a quienes se les persigue por divulgar datos sobre la inflación y el poder adquisitivo.
En una nota de prensa, la ONG detalló que la censura y la intimidación fueron las principales violaciones documentadas en el primer semestre del año.
“Los periodistas, medios de comunicación y personas particulares concentran el mayor número de víctimas. Destacan 23 detenciones, 44 incidentes vinculados al entorno digital y un uso constante del poder estatal para silenciar voces críticas”, detalló la ONG.
Mencionó la detención de los periodistas Carlos Marcano y Nakary Mena Ramos como ejemplo claro de desapariciones forzadas que han ocurrido en el país.
Censura y hostigamiento contra voces críticas en Venezuela se intensifica
El informe también documenta “la nueva ola de hostigamiento contra profesionales que difunden análisis económicos, marcada por detenciones breves, interrogatorios y amenaza”, destacando que al menos cinco fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado sin cargos formales, lo que revela un contexto de control sobre la información en el ámbito económico.
Subrayó que en zonas fronterizas como Táchira, Apure, Bolívar y Falcón, el cierre de emisoras, bloqueos digitales y apagones limitan el acceso a la información.
“La censura estructural afecta especialmente a las zonas fronterizas, donde el cierre de emisoras, los bloqueos digitales y los apagones limitan el acceso a información (…) el deterioro del espacio informativo se suma al abandono institucional y la presencia de grupos armados, dificultando el ejercicio de derechos”, afirmó.
Recordó que el 27 de junio el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó su informe sobre Venezuela, confirmando el patrón de represión contra voces disidentes.
El documento denunció el bloqueos a más de 60 sitios web, vigilancia de teléfonos móviles y más de 2.400 detenciones tras las protestas poselectorales.
Destacó que “la autocensura se intensifica ante la amenaza de detenciones, bloqueos o represalias”, lo que debilita la participación pública y la capacidad de organización social, factores esenciales para la vida democrática. (EN)
