El calor húmedo de Puerto Ordaz no solo se siente en el ambiente; se respira en sus calles una tensión silenciosa, la de una tierra que pasó de ser el emporio industrial y agropecuario de Venezuela a un cementerio de empresas expropiadas. En este escenario, el profesor, exdiputado, exembajador en la India y presidente de la Fundación El Amparo Internacional, Walter Márquez, de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, alza la voz para destapar lo que califica como un «atropello judicial y un auténtico acto de terrorismo de Estado»: el intento de confiscación ilegal de más de 190 apartamentos del Conjunto Residencial Doña Paulina, ubicados junto a la avenida Atlántico en Puerto Ordaz, que de una forma traida por los “pelos de un calvo”, se pretende írritamente vincular a la expropiación de Friosa, aunque ni siquiera se habían construido cuando esto pasó.
La denuncia penal y pública tiene un objetivo claro, Oleg Oropeza, actual administrador de la comercializadora Friosa y cabeza de la Misión Alimentación en el estado Bolívar. Según denuncia Walter Márquez, Oropeza, actúa como el «ideólogo» de una operación que busca despojar de sus bienes a los hermanos García Armas, legítimos propietarios del complejo, bajo argumentos que el exparlamentario desmonta con documentos en mano.
La falsedad de un decreto inexistente
El argumento oficialista para cercar el Conjunto Residencial Doña Paulina se ha basado en dos premisas. La primera, que los inmuebles forman parte de la histórica expropiación de la distribuidora de alimentos Friosa y sus filiales (como Delicateses La Fuente y Koma), ordenada por Hugo Chávez. La segunda, que la obra fue financiada con materiales del programa estatal Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
«Ambos argumentos son absolutamente falsos», sentencia Márquez de forma categórica. Las investigaciones y revisiones de los expedientes históricos revelan las costuras de la operación:
Anacronismo legal: El decreto original de expropiación forzosa de Friosa (Decreto N° 7.703) fue publicado en la Gaceta Oficial N° 39.524 en octubre de 2010, y su posterior reforma ocurrió en 2012. Sin embargo, el Conjunto Residencial Doña Paulina comenzó a construirse en el año 2015. Por ello es legal y lógicamente imposible que un decreto de 2010 incluya una propiedad que no existía ni en planos.
Financiamiento privado comprobado: Frente a la tesis del uso de materiales del Estado, la defensa de los hermanos García Armas posee los registros financieros que demuestran que la obra fue costeada en su totalidad con recursos propios y a través de créditos comerciales otorgados por el desaparecido Banco Occidental de Descuento (BOD), sometido a estrictas evaluaciones y verificaciones bancarias de la época.
«Están invocando – desde el gobierno actual – la inversión internacional, pero no puede haber inversión repitiendo los errores del pasado. Las confiscaciones y expropiaciones fueron un gran fracaso y forman parte de la propia deuda interna y externa del país», advierte el exembajador.
El caso se lleva a la Fiscalía del Ministerio Público
El modus operandi actual, según la denuncia formulada por Márquez, prescinde incluso de las formalidades de la era chavista; pues simplemente pretenden apoderarse de los 190 apartamentos sin un decreto de expropiación vigente, utilizando al Ministerio Público como un brazo ejecutor para justificar lo que en la práctica es una ocupación ilegal o invasión institucional. Ante la gravedad de los hechos, Márquez esta remitiendo esta semana copias certificadas de la denuncia a la Fiscalía en Puerto Ordaz, a la General de la República y a la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su embajada, para el debido seguimiento internacional.
Según lo expresó el exembajador, al parecer el mismo Oropeza y su combo propiciaron la invasión de los apartamentos en el Conjunto residencial “Doña Paulina”, pero estos invasores de oficio fueron desalojados por el Ministerio Público; en virtud de ello buscaron la vuelta al caso aduciendo que esos apartamentos eran parte de la expropiación de Friosa, aunque como dijo antes, ni siquiera existían a la fecha del mismo. Para esto han contado con conchupancias dentro del gobierno regional que solicita sean investigadas a fondo y expuestas a la luz pública.
La reunión con miembros de la sociedad civil en horas de la tarde. (Foto Daniel Rodríguez)
Márquez sobre la nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro y el juicio en EE. UU.
La denuncia del profesor abre una línea de investigación que conecta este entramado de inseguridad jurídica con la cúspide del poder central. Walter Márquez, quien ha sido uno de los investigadores más minuciosos sobre los orígenes de Nicolás Maduro, confirmó que recientemente envió un informe autenticado y apostillado en Cúcuta, directamente al fiscal que lleva la causa contra el mandatario en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, a solicitud del ex diputado Pablo Medina, para fortalecer la investigación de la justicia norteamericana.
El informe, elaborado junto a su señora esposa la abogada Hernández, concluye que Maduro nació en Bogotá, Colombia, y fue trasladado de niño a Cúcuta antes de ingresar de forma extemporánea a Caracas, donde se alteraron sus registros civiles. Allí se emitió una partida de nacimiento legal , pero llena de datos falsos. Márquez subraya que la contradicción institucional es evidente, ya que a lo largo de los años voceros del propio chavismo han asignado varios lugares de nacimiento distintos al mandatario actualmente encarcelado en Nueva York:
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Vocero Oficial |
Lugar de Nacimiento Atribuido a Maduro |
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Vielma Mora (Exgobernador del Táchira) |
Palotal, Estado Táchira |
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Elías Jaua (Exvicepresidente) |
El Valle, Caracas |
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Tibisay Lucena (Expresidenta del CNE) |
La Candelaria, Caracas |
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Investigación Márquez/Hernández |
Bogotá, Colombia |
«Para mí la nacionalidad de Maduro no tiene discusión. Él es colombiano de origen… y legalmente no podía ser ni candidato ni presidente de Venezuela», ratifica el también historiador, denunciando además la complicidad por omisión de la dirigencia política de la época, dentro de la que se cuenta Delcy Rodríguez. Situación que hace aún más grave luego del 28 de julio del 2024, cuando además se desconoció el mandato de un pueblo que eligió en las urnas electorales a otro presidente, lo que además reviste de ilegalidad a la actual interina de la primera magistratura nacional.
Presos políticos y una «Ley de Amnistía Chucuta»
Al ser consultado sobre la crisis humanitaria y los crímenes de lesa humanidad que él mismo denunció ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Márquez abordó la realidad de los presos políticos y el drama de las desapariciones forzadas bajo custodia del Estado. Citó el caso de Víctor Hugo Quero, a quien se le negó la aplicación de medidas de gracia cuando ya se encontraba enterrado clandestinamente, y el de Robert Villamarín, ingeniero de sistemas de la UNET en el estado Táchira, invisibilizado por la opinión pública tras ser vinculado falsamente en el caso de los drones de 2018.
Como historiador de profesión, Márquez fustigó la configuración de los instrumentos jurídicos de clemencia dictados por el régimen actual:
Ruptura de la tradición republicana: Desde 1811, todas las leyes de amnistía en Venezuela (incluidas las que beneficiaron al propio Hugo Chávez tras los golpes de Estado de 1992) incluyeron siempre a los sectores militares.
Amnistía parcializada: Calificó la normativa vigente como una «ley chucuta, contradictoria y parcializada» que rompe con dos siglos de historia constitucional.
Comparativa histórica: Preso político en democracia vs. dictadura
Para cerrar la crónica de una jornada de denuncias en el estado Bolívar, Walter Márquez apeló a su propia memoria histórica, trazando una línea divisoria entre los sistemas de gobierno a través del espejo del sistema penitenciario. El exembajador recordó su época como prisionero político durante el periodo democrático:
«Yo fui preso político en democracia y tuve la garantía del debido proceso. Nunca fui aislado. Tuve la protección del Estado a través del fiscal del Ministerio Público y de un juez que, a pesar de las presiones del gobierno regional, me puso en libertad».
El contraste con el panorama actual del Helicoide, la DGCIM o las cárceles comunes donde se hacinan los disidentes contemporáneos es absoluto. La paradoja de su historia personal dejó una lección de reconciliación: el gobernador de la época que lo encarceló terminó siendo, años más tarde, su propio jefe de campaña electoral. Una madurez política y un respeto al Estado de Derecho que, a las puertas de los 190 apartamentos del Conjunto Residencial Doña Paulina, parecen haber desaparecido por completo de la geografía del estado Bolívar, donde pareciera que todos los delitos se pueden cometer con total impunidad y con cualquier engaño de tres por locha. (Gustavo Montaña/CNP 8235)
