Van 61 asesinados durante protestas del 2019

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 10.477 protestas durante el primer semestre de 2019, equivalente a un promedio de 58 diarias.

Esta cifra representó un incremento de 97% en comparación con el mismo período de 2018 y 112% en relación a 2017.

El OVCS y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) lograron documentar de manera conjunta la muerte de 61 personas durante el desarrollo de las manifestaciones ciudadanas entre enero y junio de 2019, así como el asesinato de 6 personas, días después de realizadas las protestas, que fueron detenidas en sus casas y ejecutadas extrajudicialmente por participar en protestas u organizarlas.

Durante el primer semestre, las protestas se produjeron en todo el territorio nacional. En zonas rurales y urbanas. Muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos, otras planificadas y organizadas por simpatizantes de partidos políticos y grupos sindicales.

Las entidades con mayores índices de protesta son: Miranda (947), Distrito Capital (888), Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).

Las principales exigencias de los manifestantes son derecho a la participación política (4.777), derecho a la vivienda y servicios básicos (4.169), derechos laborales (1.587) y derecho a la alimentación (697)

“De las 10.477 protestas registradas, 4.169 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos, en promedio 23 protestas diarias. Una muestra del colapso del país”, reseña el informe.

Los reclamos laborales se ubicaron en el tercer lugar del índice de conflictividad, al representar 15% del total de las protestas registradas hasta junio. En seis meses, se reportaron 1.587 protestas, equivalentes a 9 diarias.

Durante los seis meses del año, al menos tres protestas diarias se mantuvieron en el país, sobre todo en los estratos más bajos, en vista de los retrasos en las entregas y ventas de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los altos costos de los productos.

Según el OVCS, el balance realizado por durante el primer semestre de 2019 “pone en evidencia la gravedad de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela y cómo los derechos humanos de los ciudadanos son cada vez más vulnerados”.

La respuesta del régimen de Nicolás Maduro a las manifestaciones populares y pacíficas ha sido la criminalización, judicialización y la implementación de la represión letal por parte de grupos de exterminio conformados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Colectivos Paramilitares, Guardia Nacional (GN) y otros cuerpos policiales. (Ntn24)

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