La historia política de Venezuela es un relato de contradicciones y esperanzas frustradas. Durante cuarenta años, el país vivió un período democrático imperfecto, pero en evolución, hasta que el desencanto popular abrió paso a un nuevo gobierno que prometía cambios y terminó instaurando el régimen más corrupto y autoritario que haya conocido la nación.
El punto de inflexión llegó en 2015, cuando la oposición obtuvo una victoria histórica en las elecciones parlamentarias con mayoría absoluta. Sin embargo, mediante argucias legales y fuerza bruta, esa mayoría fue despojada, reduciéndose a una mayoría simple que nunca pudo ejercer el poder real que el pueblo le había otorgado. La Asamblea Nacional, aun así, continuó su labor, y en su último período legítimo nombró a Dinorah Figuera como su presidenta.
Los procesos electorales posteriores, empañados por viciosas irregularidades, fueron desconocidos por todas aquellas democracias que se respetaba de serlo, pero aún así, consolidaron lo que ya era evidente: una dictadura disfrazada de sistema democrático.
El 3 de enero de 2026, el gobierno estadounidense detuvo y extrajo al dictador del país, generando una oleada de esperanza entre los venezolanos. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando se anunció que el nuevo «estado tutor» nombraría como presidenta encargada a la vicepresidenta, quien había sido cómplice de todas las acciones represivas y violaciones de derechos humanos del régimen saliente.
Lo más preocupante fue la continuidad del mismo aparato de poder. No hubo remoción significativa de los funcionarios identificados con la corrupción y la represión. Los pocos cambios realizados fueron meros enroques: sacaban a uno malo y ponían a otro peor. El tiempo pasó y el pueblo, desesperado, anhelaba una transición genuina hacia la democracia.
El primero de agosto, Dinorah Figuera reapareció acompañada por cinco representantes de la oposición para negociar con el oficialismo desacreditado, el nombramiento de nuevas autoridades electorales, judiciales y fiscales. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se conoció la verdadera agenda: el primer punto a tratar era la atención al terremoto de La Guaira, ocurrido más de un mes después.
La pregunta que todo ciudadano consciente se hace es inevitable: ¿Qué tiene que ver esa tragedia con la transición hacia la democracia? La respuesta es clara: nada. La tragedia de Vargas corresponde al Estado y sus ministerios competentes, no a una comisión de transición política. Esta maniobra no es más que una nueva táctica dilatoria de este régimen para seguir postergando el establecimiento de un gobierno justo y libre en Venezuela.
Esta clase política ha causado un daño profundo a nuestra nación. Han expropiado, incautado bienes, robado, despilfarrado, malversado, encarcelado, torturado, asesinado y hecho desaparecer a ciudadanos inocentes. Y el gobierno tutor, Estados Unidos, el padre de las democracias en el mundo, continúa apoyando a estos mismos actores.
Venezuela, país que siempre fue amigo de la libertad y la justicia, merece una transición auténtica. Es momento de detener esta farsa. Es momento de decir: ya basta.
