Luego de que el sector empresarial del sur del estado Bolívar, especialmente del municipio Gran Sabana donde actualmente 17 empresas cementeras permanecen bloqueadas, elevara públicamente su exigencia de intervención a las autoridades ministeriales, los comerciantes afectados lograron que la Corporación Socialista del Cemento (CSC) procediera a la devolución de los cargamentos de cemento que permanecían retenidos de forma imprevista.

A pesar de esta entrega, empresarios insistieron en que dicha mercancía «nunca debió estar confiscada», puesto que los despachos ya habían sido debidamente cancelados y contaban con toda la permisología de ley para su traslado hacia la zona sur.

De hecho, el presidente de la Cámara de Industria, Producción y Comercio Gran Sabana, Jean Franco Fabi, señaló que la problemática y el descontento continúa debido a que los códigos del sistema SACPRO siguen completamente bloqueados, afectando la actividad comercial regular.

Incluso, reiteró que una situación similar también afecta a comerciantes de otras localidades como Tumeremo y El Dorado, en el municipio Sifontes.

Mercado informal

Para el gremio comercial y empresarial, la preocupación crece ante el impacto negativo que dichos bloqueos están generando en el mercado asfixiando la economía formal del sur de la entidad y dejando el control del insumo en manos de la especulación.

De acuerdo al representante empresarial, el cemento ya se estaría comercializando en el mercado informal a precio de oro. En ese sentido, cuestionó ¿a quiénes realmente beneficia la suspensión de estos canales formales de distribución?.

En ese contexto, reiteró que de mantenerse el bloqueo administrativo por parte de la corporación y los entes de seguridad, los proyectos de infraestructura comunitaria podrían quedar completamente paralizados.

Siguen apostando al diálogo

Ante la persistencia de la medida que inhabilita el sistema de distribución, el vocero empresarial señaló que continuarán agotando las vías de la concertación.

En ese sentido, anunció que una comisión de empresarios acudirá a las instancias correspondientes que han sido señaladas como las presuntas responsables de la orden de bloqueo, entre ellos la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) N° 62 Bolívar.

De acuerdo al empresario, dicho organismo no emitió una notificación por escrito ni procedimiento jurídico que justificara el bloqueo, lo que a juicio, transgrede el derecho constitucional establecido en el artículo 49 de la Constitución.

Es por ello que buscan realizar una mesa de diálogo con las autoridades militares, con la finalidad de esclarecer la situación de las supuestas investigaciones de seguridad y solicitar la reactivación inmediata de los códigos de despacho.  (Prensa Cámara de Industria, Producción y Comercio Gran Sabana)