La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió una apertura total para los medios de comunicación en Venezuela. Martha Ramos Sosa advirtió que el desbloqueo de portales será frágil sin garantías jurídicas e institucionales permanentes. La discusión sobre la libertad de expresión coloca nuevamente a la prensa en el centro de las conversaciones políticas entre el Gobierno y la oposición, en un momento en el que para la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el modelo de presiones aplicado durante 27 años contra la prensa en Venezuela se ha convertido en una especie de «catálogo» de mecanismos que, con distintas intensidades, han comenzado a reproducirse en otros países de América Latina.
Aunque la discusión sobre la libertad de expresión abre una posibilidad de revisión de las medidas gubernamentales que han limitado el acceso a la información tras 27 años de restricciones en el país, para Ramos Sosa el desafío va más allá de recuperar el acceso a determinados portales. Considera que el deterioro acumulado exige cambios que permitan reconstruir las condiciones institucionales, económicas y jurídicas necesarias para que los medios independientes puedan operar nuevamente.
“Tiene que haber cierta disposición del Gobierno. Creo que la ha habido tímidamente. Estas decisiones y estas declaraciones (desbloqueo digital y mesa de trabajo) que se han hecho este mes para volver a abrir las señales para ciertas marcas editoriales están bien, pero no se ha demostrado que esto vaya a cambiar en una estructura jurídica”, señala.
Entre el 16 y el 17 de septiembre fueron desbloqueados 18 dominios correspondientes a 15 sitios informativos, según el monitoreo de VE Sin Filtro. Sin embargo, al 21 de septiembre la organización contabilizaba todavía 177 dominios bloqueados, 72 de ellos vinculados con noticias, entre ellos El Nacional. En paralelo a estas medidas, el 18 de septiembre el Gobierno y la oposición instalaron una Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información, con un proceso de consulta, garantías y verificación de avances, que se mantuvo en sesión permanente hasta el 23 de septiembre.
Para la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, ese proceso puede representar una oportunidad, pero su resultado dependerá de que las medidas de apertura trasciendan las decisiones administrativas puntuales.
“Si no queda establecido en papel, queda frágil a que cualquier cambio de humor vuelva a echar todo para atrás. El sistema de medios ya estaba muy dañado y requerirá de decisiones fuertes para poder restablecerlo”, afirma.
Un problema que trasciende a Venezuela
La preocupación de la SIP, sin embargo, no se limita al caso venezolano [source: 3: 78]. Ramos Sosa sostiene que durante el último año la organización ha documentado un deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en distintos países del continente. Las expresiones de hostilidad desde los gobiernos, las presiones económicas, las modificaciones legales, el acoso judicial y las agresiones físicas conforman, a su juicio, un escenario que debe analizarse de manera conjunta. “Pareciera que empieza a haber un cerco de ahorcamientos”, sostiene.
Menciona como ejemplos distintos tipos de presión observados en países de la región: amenazas de retirar visas, modificaciones legales que pueden afectar a la estabilidad económica de las empresas periodísticas, intentos de establecer restricciones y censurar los contenidos, y descalificaciones públicas contra periodistas y medios. “Digo todo nuestro continente porque ya estamos hablando desde Estados Unidos para abajo. Lo hemos visto en varios países ya. No es un asunto que disminuye, es un asunto que está creciendo”, advierte.
La SIP también registra amenazas contra el periodismo que no proceden directamente de los gobiernos. En países como México, Ecuador o Colombia, la violencia del crimen organizado constituye una amenaza específica para los profesionales de la comunicación. No obstante, Ramos Sosa explica que separar completamente ambos fenómenos puede ocultar cómo se acumulan los factores de riesgo: “Yo no distinguiría desde la causa, es decir, es una causa que se concatena”.
En el caso mexicano, señala la existencia de altos niveles de impunidad y sostiene que las investigaciones sobre agresiones contra periodistas no siempre permiten establecer con claridad quién estuvo detrás de los ataques. Según su relato, en algunos casos las agresiones que inicialmente pueden atribuirse al crimen organizado también pueden involucrar a autoridades locales u otros actores.
Martha Ramos Sosa, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP
El resultado es, en consecuencia, un ecosistema en el que distintas amenazas terminan reforzándose. “Cuando un gobierno, instancia, un líder de gobierno permanentemente descalifica el trabajo periodístico, ahorca a las empresas periodísticas e insulta a los periodistas, lo que hace es debilitarnos para salir a trabajar, y nos ponen en un alto riesgo. Yo no digo que esté ligada una cosa con la otra, pero sí digo que en el ecosistema general todo abona, y se vuelve una situación muy complicada”, precisa.
Menciona, por ejemplo, que en Estados Unidos, “cuando Donald Trump empezó a criticar a los periodistas en específico, empezó a haber agresiones en la calle contra los periodistas, porque estaban muy bien ubicados” . Una situación similar ocurrió en México, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador; además, testimonios que ha registrado la SIP de reporteros en Ecuador, Costa Rica y Perú que, según indica, denunciaron sentirse amenazados después de haber sido expuestos públicamente por gobiernos. “No solo mencionarlos por nombre, a veces han dado datos personales, como su teléfono o su dirección”, añade.
Desde su perspectiva, los distintos riesgos terminan formando parte de un mismo ecosistema de vulnerabilidad, en el que los periodistas han tenido que modificar la manera en que trabajan, especialmente en zonas donde las estructuras de medios son más débiles. Ramos Sosa explica que en el caso de los periodistas que cubren al crimen organizado han desarrollado una especie de código de protección no escrito para reducir los riesgos asociados con su trabajo: “Hay como un manual no escrito”, que recoge un conjunto de prácticas que los reporteros terminan aprendiendo para reducir los riesgos.
“No vas a publicar nada que te diga, vamos a decirle, por usar un término fácil, que te diga un maloso, vas a irte nada más con versiones oficiales para que la otra parte, los malosos del otro bando no piensen que eres mensajero. No vas a mencionar por nombre a nadie porque te pones en riesgo, esas son cosas que uno va aprendiendo”, relata.
Venezuela, un “catálogo” continental
La experiencia venezolana ocupa un lugar particular en el análisis de Ramos Sosa, que la ubica, junto con Cuba y Nicaragua, como casos con estructuras de presión sobre la prensa que, aunque no son idénticas, presentan elementos similares desde hace años: bloqueos de sitios de internet, procesos judiciales, órdenes de aprehensión, salida de periodistas del país y, en el caso nicaragüense, el retiro de la nacionalidad.
“En esos extremos no se ve en otros países, pero sí se ven casos de gente que quiere salir del país en Perú, Ecuador, El Salvador”, este último, agrega, fue la nación que más periodistas registró en el exilio el año pasado.
El caso de Venezuela, sin embargo, parece servir de modelo para otros países de la región, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Durante casi tres décadas, el país fue escenario de una sucesión de medidas que terminaron debilitando el ecosistema de medios: “Parece un catálogo, es decir, se están copiando en mayor o menor medida. No sé si depende de un país con una sociedad fuerte, porque Venezuela lo era, pero son más o menos como la misma fórmula”.
La fórmula, explica, puede comenzar con ataques sistemáticos destinados a erosionar la credibilidad de los medios y avanzar hacia el acoso judicial, las presiones para retirar o encarecer una señal, las dificultades para acceder al papel, los bloqueos al trabajo periodístico, los procesos para desalojar a los medios de sus sedes, la expropiación de medios o inmuebles y, en los casos más extremos, la persecución directa de periodistas y sus familiares. “Hay un montón de elementos que vimos en Venezuela crecer, que todos alertamos en su momento, pero que cuando empezaron a reproducirse en su país siempre está este fenómeno muy natural de, bueno, pero aquí no va a pasar, hasta que pasa”, alerta.
En su opinión, la diferencia entre los países, sin embargo, no está solamente en las medidas que adopten los gobiernos, sino que también depende de la fortaleza de las instituciones capaces de ponerles límites. Utiliza como ejemplo el conflicto entre la administración de Donald Trump y medios de comunicación. Tras la decisión de restringir el acceso de tres cadenas a la Casa Blanca el pasado 18 de septiembre, los medios afectados recurrieron al Poder Judicial. “Estamos hablando de un país que tiene un Poder Judicial todavía bastante autónomo y bastante fuerte, no es el caso de nuestra América Latina”, sostiene.
La presión contra la prensa, considera, es un fenómeno multifactorial, cuya intensidad depende también de la fortaleza de las instituciones encargadas de proteger la libertad de expresión. “Cuando empiezan estas medidas que verdaderamente parece catálogo, que las están siguiendo varios presidentes de la misma manera, pues depende mucho también de un Poder Legislativo y un Poder Judicial lo suficientemente convencidos de la libertad, del valor democrático de la libertad de expresión, y no sucede en todos los casos”, señala.
A su juicio, cuando esas instituciones son débiles o se alinean con las decisiones del Poder Ejecutivo, la prensa y, por extensión, las sociedades quedan más expuestas. Frente a ello, sostiene que la protección del periodismo no depende únicamente de los medios o de sus periodistas, sino de la existencia de un sistema institucional robusto que funcione, con poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo comprometidos con preservar un sistema democrático y plural.
Ramos Sosa advierte de que el debilitamiento de las instituciones democráticas también puede producirse de manera gradual, a través de reformas y cambios que, acumulados, reducen los contrapesos al poder. Al comparar distintos casos de la región, señala: “Cuando empiezas a ver casos como Venezuela, que se fue debilitando con una elección y otra reelección y otra reelección, o el caso de México, que empiezan a desaparecer institutos autónomos y que de repente hay una reforma para cambiar el poder judicial y se vota por jueces que no tienen experiencia, entonces estás viendo un debilitamiento de la estructura democrática del país”.
A título personal, valora la reelección como un “debilitamiento” de las democracias: “Un sistema que va presionando reelección tras reelección tras reelección, como sucedió en Venezuela, como está sucediendo en El Salvador y como ahora sucederá hasta el fin de los tiempos en Nicaragua, pues debilita un esquema democrático”.
Un efecto acumulativo
En Venezuela, ese deterioro institucional ha tenido consecuencias sobre toda la estructura de medios. La SIP ha documentado al menos 297 emisoras cerradas entre 2003 y 2023, más de 100 periódicos desaparecidos desde 2013 y decenas de sitios informativos bloqueados. Para Ramos, reconstruir ese ecosistema requerirá de un proceso mucho más complejo que levantar determinadas restricciones técnicas. “Hay que tomar decisiones fuertes para poder restablecerlo”, afirma.
Aunque considera que los pasos adoptados a mediados de septiembre constituyen señales que deben ser observadas, insiste en que todavía no representan una modificación estructural: “Creemos que las decisiones que se han tomado en las últimas semanas son buenas, pero tienen que quedar establecidas en papel”.
La diferencia entre abrir un portal y garantizar el derecho a la información es, para la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, uno de los puntos centrales del actual proceso. “Yo creo que lo técnico acompaña a las decisiones políticas de gran envergadura”.
En su opinión, levantar el bloqueo de un portal es apenas la consecuencia técnica de reconocer previamente el derecho a acceder a la información: “Lo técnico ya es secundario. Cuando uno garantiza la libertad de expresión, dices: ‘ah, bueno, para que este portal pueda funcionar, levanten el switch, ya’. O para que un periódico siga imprimiendo, vuelva a dejar entrar el papel”.
Por ello considera que primero debe existir una garantía jurídica y después ejecutar las medidas técnicas necesarias para hacerla efectiva: “Debería haber un acuerdo escrito, una legislación o una adenda para garantizar plenamente el acceso a la libertad de expresión”. El objetivo, continúa, es evitar que el acceso a la información quede sujeto a decisiones coyunturales: “Yo espero que estas pláticas, que apenas se registraron, terminen en algo mucho más formal. De tal suerte que no quede al contentillo ni al humor de nadie”.
¿Qué debería contener un acuerdo?
Si las conversaciones actuales desembocan en un acuerdo sobre libertad de expresión, Ramos Sosa estima que el punto de partida debería ser una apertura amplia. “Desde nuestro punto de vista, una apertura total, es decir, una garantía total de que otra vez todos los medios de comunicación pueden seguir trabajando en Venezuela”, plantea.
Reconoce, sin embargo, que una recuperación completa podría producirse de manera gradual. Lo importante, continúa, es que esa gradualidad responda a criterios públicos y verificables y no a decisiones discrecionales sobre qué medio recupera primero el acceso: “Para que haya una verdadera apertura o un verdadero compromiso con la libertad de expresión, sí debería ser algo mucho más democrático, mucho más abierto”.
La alternativa, plantea, podría ser un modelo de registro transparente que permita conocer qué medios funcionan, cuáles permanecen restringidos y bajo qué criterios. El problema, insiste, es que cuando las autoridades deciden individualmente qué portales desbloquear y cuáles no, detrás de esa selección existe una decisión política.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP considera que la comunidad internacional tiene ahora una oportunidad para acompañar el proceso venezolano. Menciona el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y considera que el contexto actual ha permitido que más actores internacionales presten atención a lo que ocurre en Venezuela: “A partir de los sucesos en los últimos meses en Venezuela, sí hay más ojos internacionales que ven la posibilidad de cambio”.
A su juicio, esa atención puede traducirse en presión para que las conversaciones produzcan garantías permanentes. La organización, explica Ramos Sosa, continuará haciendo seguimiento a las decisiones y coordinándose con otros organismos de defensa de la libertad de expresión. “Nos encantaría saber si en algún momento estas pláticas se atoran por el motivo que sea para volver a denunciarlo”, afirma. La intención, continúa, es evitar que un eventual retroceso pase inadvertido: “Cada vez que hay algo que se atora o que vuelve a dar pasitos para atrás, se haga público, la gente lo sepa y no sea tan fácil frenar ese camino”. (EN)
