Ramón Peña
El seis de diciembre de 2015, con firmeza y autoridad, el señor Ministro de la Defensa exigió respetar los resultados electorales cuando se anticipaba una mayoría abrumadora favorable a los candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional. Fue una exhortación oportuna que disuadió una avisada amenaza de desconocer el escrutinio y movilizar grupos irregulares en acciones callejeras. Una acción valorada como el correcto proceder de un soldado de la República, respetuoso de la voluntad mayoritaria.
Hoy está en juego la institucionalidad del país. La ocupación usurpada e inconstitucional de Miraflores es una transgresión irrefutable. Rechazada por 85% de los venezolanos y objeto de un repudio mundial inédito por su dimensión. Quienes faltos de argumento y de apoyo político, pretendan utilizar a la Fuerza Armada como ultima línea de defensa, incurrirían en una apuesta criminal que aventuraría un enfrentamiento cruento entre coterráneos.
Dudamos que predomine en nuestra oficialidad voluntad para sostener un régimen inconstitucional. Percibimos que nuestra Fuerza Armada observa atenta, a distancia, esperando un pronto desenlace, que rompa el marasmo que origina las penurias materiales, de las cuales también son víctimas los propios militares de todas las jerarquías y sus familiares.
Demorar la reinstitucionalización del país es profundizar una hiperinflación proyectada al infinito bajo un régimen sin una sola propuesta de solución; es mantener un sistema de salud para la muerte y la desesperanza y muy poco para la vida; es acrecentar una generación de niños desnutridos, sin futuro por su menguado cerebro, es ahondar un terrible drama humanitario.
Por la complejidad de cuánto hay que hacer para devolverle al país paz, orden y progreso, será crucial la participación de nuestra Fuerza Armada en un urgente proceso de transición.
Una vez más, como lo hizo en 2015, tiene la oportunidad el señor Ministro de hacer fehaciente su lealtad a la Constitución Nacional, concordante con la voluntad de la inmensa mayoría.
