El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, manifestó este miércoles el respaldo absoluto de la administración Trump al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ante la ola de protestas y bloqueos que paralizan al país andino.
El jefe de la diplomacia estadounidense lanzó una estricta advertencia internacional, asegurando que Washington empleará los mecanismos necesarios para impedir que el orden democrático boliviano sea quebrantado.
«Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente», manifestó Rubio a través de un comunicado en redes sociales, alineando la posición de la Casa Blanca con la defensa de las instituciones frente a amenazas transnacionales.
El origen de la inestabilidad civil se remonta a dos semanas, cuando sindicatos, federaciones cocaleras y movimientos campesinos leales al expresidente Evo Morales iniciaron un despliegue de protestas masivas.
Los manifestantes exigen de forma directa la renuncia del presidente centroderechista –quien asumió el mandato el 8 de noviembre tras romper con dos décadas de hegemonía socialista–, sumando reclamos generales por el incremento de los salarios, el desabastecimiento crónico de carburantes y la urgencia de reformas legales en favor de sus sectores.
La presión en las calles ha provocado una grave asfixia logística. El departamento de La Paz, centro de la actividad gubernamental y legislativa, permanece incomunicado por vía terrestre debido a barricadas y bloqueos de carreteras en puntos estratégicos de la red vial fundamental, lo que ha desatado episodios de desabastecimiento de alimentos, escasez de combustible e interrupciones en el suministro de insumos médicos para los hospitales.
Ante la gravedad del escenario, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, intervino este miércoles por videoconferencia en una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Aramayo denunció ante la comunidad hemisférica que los sectores radicales, bajo el mando de Morales, orquestan una estrategia de desestabilización que busca consolidar un golpe de Estado contra Paz.
El conflicto interno ha escalado al plano internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano ordenó la expulsión inmediata de la embajadora de Colombia en La Paz, detonando una fuerte crisis diplomática.
La administración de Rodrigo Paz justificó la medida por considerar que el mandatario colombiano Gustavo Petro incurrió en un acto de «injerencia inaceptable» al emitir opiniones públicas en las que calificó las violentas movilizaciones sindicales en Bolivia de legítima «insurrección popular». (EN)
